So pretexto de una presunta austeridad que luego no se compadece con otros dispendios más o menos ocultos, determinados gobiernos autonómicos del PP están aprovechando esa coartada para sacudirse de encima o, en su defecto, desactivar todo lo posible, aquellas
instituciones encargadas de fiscalizar la gestión pública, canalizar la participación social o garantizar los derechos ciudadanos.
instituciones encargadas de fiscalizar la gestión pública, canalizar la participación social o garantizar los derechos ciudadanos.
El caso más descarado es el de Castilla-La Mancha, donde aprovechando que el Tajo pasa por Toledo, María Dolores de Cospedal se ha cargado ya el Consejo Económico y Social (CES) y el Defensor del Pueblo. Y con el argumento de que sus funciones las pueden asumir el Consejo de Estado y el Tribunal de Cuentas, en otras comunidades también se han visto cuestionados el Consejo de Cuentas y el Consejo Consultivo.
En Castilla y León ocurre que todas esas instituciones están reconocidas en el Estatuto de Autonomía, razón por la cual el PP no se ha podido plantear su supresión. Lo que sí ha emprendido es una serie de reformas que, bajo la excusa de la austeridad, conducen a achicar al máximo su papel, ello en claro detrimento del interés público que representan. Y pese a que un ciego vería que el verdadero móvil que mueve a la Junta es el de neutralizar cualquier control que se interponga en su camino, el PSOE se está prestando increíblemente a esa maniobra.
El primer paso fue la reducción de los miembros electivos de los Consejos Consultivo y de Cuentas. Ya me contarán a mí el ahorro que supone para el Consultivo la reducción de cinco a tres consejeros frente a los cerca de 10 millones que se ha gastado la Junta en su nueva sede.
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| Pilar del Olmo |
Más allá de la vertiente económica, el PP ha aprovechado el proceso de renovación del Consejo de Cuentas para situar en su presidencia precisamente al procurador del grupo popular encargado de exculpar a la Junta de las reconvenciones de que hasta ahora venía siendo objeto en los informes de fiscalización emitidos por dicho organismo. Lo mismo que poner al lobo al cuidado de las ovejas. Además de procurador del PP, Jesús Encabo, era miembro del ilustre Banco de Pensadores promovido por el consejero de la Presidencia, selecto club al que, oh casualidad, también pertenecía uno de los nuevos miembros del Consejo Consultivo, Fernando Rey, asesor que fué del grupo popular de las Cortes durante la última reforma del Estatuto de Castilla y León.
Por su parte, el Procurador del Común, al que ahora quieren dejar sin adjunto, ha designado antes como asesor al ex procurador leonesista Joaquín Otero, cuya contratación se ha interpretado -a mi juicio con harta lógica- como pago a los servicios prestados al PP desde el grupo mixto de las Cortes a raíz de su expulsión de la Unión del Pueblo Leonés.
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| José Luis Díez Hoces |
Pero el gran objetivo a batir es el actual presidente del CES, José Luis Díez Hoces, cuyo mandato concluye en principio el próximo mes de diciembre. La independencia del CES y el rigor con el que emite sus informes nunca los ha digerido bien la Junta, especialmente las consejerías de Hacienda y Presidencia, cuyos titulares se distinguen por actuar con una desmedida ansía de poder. Y quieren colocar a un presidente a ser posible tan bizcochable como el del Consejo de Cuentas.
Dentro de esa estrategia se inscribe la operación de acoso y derribo que ha sufrido Díez Hoces por parte de determinado medio de comunicación, una bochornosa campaña plagada de medias verdades y mentiras enteras en torno a su gestión. Pese a tan infame agresión, el todavía presidente del CES ha aguantado el tipo y no ha renunciado a su posible reelección, para la que en principio cuenta con el respaldo de la inmensa mayoría de las organizaciones representadas en la institución. Si éstas apuestan por su continuidad, veremos como sale Juan Vicente Herrera del embrollo -uno más- provocado por el insaciable dúo de consejeros antes aludido.