La Ley Montoro, un bumerán contra la Junta

 Si nada lo remedia, esta semana quedará definitivamente aprobada la llamada Ley de Racionalidad y Sostenibilidad Local, mas conocida como la reforma local de Montoro. Una Ley que, so pretexto de un supuesto ahorro absolutamente inexistente, vacía de contenido a la inmensa mayoría de los ayuntamientos españoles, pone en serio riesgo de desaparición a las entidades locales menores y sus juntas vecinales y deja en una inquietante nebulosa la continuidad de los actuales servicios municípales de proximidad, especialmente en el medio rural.

Por albergar a la cuarta parte de los municipios españoles (todos ellos, excepto 15, de menos de 20.000 habitantes) y al 60 por ciento de todas las entidades locales menores (juntas vecinales), Castilla y León está condenada a ser la gran damnificada por esta Ley, que conlleva dos objetivos estrechamente unidos: La privatización de los servicios municipales y la potenciación de las Diputaciones provinciales, estas últimas llamadas a tutelar y adjudicar competencias básicas hasta ahora ejercidas libremente por los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.

Juan Vicente Herrera y Cristóbal Montoro

  Después de haber hecho “casus belli” contra la reforma Montoro, a última hora han bastado unas enmiendas que no cambian nada sustancial -y lo que, es peor, dejan en un peligroso limbo la responsabilidad última de las llamadas competencias impropias en materia de educación, sanidad y servicios sociales- la Junta ha dado por buena una reforma cuya aplicación va a resultar letal para la democracia municipal y la vida local. Como ya señalamos hace días, la ambigüedad sobre la financiación de dichas competencias ha proporcionado coartada para salvar la cara todos los sectores del PP que estaban enfrentados en torno a la Ley Montoro. Todos salen del paso cerrando en falso un problema que en realidad simplemente va quedar aplazado. 

 Sin embargo, al transigir de la forma que lo ha hecho ante la Ley Montoro, la Junta ha situado al borde de la ruptura el trabajoso consenso alcanzado con el PSOE sobre la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, la llamada “ordenación territorial” de Castilla y León. El mas elemental sentido común aconsejaba aplazar esta Ley Autonómica hasta la aprobación de la “reforma local” estatal, que, al tratarse de una legislación básica del Estado, prevalece sobre la anterior. Pero el gobierno de la comunidad se obstinó en adelantarse, aprobando el pasado verano, previo pacto con el PSOE, una “ordenación territorial” cuya colisión con la Ley Montoro era más que evidente. Y ahora vienen las consecuencias.

Vecinos de Revenga (Segovia)

 El PSOE va a recurrir la reforma local estatal ante el Tribunal Constitucional y además insta a la Junta a que haga lo propio, considerando que la misma  supone un atentado a la autonomía local y abre la puerta a la privatización o desmantelamiento de los servicios municipales, además de invadir asimismo competencias de la comunidad autónoma. Los socialistas de Castilla y León -y así puede leerse en las 200 propuestas presentadas en su ultimo comité autonómico- defienden la personalidad jurídica y continuidad de las entidades locales menores, no aceptan que las Diputaciones incrementen competencias “a costa de los municipios” y rechazan “toda reducción de servicios básicos en el medio rural”. Todo lo cual es algo que se veía venir a distancia y ante lo que la población rural ha comenzado a rebelarse secundando la campaña "Este pueblo no se vende".

 “Si la reforma local se prueba como está, va a ser muy difícil acordar el mapa de servicios de la comunidad”. Se lo dijo así de claro el portavoz socialista, Óscar López, al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, la pasada semana en las Cortes. Se estaba refiriendo López al “mapa de unidades de ordenación de servicios del territorio”, que ha de ser aprobado mediante otra ley autonómica con mayoría cualificada de dos tercios, lo que requiere el apoyo del PSOE. Y este pasado domingo en un acto celebrado en León fué todavía más rotundo, advirtiendo a la Junta que "o denuncia la reforma local o que se olvide de pactar servicios con el PSOE en Castilla y León".

Óscar López

López, que fue el gran valedor de ese acuerdo, no ha hecho mas que hacerse eco de la opinión existente entre los socialistas de la comunidad.
 El secretario provincial de Burgos, Luis Tudanca, ha sido mas explicito, señalando que si la ley Montoro se aprueba como está, propondrá que el PSOE rompa el pacto sobre la “ordenación territorial” con la Junta. “No puede ser que se firmen acuerdos protegiendo los intereses y singularidades de Castilla y León y después les traicionen doblegándose y arrollidandose a los mandatos del PP en Madrid”, ha dicho Tudanca.

  Así las cosas, la Ley Montoro puede convertirse en un bumerán contra el gobierno Herrera, al hacer inviable la Ley de Servicios, Ordenación y Gobierno, su proyecto mimado y por el que ya ha venido pagando no pocos peajes políticos. Pero lo peor es que el solapamiento de ambas leyes ha multiplicado la incertidumbre que ya causaba cada una de ellas por separado. Salvo en los municipios de más de 20.000 habitantes, que son los únicos a salvo, el desconcierto de los ayuntamientos y de las entidades locales menores es absoluto.  Nadie sabe que va a ser de las funciones, servicios y competencias que prestan, ni mucho menos de su ingente patrimonio comunal, seriamente amenazado de expolio. 

Todo esto cuando acabamos de saber que Castilla y León ha perdido casi 11.000 habitantes en el pasado semestre, dato que se ajusta a unas previsiones demográficas que indican que dentro de 10 años seremos 195.000 castellano-leoneses menos que ahora.

elblogdepedrovicente@gmail.com    16-12-2013