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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

jueves, 12 de diciembre de 2013

Ni se dan por aludidos

Han pasado casi 48 horas desde que se supo que el Tribunal Constitucional ha anulado la Ley que permitió a la Junta perpetrar la llamada Ciudad del Medio Ambiente de Soria y no existe el menor asomo de que alguien vaya a presentar su dimisión ante semejante desaguisado. No cabía esperar otra cosa en un país en el que asumir responsabilidades políticas renunciando a un cargo público se considera casi una anomalía democrática. Pero lo menos que se podía esperar a estas alturas de hartazgo ciudadano es que algún responsable del fiasco se dignara en pedir disculpas. En primer lugar, por haber vulnerado derechos fundamentales. Después, por haber urbanizado ilegalmente un espacio natural, con el agravante de que el promotor era la propia administración encargada de preservarlo. Y por último, por los cerca de 50 millones de euros de dinero público dilapidados en esa desventura. Pues ni siquiera para eso nadie se da por aludido.


Juan Vicente Herrera y María Jesús Ruiz
 Es cierto que la gran abanderada del proyecto fue la ex vicepresidenta de la Junta y ex consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, hoy titular de un escaño en el Senado en representación de la comunidad autónoma. Es evidente que tendría que ser la primera en abandonar cualquier responsabilidad publica. Pero Ruíz  no es la única responsable. Lo son los procuradores del grupo popular que aprobaron esa Ley y lo es de forma colegiada el gobierno de Juan Vicente Herrera que dio luz verde y ha ido autorizando las obras que hoy invaden el soto de Garray. No cuela lo de cargar en exclusiva todo el marrón a la antigua vicepresidenta.

 Desde luego es inconcebible que permanezca en su puesto el antiguo viceconsejero y actual director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez Blázquez, que era y sigue siendo el consejero-delegado de Somacyl, la empresa pública que se ha encargado de gestionar el proyecto y adjudicar las obras. Aunque de menor cuantía, Somacyl y Jiménez Blázquez ya tenían en su haber otro fiasco sonado: el desplome que sufrió el pasado mes de marzo la pasarela de los Cuestos de la Mota, en Benavente, episodio sobre el PSOE solicitó una comisión de investigación que ha sido vetada por el PP. (En los casi 13 años que lleva en el cargo el actual presidente de la Junta, el grupo parlamentario popular ha vetado, una tras otra, todas y cada una de las comisiones de investigación solicitadas por la oposición. La siguiente será la que piensa solicitar el grupo socialista a raíz de esta sentencia).

 
Vertedero industrial de Santovenia de Pisuerga
Es la segunda vez en lo que va de año que el Tribunal Constitucional constata el uso abusivo que ha venido haciendo el PP de esa mayoría parlamentaria, utilizada torticeramente para aprobar leyes a la carta con las que eludir la legislación urbanística y medioambiental. Ha sido el “modus operandi” seguido en unas ocasiones  para sacar adelante proyectos conflictivos -caso de los vertederos de Gomecello y Fresno de la Ribera- y en otras para intentar legalizar a posteriori obras ejecutadas vulnerando la legalidad. 


De hecho, la técnica se ideó y estrenó para sortear la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la licencia concedida al vertedero de residuos industriales de Santovenía de Pisuerga, contratiempo que se salvó promoviendo una ley “ad hoc” que en junio pasado fue declarada inconstitucional. (Resolución ésta del Alto Tribunal que a fecha de hoy no ha tenido efecto alguno, ya que el vertedero de Santovenia sigue abierto ante la negativa del ayuntamiento a clausurarlo. Así lo acaba de denunciar IU subrayando la paradoja de que el alcalde socialista se haya desmarcado en la práctica de una sentencia obtenida gracias al recurso de inconstitucionalidad promovido en su día por el PSOE).

 Veremos que subterfugios legales busca ahora la Junta para “indultar” el engendro que es la Ciudad del Medio Ambiente, cuyo edificio emblemático, la Cúpula, se encuentra paralizado por decisión del Consejo de Gobierno adoptada a finales de abril, casualmente unos días antes de que el Tribunal Superior de Justicia declarara nula la licencia concedida por el ayuntamiento de Garray. El presidente de la Diputación, Antonio Pardo, a la sazón secretario provincial del PP soriano, ya ha instado a la Junta “a buscar fórmulas legales para enderezar el proyecto”.

Del Olmo, De Santiago-Juarez y Herrera en las Cortes
 Los 50 millones de euros enterrados a orillas del Duero se dan de bruces con el discurso de la austeridad en el gasto público desplegado a bombo y platillo por la Junta. Precisamente la sentencia se ha conocido el mismo día en el que el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, anunciaba en las Cortes un conjunto de 66 medidas encaminadas a adelgazar y agilizar la Administración Autonómica. Unas medidas que en conjunto supondrían un ahorro cuantificado en unos 40 millones de euros, 12,6 de los cuales -ojo al dato- saldrían de una reorganización de la Gerencia Regional de Salud. 40 millones de euros vienen a ser poco más que el 0,4 por ciento del Presupuesto de la Comunidad previsto para 2014. Mucho ruido para tan pocas nueces.

Lo mismo que la reestructuración del sector público de la comunidad -nominalmente reducido en un 50 por ciento-, cuyo ahorro se cifra en 18 millones de euros. Sin duda una cifra muy estimable, pero muy alejada de los centenares de millones de euros de deuda -350 solamente ADE Parques- que arrastra todo ese tinglado de empresas, fundaciones y entes públicos, donde hasta hace nada ha imperado a sus anchas el despilfarro y el enchufismo.