jueves, 19 de diciembre de 2013

Montoro cede y presta un balón de oxigeno a la Junta

 Una enmienda introducida “in extremis” el pasado martes en el Senado permitirá sobrevivir a las  3.645 entidades locales menores (juntas vecinales) existentes en España, hasta el último momento amenazadas por la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad Local, la conocida Ley Montoro. Dicha enmienda, que garantiza la personalidad jurídica propia de dichas entidades, ha resultado providencial para ellas mismas y para la Junta de Castilla y León, que de esta forma salva uno de los principales escollos que se interponían en la aplicación de la “ordenación territorial” de la comunidad pactada con el PSOE.


Intervención de Montoro ante el pleno del Senado
 Las juntas vecinales constituyen instituciones de representación local especialmente arraigadas en Castilla y León, donde se concentran 2.226 de las 3.375 existentes en toda España. Durante siglos han administrado en régimen de concejo abierto su patrimonio común, contribuyendo sin coste añadido alguno a estructurar socialmente el vasto territorio de esta comunidad. 
La Ley Montoro las despojaba de su personalidad jurídica y amenazaba su existencia, ya que, incluso teniendo saneadas sus cuentas, podían ser disueltas si el ayuntamiento matriz al que están adscritas incumplía los principios de estabilidad presupuestaria exigidos a los municipios. Un auténtico atropello democrático que por otra parte pondría en proceso de almoneda su valioso patrimonio.

 El pasado lunes comentábamos aquí que el PSOE de Castilla y León había advertido a la Junta de que si la Ley Montoro se aprobaba en los términos previstos hasta ese momento, el consenso sobre la “ordenación territorial” de Castilla y León podía quedar en papel mojado. Y en esto no había diferencias de fondo entre el portavoz socialista en las Cortes y secretario federal de Organización, Óscar López, y el secretario autonómico, Julio Villarrubia.  No era de recibo que los socialistas avalaran el “mapa territorial de servicios” pendiente de pactar con la Junta al mismo tiempo que la Ley Montoro se constituía en permanente espada de Dámocles sobre las 2.226 juntas vecinales de Castilla y León.

 La advertencia no cayó en saco roto y la Junta de Castilla y León, por la cuenta que le traía, se aplicó a fondo hasta conseguir que en el último momento Montoro diera su brazo a torcer, accediendo a que el  Senado “indultara” en el último momento a las entidades locales menores.
Óscar López y Julio Villarrubia
 Una marcha atrás con la que el gobierno Herrera obtiene un balón de oxigeno para mantener vivo el pacto que tanto le costó conseguir sobre la Ley de Ordenación. Servicios y Gobierno del Territorio. Tras los últimos retoques introducidos en el Senado, el texto definitivo que aprueba hoy el Congreso satisface por completo las aspiraciones de la Junta. No así las del PSOE, que sigue manteniendo su rechazo global a una Ley que piensa recurrir ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, pese a las diferencias, no cabe duda de que el “indulto” a las juntas vecinales enfría mucho la amenaza socialista de romper el consenso sobre la ordenación territorial y su mapa de servicios.

Mientras en Madrid se despachaba la Ley Montoro, en las Cortes de Castilla y León el PP ha aplicado su rodillo parlamentario para aprobar la Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2014. Los Presupuestos de la Junta salen del “mausoleo” prácticamente como entraron hace dos meses, incorporando solamente siete de las 2.148 enmiendas presentadas por los grupos de la oposición durante su tramitación parlamentaria. Seis de esas siete enmiendas corresponden a la Consejería de Familia, que, tras ver reducido su Presupuesto en 6 millones de euros respecto a 2013, dotará con un millón de euros más el conjunto de medidas urgentes destinadas a paliar el estado de necesidad del creciente colectivo de personas y familias en dificultades económicas.

 Los 9.957 millones de euros en los que se han cuadrado las nuevas cuentas suponen en teoría un incremento presupuestario tras cuatro años consecutivos de reducción. Pero el dato es completamente engañoso, ya que ese incremento viene obligado por el elevado coste de la deuda, que, entre intereses y amortización, se va a comer en 2014 la friolera de 1360 millones de euros, un 13,66 por ciento de los ingresos presupuestados.

La consejera de Hacienda durante un pleno de las Cortes
En los últimos cinco años la Junta ha ido enjugando el desfase entre gastos e ingresos a base de emitir deuda publica, lo que ha disparado dicho capitulo desde los 2.608 millones alcanzados al cierre de 2008 a los 8.108 registrados a fecha de 31 de octubre pasado. Con ello se ha salido de madre  una carga financiera -esos 1.360 millones antes señalados, un 59,20 por ciento superior a la de 2013- que se ha constituido en el gran lastre presupuestario de la Junta.

 Tenemos así que en 2014 la consignación presupuestaria global de las Consejerías vuelve a caer por cuarto año consecutivo y con ella el volumen de recursos destinados a gasto social, que retrocede en otros 52 millones de euros. Mientras Educación consigue mantener el Presupuesto de 2013 (inferior en 422 millones al que tenía en 2010), Sanidad pierde otros 46 millones y Familia los 6 antes mencionados.

Un Presupuesto continuista en la misma línea “austericida” de los cuatro anteriores que, pese a mantener una previsión de crecimiento del 0,7 por ciento, contempla un incremento de la tasa regional de desempleo. Dato éste que en absoluto se compadece con el mantra oficial de que estamos saliendo de la crisis e iniciando la senda de la recuperación económica.

Dicho lo cual, imbuido ya por el entrañable espíritu de las próximas  fechas, el que suscribe decide abrir un paréntesis durante el inminente calendario navideño. “El topillo” no se resigna a tanta vacación y se reserva el derecho de irrumpir en escena cuando lo considere oportuno.