El expolio de las Cajas (XXIII): Todo atado para entregar a Unicaja los restos del naufragio

 El proceso de almoneda de las antiguas cajas de Ahorro entra en su recta final al agotarse el plazo -prorrogado en dos ocasiones- para que los teóricos dueños del arruinado banco CEISS (Caja España-Caja Duero) decidan si aceptan la oferta de adquisición lanzada a primeros de diciembre por la andaluza Unicaja.

Carrascosa, director del FROB

 A una semana de que venza dicho plazo, el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), que en la práctica tiene intervenido al CEISS, ha intensificado su ofensiva para doblegar la resistencia de los antiguos titulares minoristas de participaciones preferentes y deuda subordinada, la mayor parte de los cuales no han pasado por el aro de aceptar las condiciones de esa operación. 

Unicaja fijó como requisito que el 75 por ciento del capital asociado a esos productos híbridos -que el CEISS reconvirtió en bonos con una quita de hasta el 60 por ciento- aceptaran el canje propuesto. Un trueque que conlleva el riesgo de nuevas quitas y la imposibilidad de rescatar parte del dinero hasta que el banco andaluz no salga a Bolsa. Con una claúsula previa: la aceptación de la oferta conlleva la renuncia expresa a mantener o emprender cualquier reclamación por la vía judicial.

 Los llamados inversores institucionales -titulares de aproximadamente la tercera parte de los cerca de 1.200 millones de los bonos del CEISS- han abrazado la oferta de Unicaja. No tenían otra opción, ya que ellos no pueden recurrir a los tribunales diciendo que les dieron gato por liebre. Y además Unicaja les ofrece tipos de interés mucho mas atractivos. Harina de otro costal son los más de 30.000 clientes minoristas de las antiguas Cajas que en la inmensa mayoría de los casos se consideran engañados, al haber suscrito esos productos de alto riesgo creyendo que se trataban de los tradicionales depósitos de ahorro.

 Pese al mal llamado “arbitraje” que se sacó de la manga el FROB para apoyar la oferta de Unicaja, a falta de una semana se estima que tan solo un 30 por ciento de los antiguos preferentistas (los titulares de unos 240 millones de euros) han aceptado el canje de la entidad andaluza. 

Pese a que no firmen, Unicaja absorberá el CEISS

El resto, siguiendo las recomendaciones de las plataformas de afectados y de las asociaciones de consumidores, han rechazado la oferta y siguen apostando por la vía judicial. No les convencen las condiciones ofrecidas por Unicaja ni se fían del interesado “arbitraje” del FROB ni del simulador habilitado por el organismo para persuadirles de que no les compensa ni conviene reclamar judicialmente. (Veáse el comunicado conjunto emitido este domingo por las plataformas de afectados)

Para alcanzar el requisito del 75 por ciento sería necesario que en esta última semana se adhirieran a la oferta otro 35 por ciento los minoristas (los titulares de otros 280 millones), algo que a estas alturas se considera materialmente imposible. Sobre todo después de que Unicaja, tras amenazar con querellarse contra las asociaciones y bufetes que han calificado de “engañosa” su oferta, haya rechazado la invitación de las plataformas de afectados a negociar un acuerdo bajo otras condiciones mas digeribles para los antiguos preferentistas.

Si no se alcanza dicho requisito, formalmente la operación habría fracasado y el FROB procedería a “nacionalizar” el CEISS simplemente convirtiendo en acciones los 605 millones que hubo de inyectar el pasado año en forma de bonos convertibles para dotar al banco de la solvencia exigida por la Unión Europea. En ese supuesto, tras completar su saneamiento con otra morterada de dinero publico, el CEISS sería adjudicado mas tarde mediante subasta como ha ocurrido recientemente con  Novacaixa Galicia.

Braulio Medel

Pero es un secreto a voces que hay plan B. Y consiste en que el banco que preside Braulio Medel se haga cargo del CEISS aunque los bonos canjeados no alcancen ese mínimo de los 900 millones previstos. Ello a cambio de que el FROB se “subrogue” en el problema de los bonos minoristas no canjeados y de sus eventuales reclamaciones judiciales, cuyo coste será en todo caso inferior a los 800 millones de euros en los que el propio organismo publico estima el coste la “nacionalización”. 
De ahí la intensa campaña del FROB en apoyo de la oferta de Unicaja, ya que cuantos mas minoristas la acepten, menos dinero tendrá que aflojar para evitar la “nacionalización”. Tras los 525 millones prestados para financiar la fusión entre Caja España y Caja Duero y los 605 del rescate europeo, dicha “subrogación” constituiría la tercera aportación de dinero público para cubrir el agujero financiero creado por las que fueran las dos principales cajas de Castilla y León.

 En ese plan B confía también la Junta de Castilla y León, que pretende vender la absorción del ruinoso CEISS por Unicaja poco menos que como el resurgimiento del quimérico músculo financiero de la comunidad, enmascarando su manifiesta responsabilidad política en el monumental fiasco en que ha devenido la fusión de Caja España y Caja Duero, precisamente las dos únicas cajas que se plegaron dócilmente a las directrices del gobierno de Juan Vicente Herrera.

Escribano y  Soto antes de un Consejo de Caja Segovia

 Comienza el desfile judicial en Caja Segovia.- Entretanto, el ex presidente de Caja Segovia, Atilano Soto, y los otros cuatro miembros del comité de de retribuciones de la antigua caja declaran a partir de hoy como imputados ante el Juzgado de Instrucción numero dos de Segovia.

Su imputación y la del resto del Consejo de Administración fue solicitada por la fiscalía el pasado mes de noviembre, casi dos años después de que UPyD denunciara la presunta ilegalidad de las millonarias indemnizaciones (unos 35 millones de euros) con las que se despidieron de la entidad el director general, Manuel Escribano, y otros siete directivos. Dos de ellos, el propio Escribano, quien se aseguró una indemnización próxima a los 15 millones, y el que fuera secretario general Antonio Tapias, formaban parte del comité de retribuciones y en esa condición están citados a declarar.

Tras esta primera ronda, queda por ver si el juez amplia la imputación y llama a declarar a los demás miembros del Consejo de Administración sobre los que tiene jurisdicción, que son 12 de los catorce, ya que dos de los antiguos consejeros -un procurador de las Cortes y un senador-  son aforados.

elblogdepedrovicente@gmail.com    13-1-2014