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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

lunes, 27 de enero de 2014

¿Recuperación?: Está por ver que hayamos tocado fondo...

 No parece que la Convención Nacional del PP prevista el próximo fin de semana en Valladolid le llegue a Juan Vicente Herrera en su momento político más dulce. En los últimos días ha sufrido serios contratiempos tanto en el ámbito del partido como en el de la Junta, dos de los cuales, para mayor contrariedad, han procedido de Burgos, su provincia de origen y por la que ocupa el escaño parlamentario imprescindible para presidir el gobierno de la comunidad.


 Mientras colea, y lo que te rondaré, el conflicto de Gamonal -en cuya desastrosa gestión política alguna responsabilidad cabe atribuir al presidente del partido en Castilla y León-, acaba de conocerse el expediente abierto por la Comisión Europea por presuntas irregularidades en el procedimiento de contratación y financiación del Hospital de Burgos.
Juan Vicente Herrera y Mariano Rajoy 
 Según informaba ayer la Cadena SER, la Dirección general de Mercado Interior y Servicios de la UE investiga la presunta vulneración de varias directivas europeas y en particular la normativa en materia de competencia. En su momento auguramos aquí que la sombra del Hospital de Burgos le va a perseguir a Herrera durante mucho tiempo.

 Aunque el peor revés (no para su presidente, sino para la comunidad) radica en los demoledores datos de la última EPA, que ponen en duda que aquí la crisis haya tocado fondo. Si en el conjunto de España, la cacareada recuperación económica sigue siendo un espejismo, en Castilla y León no hay base ni siquiera para esa ilusión óptica.

 En 2013 el número de ocupados ha descendido en la comunidad de 919.100 a 887.500, lo que equivale a decir que se han destruido 31.600 empleos, un 3,44 por ciento. Y el numero de parados ha aumentado en 10.000 (un 4,17 %), elevando la tasa regional hasta el 22,03. La horquilla entre la tasa regional y la tasa nacional, que hace dos años era de 5,7 puntos, ahora lo es tan solo de 4 y ya hay una provincia, Ávila, que la supera (26,25) y otra, Zamora, con la tasa de actividad mas baja en toda España.

El dato es acorde con la destrucción del tejido empresarial a que hemos seguido asistiendo durante 2013, año en el que han echado el cierre 1.776 empresas cotizantes a la Seguridad Social. Tras ello, el número de empresas activas en Castilla y León ha quedado reducido a 65.350, el mas bajo desde el año 2.001. En 2007 ese censo era de 77.885, lo que significa que en los últimos seis años han causado baja en la Seguridad Social nada menos que 12.535 empresas de esta comunidad.  Y 2013 tampoco ha concluido mejor para los autónomos, cuyo censo ha descendido en la comunidad en otros 714. Ahora son 201.023, casi un 10 por ciento menos de los 223.196 que se contabilizaban en mayo de 2.008.

Pilar del Olmo y Tomás Villanueva
Con semejante panorama no sorprende el reciente sondeo publicado por la revista  “Castilla y León, económica", en el que por primera vez los empresarios castellano-leoneses suspenden, con un nota global del 4.8, la gestión del gobierno de Juan Vicente Herrera, valoración que empeoran el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, y la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, con un 4,4 y 4,5, respectivamente. (El primero ha sido incapaz de diseñar en todos estos años un plan global e integrado contra la crisis en la comunidad y la segunda ha contribuido con el nefasto “centímazo” sanitario a penalizar aún más la deprimida actividad económica).

 En consonancia con lo anterior, la Seguridad Social ha perdido el pasado año 14.755 afiliados en Castilla y León, acortándose con ello aún más el ratio entre trabajadores activos y pensionistas. A 31 de diciembre los primeros sumaban 836.523 activos y los segundos 599.167, lo que supone una relación de 1,4 cotizantes por pensionista. Afortunadamente para Castilla y León, el gobierno Rajoy ha decidido incumplir su compromiso de dar a conocer las balanzas fiscales de cada comunidad antes de empezar a negociar el nuevo modelo de financiación autonómica. No hace falta ser ningún experto para deducir que la balanza fiscal de Castilla y León -saldo resultante entre lo que recauda el Estado y lo que gasta en cada comunidad- se ha desnivelado todavía más en estos últimos años.

Pero aunque no se publique, el dato va a estar sobre la mesa de negociación, donde las comunidades que aportan mas de lo que reciben van a plantear una redistribución mas favorable a sus intereses . Y en ello están, además de Cataluña, cuatro importantes comunidades del PP: Madrid, que mantiene su cruzada particular al respecto, y Valencia, Baleares y Murcia, que acaban de constituir una "alianza mediterránea” para afrontar juntas esa batalla.

La Sanidad rural, otra vez amenazada
Castilla y León, alineada con otras comunidades con problemas de despoblación, envejecimiento y dispersión territorial, va a tener muy difícil mejorar los índices correctores que ya tienen en cuenta dichos factores. Y con dos problemas añadidos a la anterior reforma del modelo. 
El primero es que, tras cuatro años consecutivos perdiendo población -en 2012 nada menos que 26.203 habitantes-, esta comunidad representa ahora solo el 5,33 por ciento del conjunto del padrón nacional (en 2008 eramos el 5,48). Y la segunda es que, en cumplimiento de lo previsto en la Ley Montoro, la Junta ha de obtener más de 350 millones de euros a mayores para financiar el coste de las competencias impropias (servicios sociales y mantenimiento de consultorios y centros escolares) que hasta ahora asumían los ayuntamientos. ¿En qué situación quedarán esos servicios públicos si el nuevo modelo de financiación no incluye su coste, o no lo hace en su integridad?

En lugar de manejar otras contrapartidas espurias, esa es la gran incógnita que debería despejar la Junta en esas reuniones bilaterales que inicia hoy con el PSOE para cotejar la compatibilidad entre los bueyes de la reforma local de Montoro y el carro de la “ordenación territorial” colocado delante en Castilla y León. Y de paso explicar si dicha “ordenación” consiste en seguir reduciendo servicios públicos, como sigue empeñada la Consejería de Sanidad, que se dispone a aplicar un plan que prescinde de 259 médicos en el medio rural.

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