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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

jueves, 9 de enero de 2014

Los clamorosos silencios de un presidente

 El pasado martes, un día antes de la reanudación del curso escolar, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, reaparecía públicamente, poniendo fin a su acostumbrado retiro navideño, etapa en la que su agenda no registra actividad conocida, ni su voz se deja oír en ningún medio de comunicación. Ese mutismo presidencial se alargó el pasado año casi hasta finales de enero, nada menos que durante mes y medio.



 Aunque ese retiro del mundanal ruido este año no se ha prolongado más allá del calendario navideño, lo cierto es que hemos vuelto a estar mas de tres semanas sin conocer la opinión del presidente de la Junta sobre cualquiera de las relevantes cuestiones políticas que han ido sucediéndose desde mediados de diciembre.


Juan Vicente Herrera y Rosa Valdeón
Hemos tenido que esperar a esta semana para conocer lo que piensa de la  polémica reforma de la Ley del Aborto, que, amén de abrir la caja de los truenos con las demás fuerzas políticas, está desatando una fuerte controversia dentro del PP, incluso en esta  “reserva espiritual” que es el partido en Castilla y León.
Aunque las objeciones manifestadas al respecto por la alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, y por el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, solo coinciden muy tangencialmente, Herrera ha calificado ambas igual de sensatas y ha abogado por restablecer el equilibrio existente en la ley de 1985.
 Si se añade a ello que además se ha mostrado partidario de esperar a conocer el fallo del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado por el propio PP contra la ley en vigor, parece claro que el presidente de la Junta no comparte enteramente ni el texto ni la oportunidad de la reforma engendrada por Gallardón. Y no digamos el consejero de Sanidad, Antonio Sáez, quién ha llegado mas lejos que nadie al cuestionarse “si es razonable obligar a una mujer a mantener su embarazo cuando no lo quiere” (sic)

 Pero a lo que iba. A finales de diciembre el gobierno Rajoy llegó a su segundo aniversario, sin que la Junta tuviera a bien realizar balance y puesta al día de las reivindicaciones de la comunidad respecto al mismo. Que se supone que no se limitan al recurso judicial sobre el copago hospitalario. Hemos cambiado de año sin que se salden desde Madrid compromisos con sectores tan importantes como la minería y la agricultura (fondos de desarrollo rural), víctimas de flagrantes incumplimientos ante los que se echa en falta una postura mínimamente enérgica del presidente de la Junta.

Julio Villarrubia
Tampoco ha tenido tiempo Herrera de contestar a la carta que le dirigió el pasado 18 de diciembre el secretario autonómico del PSOE, Julio Villarrubia, solicitándole una reunión para evaluar conjuntamente los efectos de la reforma local de Montoro y, sobre todo, sus repercusiones sobre la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León consensuada en su día por los dos partidos mayoritarios.
 A tenor de la demora en celebrar esa reunión, no parece que a Herrera le preocupe demasiado la amenaza socialista de romper el consenso imprescindible para sacar adelante la “ordenación territorial”, un proyecto estrella de la Junta que puede estrellarse contra la Ley Montoro.

 La verdad es que, disponiendo del blindaje mediático de que disfruta, Herrera tampoco tiene especiales dificultades para confundirse con el paisaje  ante cualquier  asunto que le resulte incómodo. Clamoroso ejemplo ha sido la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ciudad del Medio Ambiente de Soria. Aunque se pusiera el foco de la responsabilidad política del fiasco en María Jesús Ruíz, la antigua vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, lo cierto y verdad es que fue el grupo parlamentario que preside Herrera el que promovió y aprobó la ley declarada inconstitucional, y que han sido los sucesivos gobiernos por él presididos los que han ido autorizando los 100 millones de euros fundidos en el soto de Garray.

 Pues bien, a fecha de hoy, 9 de enero, el presidente de la Junta y del grupo parlamentario popular sigue sin haber dicho ni pío sobre la sentencia del Tribunal Constitucional. Como si el asunto no fuera para nada con él. Ni siquiera se dió por aludido cuando la mencionada Ruíz puso a su disposición su actual escaño de senadora autonómica por si el máximo responsable del partido en la comunidad entendía que debía renunciar a dicha representación. Se sospecha incluso que Herrera ni se ha molestado en descolgar el teléfono para hablar con su antigua vicepresidenta, cuyo escaño, eso sí, ha pasado a tener fecha de caducidad y ya está reservado a uno de los actuales consejeros de la Junta.


Y en pleno retiro navideño le ha pillado al presidente el último censo oficial de población, que ha agudizado la sangría demográfica que sufre Castilla y León. Tras perder 12.375 habitantes en 2011, la comunidad se ha quedado en 2012 sin otros 26.203, nada menos que el 1 por ciento de su población. Se argumentará que el retroceso demográfico se debe a la crisis y afecta a toda España, pero en ningún sitio alcanza las proporciones que en Castilla y León, ocho de cuyas nueve provincias figuran entre las doce que mas censo perdieron a lo largo de 2012. 

¿Sigue pensando el presidente de la comunidad que el problema de la despoblación es un tópico instalado en nuestro imaginario colectivo, tal como afirmó ante el pleno de las Cortes al presentar en mayo de 2010 la  Agenda para la Población promovida por la Junta? ¿Cómo valora dicha Agenda a la vista de los catastróficos datos demográficos registrados desde su aplicación?

 Me temo que habrá que esperar a que la oposición considere oportuno preguntarle en las Cortes (única instancia en la que está obligado a contestar) para que los castellanos y leoneses sepamos qué opina el presidente de la Junta sobre cuestiones de la trascendencia de las señaladas. Lo que como pronto será en febrero, ya que en enero no se celebran sesiones plenarias en el “mausoleo” de Villa de Prado.