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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

jueves, 23 de enero de 2014

Una oposición acomplejada

 El complejo de inferioridad que muestra la oposición parlamentaria ante el gobierno de Juan Vicente Herrera lleva camino de resultar patético. Lejos de plantar cara a sus continuos abusos de poder, cuanto mayor es la humillación y ninguneo a que le somete la Junta, más claudicante y dócil es su actitud.


Ayer tuvimos un nuevo ejemplo en la reunión semiclandestina celebrada entre el presidente de la Junta y el secretario autonómico del PSOE, Julio Villarrubia, quien hace mas de un mes que había solicitado dicho encuentro para abordar en qué situación queda, tras la aprobación de la reforma local de Montoro, la Ley de ordenación territorial pactada en la comunidad. 
Julio Villarrubia y Juan Vicente Herrera
El encuentro al máximo nivel y en pie de igualdad que pretendía Villarrubia  ha quedado reducido al simple acuerdo de constituir un grupo bilateral de trabajo que se ocupe de analizar la compatibilidad entre ambas normas. Y para eso han estado un mes mareando la perdíz.

  Una vez que la Junta y el PP parten de la base de que dicha compatibilidad es absoluta, el único que tiene que aclararse es el PSOE, que es quien la ha puesto en duda y ha venido amagando con la posibilidad de romper el consenso alcanzado sobre la "ordenación territorial". Y veremos a ver si lo que en principio es un problema para la Junta, obsesionada con sacar adelante el invento, no acaba siendo motivo de una nueva discordia entre Villarrubia y  Óscar López, bicefalia que, para variar, mantiene divergencias al respecto.

  No consta que, ya que acordaron constituir un grupo bilateral, Villarrubia le reprochara ayer a Herrera el flagrante incumplimiento por parte de la Junta de lo pactado en su día respecto a la "ordenación" del sector público de la comunidad. De aquel compromiso de “constituir un grupo de trabajo para concretar y seguir la ordenación” sobre la base de “un informe financiero y de gestión que determine la necesidad y dimensión del futuro sector publico de la comunidad” nunca más se supo.
 Con la disolución del Instituto de la Juventud y el trasvase de ADE Parques y su monumental deuda financiera (350 millones) a la consejería de Economía, la Junta ha dado prácticamente por concluida dicha reestructuración, ninguneando completamente al PSOE. Una operación  que, como ya hemos señalado en otras ocasiones, tiene mucho de maquillaje “nominalista” y que ha dejado activa gran parte de esa llamada “Administración B” caracterizada por el despilfarro, el enchufismo y el reiterado incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público.

De Santiago-Juárez
Y tras pasarse por el forro lo pactado con el PSOE sobre el sector público, ha llegado después la Junta ofreciendo consenso sobre otra operación todavía más cosmética: la reforma de la Administración Autonómica diseñada desde esa inagotable “factoría de ficción” que constituye la consejería de la Presidencia. Y ahí está otra vez la oposición -en este caso también IU y UPL- entrando al reclamo de José Antonio de Santiago-Juárez, quién además piensa imponer el procedimiento de urgencia para sacar adelante a toda velocidad una reforma que supone nada menos que la modificación de una docena de leyes autonómicas en vigor.

 Racionalización, modernización, eficiencia, simplificación administrativa, ahorro y, faltaría más, transparencia, sobre todo transparencia, son los grandilocuentes objetivos con los que se envuelve la mercancia. Una reforma que llega cinco años después de comenzada la crisis y que en gran parte viene obligada por el informe CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas) promovido por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría.

¿Va a contribuir esta reforma a profesionalizar una Administración en la que prima la politización y el clientelismo, el amiguismo y la afinidad ideológica? ¿Se va a poner coto al manifiesto abuso del sistema de “libre designación”, que, además de encarecer el gasto público, tanto desincentiva la formación y la carrera profesional de los empleados públicos?

 Mucho me temo que pueda ocurrir incluso todo lo contrario y que se agudicen aún mas esos vicios, amén de encubrir nuevos recortes de empleo público a añadir a los aplicados en estos últimos años. De entrada, 12,5 de los 45 millones de euros que se pretenden ahorrar saldrían de una reorganización de la Gerencia Regional de Salud, que incluye “nuevas formas de gestión clínica que contribuyan a mejorar el servicio a los pacientes y a la sostenibilidad del sistema”  (De Santiago-Juárez dixit).

Funcionarios de la Junta en concentración de protesta
Mientras tanto, según ha denunciado la Plataforma de Defensa de lo Público (PLADEPU) la Junta se ha gastado en los últimos cinco años más de 8 millones de euros en los complementos que retribuyen la ampliación de jornada (media hora diaria) a los mas de 750 funcionarios designados para ocupar puestos de libre designación. ¿Y qué decir de las caprichosas y discrecionales “bufandas”, esas retribuciones extras con las que los altos cargos de la Junta premian el servilismo y la discreción del personal más inmediato a su servicio?

 La opacidad mantenida en torno a las “bufandas” ha colmado la paciencia de la Junta de Personal de los servicios centrales de la Administración Autonómica, que, harta de que se les oculte la pertinente información, ha enviado la pasada semana una
carta al presidente Herrera advirtiéndole sobre posibles acciones legales a ejercer por presuntos delitos contra la libertad sindical, malversación de fondos públicos y prevaricación.
 Y todavía tienen la desfachatez presumir de transparencia y de “Gobierno Abierto”…

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