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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

lunes, 9 de marzo de 2015

Alérgicos a la regeneración democrática

Era la prueba del algodón, el test definitivo para comprobar si, aunque tan solo fuera por hacer de la necesidad virtud, el PP se aplicaba a sí mismo siquiera una mínima dosis de esa “regeneración democrática” a la que supuestamente se había comprometido. Pero ni por esas. La causa judicial en la que esta incurso el alcalde de Valladolid, acusado de un delito de desobediencia del que tendrá que responder sentado en el banquillo de los acusados, no ha sido razón suficiente para que el partido excluyera de sus listas electorales a Javier León de la Riva.


Herrera y De la Riva celebrando su anterior victoria electoral
 Sin ese encausamiento judicial, que sitúa su candidatura al borde del escarnio democrático y la afrenta ciudadana, ya existían motivos más que sobrados para que el PP hubiera prescindido de León de la Riva. Para empezar, y sin entrar en otras consideraciones, por el mero hecho de su longevidad. ¿Cómo se puede hablar de “regeneración” y presentar de nuevo a la reelección a un alcalde que lleva 20 años ejerciendo el cargo? Solamente por eso el PP estaba ya obligado a cambiar de candidato. Sin entrar en el talante autoritario y predemocrático del personaje, cuyos continuos ex abruptos, muchos de ellos de insoportable signo machista, le han hecho tristemente famoso en toda España.

Si a lo anterior se añade una gestión caracterizada por un continuo desprecio a la legalidad, constatado en decenas de sentencias sumamente onerosas para las arcas municipales, amen de los escándalos pendientes de sustanciar como el de la manipulación fraudulenta del Plan General o el caso Samaniego, el relevo de León de la Riva era cuestión de pura higiene democrática. Y ello al margen de la causa judicial que, salvo torticeras maniobras dilatorias, le sentará en el banquillo el próximo 27 de abril.

Allá el PP con su decisión -presumiblemente basada en las encuestas- de presentar de nuevo a León de la Riva, arruinando con ella ese supuesto compromiso con la “regeneración democrática”. En realidad, hay que agradecerle que se haya quitado la careta. Pero lo que no vamos permitir es que ni el alcalde ni sus compañeros de partido insulten la inteligencia ajena afirmando que el problema judicial se reduce a un asunto de carácter “administrativo”, como lo ha calificado del presidente del comité electoral regional del PP, José Antonio de Santiago-Juárez. De “administrativo”, nada. El alcalde está acusado de un delito penal del que va a tener que responder ante un Juzgado de lo Penal, el numero 2 de Valladolid, que, tras la vista oral, dictará la correspondiente sentencia.

José Antonio de Santiago-Juárez
Un delito, el de desobediencia a las resoluciones judiciales, especialmente grave si su autor ostenta la condición de cargo público. Y que en el caso que nos ocupa trae causa de la obstinada resistencia a cumplir las sentencias dictadas para reparar las irregularidades urbanísticas perpetradas en el edificio Caja Duero, en que el propio alcalde reside tras adquirir en su día una vivienda a la extinta entidad de ahorro de la que él mismo era vicepresidente. (Por suerte para él, León de la Riva no se ha visto de momento afectado por ninguno de los procedimientos judiciales en los que está imputado el antiguo presidente de dicha Caja, Julio Fermoso, con el que compartió durante años asiento en el Consejo de Administración y la Comisión Ejecutiva de la entidad).

 De la impostura del PP de Castilla y León en materia de “regeneración democrática” ningún ejemplo como el del mencionado De Santiago-Juárez, quien el 10 de octubre de 2013 publicaba en “El Norte de Castilla” un artículo en el que defendía, entre otras medidas, las listas electorales abiertas, la celebración de primarias para elegir candidatos y la limitación de mandatos en los partidos y los gobiernos. El caso omiso del PP a tan  saludables medidas no ha impedido a De Santiago Juárez avalar, desde la presidencia de dicha comisión, el “dedazo” con el que el PP ha designado una vez más a los candidatos a las principales alcaldías, y menos aún  apoyar de forma entusiasta que su amigo León de la Riva opte al que sería su quinto mandato municipal consecutivo. Y tampoco parece que el a su vez consejero de la Presidencia y Portavoz de la Junta, quien va a cumplir 28 años (desde 1987) encadenando cargos públicos, tenga la menor intención de poner fin en mayo a su fructífera carrera política.

 En su momento advertimos aquí de la  pura palabrería  que encerraban las sobrevenidas proclamas de Juan Vicente Herrera en materia de regeneración democrática, así como la cortina de humo extendida por el grupo popular al vincular los avances en esa materia a una una propuesta de reforma del Estatuto a sabiendas de que la misma no se iba a tramitar. Y los hechos han ido corroborado que aquellos brindis al sol no pretendían otra cosa que enmascarar la alergia del PP en general, y del de Castilla y León en particular, ante cualquier asomo de “regeneración democrática”

Carlos Fernández Carriedo
 En el mismo pleno de las Cortes en que se ha aprobado la llamada Ley de Transparencia de Castilla y León, una norma vacía de contenido que no arroja ninguna luz sobre el alto grado de opacidad y oscurantismo con el que actúan la Junta y su Administración B, el grupo popular rechazaba las comisiones de investigación solicitadas por el grupo socialista sobre las conexiones de la trama Gurtel en esta comunidad autónoma y las denuncias sobre financiación irregular del PP en la provincia de Salamanca. Entre los motivos aducidos para oponerse a estas comisiones, el portavoz del grupo popular, Carlos Fernández Carriedo, llamó la atención el de la falta de tiempo material para llevar a cabo esa investigación parlamentaria, habida cuenta de que la Cámara se disuelve a finales de marzo.

 El argumento no hubiera chirriado si no fuera porque en los 14 años que lleva gobernando Juan Vicente Herrera la mayoría absoluta del PP ha vetado todas y cada una de las comisiones de investigación solicitadas por la oposición. Hace tres mes se opuso a la solicitada sobre la trama corrupta  denominada “operación Púnica”, hace un año a la referida al fiasco y despilfarro de la “Ciudad del Medio Ambiente” de Soria, hace dos a la del astronómico sobrecoste del nuevo Hospital de Burgos, hace tres a la que intentó plantear IU sobre el expolio de las Cajas de Ahorro… Y así pueden citarse más de 20 peticiones laminadas, una tras otra desde 2001, por el rodillo parlamentario del grupo popular. Un bochornoso record del que Herrera y el PP de Castilla y León igual se sienten orgullosos.