Una desfachatez sin límites

Mañana, 31 de marzo, 54 días antes de la doble cita con las urnas, el BOE y el BOCYL publicarán los decretos de convocatoria de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 24 de mayo. A partir de ahí comienza la cuenta atrás de ambas convocatorias, con un calendario unificado que acota la campaña electoral a los 15 días comprendidos entre el 8 y el 16 de mayo.

 Aunque falta por tanto más de un mes para que comience oficialmente esa campaña, los dos principales partidos -los emergentes andan todavía enfrascados en las listas-  llevan semanas dedicados a la propaganda electoral pura y dura. En el caso del PP, que en Castilla y León, además de la Junta, gobierna las nueve Diputaciones provinciales y la mayor parte de los principales ayuntamientos, poniendo sin pudor al servicio de su interés partidista todos los resortes que proporciona el poder. Lo ha hecho siempre y esta vez no iba a ser menos.

Precisamente tratando de poner coto a estos abusos de poder, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) estableció en 2011 la prohibición de inaugurar cualquier tipo de obra y servicio público desde la fecha de publicación de la convocatoria -en este caso desde mañana-, así como la de realizar campañas publicitarias institucionales excepto las referidas estrictamente al propio proceso electoral (información sobre el censo, voto por correo, etc.).

Ruiz Medrano, Silván y Pastor el pasado día 20 en León

 A causa de estas prohibiciones los que tenían algo que inaugurar -que han sido pocos y poca cosa, dada la sequía presupuestaria- lo han tenido que hacer durante este mes de marzo. Pero en lo que no se ha cortado un pelo la Junta ha sido en su derroche publicitario, tirando estos últimos meses de chequera mediática sin restricción para lanzar todo tipo de campañas propagandísticas a mayor gloria del gobierno de Juan Vicente Herrera.

Pero que nadie sea tan ingenuo como para pensar que, de aquí al 24 de mayo, los gobernantes de turno no van a aseguir utilizando todos sus resortes en beneficio electoral propio y/o de su partido. Nada impide que siga produciéndose la romería de visitas ministeriales tratando de rentabilizar para el PP inversiones públicas que se han hecho con el dinero de todos. Unas visitas como las de la ministra de Fomento, Ana Pastor, en las que se dan cita representantes institucionales que a su vez ya son candidatos del PP a cargos públicos diferentes a los que ahora ocupan, tales como el omnipresente delegado del Gobierno, Ramiro Ruiz Medrano, ahora número uno a las Cortes por Valladolid, o el no menos ubicuo consejero de Fomento, Antonio Silván, ahora candidato a la alcaldía de León. Y si el ministro de turno visita Zamora o Ávila, le escoltarán los subdelegados del Gobierno Clara San Damián y José Luis Rivas, nuevos candidatos del PP a las alcaldías de las citadas capitales.

Y todavía la ministra Pastor viene a visitar obras públicas que están en ejecución y que algún día se supone que concluirán, así tengan que pasar décadas, como está ocurriendo con la Autovía A-11 (Valladolid-Soria) y no digamos con la A-60 (Valladolid-León), pero mayor impostura es la de vender algo que ni existe y nadie puede garantizar que alguna vez existirá.
 Sin ir más lejos, hoy mismo tenemos al ministro de Justicia, Rafael Catalá,  presentando el “Campus de la Justicia” en Valladolid, un proyecto que lleva la tira de años en vía muerta. El propio Catalá ha cuantificado en 37 millones de euros la inversión necesaria para hacerlo realidad. ¿Saben la cantidad que figura en los Presupuestos Generales del Estado de 2.015? Exactamente, 300.000 euros, y gracias a una apresurada enmienda con la que intentaron salvar la cara los parlamentarios del PP. Y con esa asignación se atreven a presentarlo hoy sin que a nadie se le caiga la cara de vergüenza.

Publicidad de la Junta tras recortar en un 71 % las ayudas

La desfachatez de algunos no conoce límites. También tienen delito (político, aunque rayen la malversación penal) algunas de esas campañas publicitarias promovidas por la Junta al límite del plazo que señala la LOREG, tales como la que oferta suelo industrial o la que presume de Cooperación al Desarrollo.
 El despilfarro de dinero público respecto al primer asunto es sobradamente conocido y hace falta echarle verdadero morro para vanagloriarse de la gestión en la segunda materia. Solo un par de datos: En 2007 los fondos destinados por la Junta a Cooperación eran de 13,11 millones de euros, lo que representaba el 0,13 del Presupuesto de la Comunidad y 5,2 euros anuales por habitante. En 2.015 esos fondos se reducen a 3,8 millones, representan el 0,04 del Presupuesto y suponen 1,5 € por habitante. El recorte ha sido del 71 por ciento. 

Y ahí está el “banner” publicitario de la Junta -supongo que mañana será retirado- presumiendo de Cooperación al Desarrollo, con el agravante de colar de rondón en el anuncio el logotipo oficial de la Conmemoración del V Centenario de Santa Teresa de Jesús. (Sobre la apropiación política indebida de la santa abulense recomiendo desde aquí el artículo “La Santa y el PP”, publicado por Luis Represa en avilared.com).  

 Pero la cosa no queda ahí. En en comunidad autónoma que desde 2011 acumula recortes en gasto social por un importe cercado a los 2.500 millones de euros, hay señuelos electoralistas mucho mas obscenos.Podrían señalarse decenas de ellos, pero a mi juicio ninguno tan sangrante como el anuncio de la consejería de Sanidad de eximir del copago farmacéutico a los 23.000 ciudadanos de Castilla y León perceptores de pensiones contributivas inferiores a los 350 euros mensuales.

Antonio Sáez y Juan Vicente Herrera

 Supuestamente se trataría de reintegrarles los 8 euros mensuales (96 anuales) que vienen abonando desde que se les impuso el pago del 10 por ciento del importe de sus recetas (el exceso de esos 8 euros ya se les reintegra trimestralmente). Dado que no todos llegan a ese mínimo, la consejería calcula que dicha exención le costaría entre 1,2 y 1,5 millones de euros, lo cual es auténtica calderilla si se tiene en cuenta que el gasto farmacéutico de la comunidad se elevó en 2015 a 541 millones.

 Lo mas hiriente del caso es el argumento con el que la consejería de Sanidad justifica dicha exención: “En determinadas situaciones de precariedad económica  -dice literalmente la orden firmada en el BOCYL por el consejero Antonio Sáez- la aportación farmacéutica ambulatoria puede suponer para el usuario una situación de vulnerabilidad, que podría llevar al incumplimiento de los tratamientos y poner riesgo la salud de las personas”.

 Casi tres años ha tardado el consejero Sáez en percatarse de esa “vulnerabilidad” y del “riesgo” vital que conlleva esa medida que hasta ahora no le había perturbado el sueño. Y a dos meses de las elecciones autonómicas sale con esta orden, que, a expensas de una posterior convocatoria, no aclara si la exención tendrá carácter retroactivo y ni siquiera garantiza que se vaya a producir, ya que su concesión se supedita en última instancia “a la existencia de disponibilidades presupuestaria”. Con lo cual, para mayor inri, podría ocurrir que, después de obligar al pensionista a cubrir el farragoso trámite burocrático exigido para recuperar como mucho 96 euros, al final la consejería le conteste que no dispone de presupuesto para atender la solicitud. Ya me dirán si cabe mayor falta de escrúpulos a la hora de intentar captar el voto.

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