Datos personales

Mi foto

Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

jueves, 12 de marzo de 2015

El expolio de las Cajas (XXX): Y solo es la punta del icerberg...

 Pese a la lentitud de la Justicia -en alguno de los casos algo más que exasperante- de momento siguen su curso las seis causas penales abiertas en relación con otros tantos pufos perpetrados en las extintas cajas de ahorro de la comunidad. Seis que serán siete si la Audiencia Nacional abre diligencias sobre la querella criminal por estafa continuada y administración desleal presentada la pasada semana por UPyD contra el ex presidente de Caja Duero, Julio Fermoso, y otros tres antiguos directivos de la entidad.


Edificio de la calle Marqués de Villafranca
 La querella redactada por el abogado “cazacorruptos” Andrés Herzog, el mismo que consiguió judicializar el caso Bankia, ha puesto de manifiesto que lo destapado hasta ahora no ha sido más que la punta de un gigantesco iceberg. Según ha revelado UPyD, en agosto de 2012 el consejo de administración del CEISS, el banco resultante de la desdichada fusión entre Caja España y Caja Duero, encargó, a instancias del FROB, una serie de informes jurídicos externos en los cuales se detectaron 38 operaciones inmobiliarias sospechosas y susceptibles de ser denunciadas ante los tribunales. Sin embargo, el banco, presidido entonces por Evaristo del Canto, tan solo llevó al juzgado la doble operación que dio lugar al “caso Nozar”, en el que, junto a Fermoso, están imputados por presunta administración desleal otros cuatro miembros de la antigua comisión ejecutiva de Caja Duero, además del ex director general y otros tres ex directivos.

 La querella elaborada por Herzog denuncia cuatro de aquellas operaciones causantes de un cuantioso daño patrimonial a la extinta caja Duero. Tres de esas ellas eran sobradamente conocidas: la compra en el año 2007 de otros tantos inmuebles (el edificio madrileño de la calle Marqués de Villamagna, los locales destinados a albergar la sede en Valencia y la casa de María la Brava, en Salamanca) adquiridos a precios por encima de su valor de mercado. Según desveló el pasado mes de septiembre el diario “El País”, los informes jurídicos elaborados al respecto cifran en más de 23 millones de euros los sobrecostes pagados por dichos inmuebles.

 La cuarta operación denunciada en la querella se refiere a la compra del 60 por ciento de la inmobiliaria Alqlunia, participación que, al haberse adquirido a un precio muy superior al estimado por la tasación correspondiente -que rebajaba su valor casi en un 70 por ciento sobre el precio pagado- habría originado un quebranto de 25 millones de euros. Hasta el 22 de septiembre de 2009 ,fecha en la que cambió su domicilio social precisamente al edificio de Marqués de Villamagna, Alqlunia estuvo presidida por el empresario burgalés Antonio Miguel Méndez Pozo, comúnmente conocido como “Michel” entre sus influyentes amigos y benefactores.

Julio Fermoso y Santos LLamas
Además de Fermoso, los querellados son en esta ocasión Antonio Sánchez Diaz, ex director general adjunto de Caja Duero; Juan Marcos Marín,  ex director de Infraestructuras; y Juan Ramón Sagarminaga, ex director de inversiones del grupo Negocio Duero, en el que pasó a integrarse Alqlunia. Sánchez es asimismo uno de los antiguos directivos imputados en el “caso Nozar”.

Mientras tanto, algunos de los procedimientos judiciales en curso avanzan a paso de tortuga. Esta es la fecha en la que, casi tres años y medio después de que su caso fuera denunciado, sigue sin ser llamado a declarar el ex presidente de Caja España, Santos Llamas, cuyas empresas se beneficiaron de créditos y avales de la entidad por importe de 67,9 millones de euros.
 Los peritos del Banco de España, cuyo testimonio no ha podido ser más esclarecedor, son los únicos que han comparecido hasta ahora ante el Juzgado de Instrucción nº 5 de León, cuya titular, Roció González Boñar, se hizo cargo del caso en junio de 2013. En dicho Juzgado recayó  la denuncia formulada por el fiscal-jefe de León, quién a su vez había abierto diligencias por encargo de la fiscalia del TSJ, ante la que IU denunció en noviembre de 2011 esa y otras presuntas irregularidades observadas en distintas cajas de Castilla y León.

 Tras la contundente declaración de los peritos, IU y Ecologistas en Acción (organización personada asimismo en la causa) han pedido, de momento sin ningún resultado, la imputación de Llamas y de los otros 16 miembros del antiguo Consejo de Administración de Caja España. Tampoco consta que se hayan investigado las dos denuncias realizadas posteriormente por IU y Ecologistas dentro del mismo procedimiento. La primera sobre las pólizas de seguro (modalidad prima única) mediante las que antiguos directivos de Caja España y del propio CEISS se aseguraban sustanciosas indemnizaciones en caso de cese o jubilación; la segunda sobre la presunta utilización de tarjetas “black” por Llamas y algún otro ex consejero de la extinta caja.
José María Arribas

Tampoco avanzan al ritmo que sería deseable las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Burgos para esclarecer los presuntos delitos de administración desleal en los que habrían incurrido los antiguos responsables de Caja Burgos, con su ex presidente, José María Arribas, a la cabeza.
 Después de que Arribas prestara declaración el pasado 15 de enero en torno a los generosos créditos recibidos por sus empresas (34 millones de euros, en buena parte fallidos), no se tiene noticia de ninguna otra diligencia judicial de una causa que tiene su origen en la denuncia presentada por UPyD ante la fiscalía en junio de 2013. Y mientras tanto el imputado Arribas, pese al quebranto causado por sus propias empresas a la antigua caja, sigue presidiendo como si tal cosa “Eficanza”, la empresa a la que la Junta de Castilla y León adjudicó el astronómico contrato del Hospital de Burgos.

 Pero para máximo ejemplo de pereza judicial la exhibida por el juez Jesús Marina, encargado del caso de las multimillonarias indemnizaciones  con las que el ex director general de Caja Segovia, Manuel Escribano, y otros siete antiguos directivos tomaron en su momento las de Villadiego.

 Cuatro años después de que UPyD denunciara el caso, la instrucción del mismo sigue empantanada, hasta el punto de que el abogado de la acusación ha denunciado hace unos días la “absoluta lentitud e incompetencia” de dicho juzgado. La remisa actitud del juez Marina contrasta con la fluidez con la que su compañero Jesús Martínez Puras, titular del Juzgado numero 5, está instruyendo el llamado  "caso Navicoas", en el que se investiga el insólito crédito de 6,8 millones de euros de resultas del cual, antes de diluirse en Bankia, Caja Segovia hipotecó, entre otros bienes, el emblemático Torreón de Lozoya, dejando esa carga a la fundación que posteriormente se ha hecho cargo de la antigua obra social.