Pese a la lentitud de la Justicia -en alguno de
los casos algo más que exasperante- de momento siguen su curso las seis causas
penales abiertas en relación con otros tantos pufos perpetrados en las extintas
cajas de ahorro de la comunidad. Seis que serán siete si la Audiencia Nacional
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| Edificio de la calle Marqués de Villafranca |
La querella elaborada por Herzog
denuncia cuatro de aquellas operaciones causantes de un cuantioso daño
patrimonial a la extinta caja Duero. Tres de esas ellas eran sobradamente
conocidas: la compra en el año 2007 de otros tantos inmuebles (el edificio madrileño de
la calle Marqués de Villamagna, los locales destinados a albergar la sede en
Valencia y la casa de María la
Brava , en Salamanca) adquiridos a precios por encima de su
valor de mercado. Según desveló el pasado mes de septiembre el diario “El País”, los informes
jurídicos elaborados al respecto cifran en más de 23 millones de euros los sobrecostes
pagados por dichos inmuebles.
La cuarta operación
denunciada en la querella se refiere a la compra del 60 por ciento de la
inmobiliaria Alqlunia, participación que, al haberse adquirido a un precio muy
superior al estimado por la tasación correspondiente -que rebajaba su valor
casi en un 70 por ciento sobre el precio pagado- habría originado un quebranto
de 25 millones de euros. Hasta el 22 de septiembre de 2009 ,fecha en la que cambió su domicilio social
precisamente al edificio de Marqués de Villamagna, Alqlunia estuvo presidida por el
empresario burgalés Antonio Miguel Méndez Pozo, comúnmente conocido como
“Michel” entre sus influyentes amigos y benefactores.
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| Julio Fermoso y Santos LLamas |
Mientras tanto, algunos de los procedimientos judiciales en
curso avanzan a paso de tortuga. Esta es la fecha en la que, casi tres años y medio después de que su caso fuera denunciado, sigue sin ser
llamado a declarar el ex presidente de Caja España, Santos Llamas, cuyas empresas
se beneficiaron de créditos y avales de la entidad por importe de 67,9 millones
de euros.
Los peritos del Banco de España, cuyo testimonio no ha podido ser más esclarecedor, son los únicos que han comparecido hasta ahora ante el Juzgado de Instrucción nº 5 de León, cuya titular, Roció González Boñar, se hizo cargo del caso en junio de 2013. En dicho Juzgado recayó la denuncia formulada por el fiscal-jefe de León, quién a su vez había abierto diligencias por encargo de la fiscalia del TSJ, ante la que IU denunció en noviembre de 2011 esa y otras presuntas irregularidades observadas en distintas cajas de Castilla y León.
Los peritos del Banco de España, cuyo testimonio no ha podido ser más esclarecedor, son los únicos que han comparecido hasta ahora ante el Juzgado de Instrucción nº 5 de León, cuya titular, Roció González Boñar, se hizo cargo del caso en junio de 2013. En dicho Juzgado recayó la denuncia formulada por el fiscal-jefe de León, quién a su vez había abierto diligencias por encargo de la fiscalia del TSJ, ante la que IU denunció en noviembre de 2011 esa y otras presuntas irregularidades observadas en distintas cajas de Castilla y León.
Tras la contundente
declaración de los peritos, IU y Ecologistas en Acción (organización personada
asimismo en la causa) han pedido, de momento sin ningún resultado, la
imputación de Llamas y de los otros 16 miembros del antiguo Consejo de
Administración de Caja España. Tampoco consta que se hayan investigado las dos
denuncias realizadas posteriormente por IU y Ecologistas dentro del mismo
procedimiento. La primera sobre las pólizas de seguro (modalidad prima única)
mediante las que antiguos directivos de Caja España y del propio CEISS se
aseguraban sustanciosas indemnizaciones en caso de cese o jubilación; la
segunda sobre la presunta utilización de tarjetas “black” por Llamas y algún
otro ex consejero de la extinta caja.
Tampoco avanzan al ritmo que sería deseable las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Burgos para esclarecer los presuntos delitos de administración desleal en los que habrían incurrido los antiguos responsables de Caja Burgos, con su ex presidente, José María Arribas, a la cabeza.
Después de que Arribas prestara declaración el pasado 15 de enero en torno a los generosos créditos recibidos por sus empresas (34 millones de euros, en buena parte fallidos), no se tiene noticia de ninguna otra diligencia judicial de una causa que tiene su origen en la denuncia presentada por UPyD ante la fiscalía en junio de 2013. Y mientras tanto el imputado Arribas, pese al quebranto causado por sus propias empresas a la antigua caja, sigue presidiendo como si tal cosa “Eficanza”, la empresa a la quela Junta de Castilla y León adjudicó
el astronómico contrato del Hospital de Burgos.
Cuatro años después de que UPyD denunciara el caso, la instrucción del mismo sigue empantanada, hasta el punto de que el abogado de la acusación ha denunciado hace unos días la “absoluta lentitud e incompetencia” de dicho juzgado. La remisa actitud del juez Marina contrasta con la fluidez con la que su compañero Jesús Martínez Puras, titular del Juzgado numero 5, está instruyendo el llamado "caso Navicoas", en el que se investiga el insólito crédito de 6,8 millones de euros de resultas del cual, antes de diluirse en Bankia, Caja Segovia hipotecó, entre otros bienes, el emblemático Torreón de Lozoya, dejando esa carga a la fundación que posteriormente se ha hecho cargo de la antigua obra social.
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| José María Arribas |
Tampoco avanzan al ritmo que sería deseable las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Burgos para esclarecer los presuntos delitos de administración desleal en los que habrían incurrido los antiguos responsables de Caja Burgos, con su ex presidente, José María Arribas, a la cabeza.
Después de que Arribas prestara declaración el pasado 15 de enero en torno a los generosos créditos recibidos por sus empresas (34 millones de euros, en buena parte fallidos), no se tiene noticia de ninguna otra diligencia judicial de una causa que tiene su origen en la denuncia presentada por UPyD ante la fiscalía en junio de 2013. Y mientras tanto el imputado Arribas, pese al quebranto causado por sus propias empresas a la antigua caja, sigue presidiendo como si tal cosa “Eficanza”, la empresa a la que
Pero para máximo ejemplo de pereza judicial la
exhibida por el juez Jesús Marina, encargado
del caso de las multimillonarias indemnizaciones con las que el ex director general de Caja
Segovia, Manuel Escribano, y otros siete antiguos directivos tomaron en su momento las de Villadiego.
Cuatro años después de que UPyD denunciara el caso, la instrucción del mismo sigue empantanada, hasta el punto de que el abogado de la acusación ha denunciado hace unos días la “absoluta lentitud e incompetencia” de dicho juzgado. La remisa actitud del juez Marina contrasta con la fluidez con la que su compañero Jesús Martínez Puras, titular del Juzgado numero 5, está instruyendo el llamado "caso Navicoas", en el que se investiga el insólito crédito de 6,8 millones de euros de resultas del cual, antes de diluirse en Bankia, Caja Segovia hipotecó, entre otros bienes, el emblemático Torreón de Lozoya, dejando esa carga a la fundación que posteriormente se ha hecho cargo de la antigua obra social.