La tormenta política desatada la
pasada semana en el seno de la Junta a raíz de que el presidente Fernández Mañueco
desautorizara sin ningún miramiento a la consejera de Sanidad, Verónica
Casado, y por ende a su mentor, el vicepresidente Francisco Igea, ha
desencadenado la psicosis de un adelanto electoral en Castilla y León. Algunos
círculos sitúan esos eventuales comicios antes de que finalice el año y algún medio
ha aventurado la fecha del último domingo de noviembre. Otros piensan que
Mañueco puede esperar a 2.022, anticipándose en todo caso a la moción de
censura que el PSOE vuelve a tener opción de presentar a partir del 10 de
marzo.
Si antes de la pasada semana ya se daba casi
por descontado que un eventual adelanto en Andalucía arrastraría otro en
Castilla y León, no digamos después de este episodio, que ha puesto abrupto fin
al idilio político vivido por Mañueco e Igea a partir de su inicial matrimonio
de conveniencia. Pero para adelantar elecciones aquí en solitario al PP de
Mañueco (y a Génova, que ha de dar el visto bueno) les falta por el momento el
argumento de peso que las justifique ante la opinión pública. Y en los
seis meses que faltan hasta marzo ese argumento no puede ser otro que la
ruptura del pacto de gobierno entre PP y Ciudadanos, algo que hoy por hoy no se
ha producido.
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| Mañueco y Arrimadas el pasado abril en el Colegio de la Asunción |
En una democracia normalizada, la consejera y
el vicepresidente, tendrían que haber dimitido irrevocablemente. Era la única
salida digna ante tamaña desautorización presidencial. Pero la palabra dimisión
no figura en el diccionario de Igea, un atrabiliario personaje, iluminado y
ensoberbecido, que se considera providencial y con derecho a hundir el templo
con todos los filisteos.
La hipotética dimisión de Igea y Casado (quien,
por prescripción del primero, mantiene la boca cerrada, como si todo esto no
fuera con ella) se hubiera resuelto sin mayor problema con su sustitución por
otros dos representantes nombrados por Ciudadanos. El freno y marcha atrás de
Mañueco, sacudiéndose de encima una reforma de alto coste electoral para el PP,
no incumple el acuerdo de gobierno suscrito en su día entre ambos partidos, en
el que en ningún momento se contempla cerrar consultorios rurales. Una reforma
que tampoco puede ampararse en la pandemia, ya que fue impulsada antes de que
sobreviniera la crisis sanitaria.
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| Francisco Igea y Verrónica, dos colegas y un destino |
Resulta obvio que ningún acuerdo de gobierno
entre partidos puede estar por encima del Estatuto, pero es que además en el
firmado entre PP y C´s el único cargo de la Junta que se asigna expresamente al
segundo partido es la vicepresidencia, sin que conste, claro está, que se tenga
que llamar Francisco y apellidar Igea.
Tan insolente insubordinación era causa más
que suficiente para que Mañueco destituyera fulminantemente al hasta ahora
vicepresidente, amén de hacer lo propio con Casado, quien hace mucho tiempo que
perdió la confianza presidencial. ¿Qué ocurriría si el presidente, en ejercicio
de su autoridad, decidiera cesar a ambos?
Sobre el papel, Ciudadanos podría reaccionar
dando por roto el pacto y pasar a la oposición, lo que abocaría, en este caso
sí, a unas elecciones anticipadas. Pero como quiera que dichos comicios
supondrían la liquidación del partido naranja y el ingreso en el paro de las
decenas de cargos públicos y asesores colocados en las instituciones
autonómicas, resulta impensable que asistiéramos a semejante “harakiri”. Habida cuenta del “afecto” de que gozan el
vicepresidente y sus afines entre la dirigencia nacional y autonómica, es más
que previsible que Ciudadanos se aviniera a mantener el pacto, tal cual o
revisado, reponiendo su cuota de representación en el Consejo de Gobierno. El
único daño evaluable para PP y C´s sería que un despechado Igea se fuera con su
escaño de procurador al grupo de no adscritos de las Cortes, donde compartiría la
biblioteca parlamentaria con su antigua y denostada compañera María Montero.
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| Cartel-contador en el consultorio local de Monumenta (Zamora) |
De momento, la consejera, que se sabe en el
filo de la navaja, se la ha tragado doblada teniendo que acatar la orden del
presidente de proceder a desmontar su reforma y devolver la actividad
presencial a consultorios y centros de salud, tal como establece la proposición
aprobada en las Cortes y le trasladan hoy los presidentes de las Diputaciones. Pero
el verborreico vicepresidente es incapaz de contenerse y sigue arremetiendo
compulsivamente contra todo lo que sale al paso. Su última enganchada ha sido
con el presidente del PP de Burgos, Borja Suárez, quien ha pedido el
cese del director del hospital burgalés por los continuos “desatinos”
perpetrados estos dos últimos años en dicho centro. A Igea se le hace eterno el
día si no puede chapotear en algún charco. Es algo patológico.