lunes, 2 de abril de 2018

El oneroso legado de un gobierno zombi

 Se comentaba aquí hace una semana la tregua concedida por el negocio demoscópico, que había decidido no añadir a la penitencia intrínseca de la Semana Santa la difusión de nuevos sondeos electorales. Pero ni siquiera se ha  respetado la celebración pascual, de tal suerte o desgracia -depende de para quien- que Sigma Dos volvía a la carga el domingo con una encuesta publicada en “El Mundo” que confirma el desplome electoral del PP en beneficio de Ciudadanos, el retroceso del PSOE y la leve recuperación de Unidos Podemos, estas dos últimas fuerzas simultáneamente por debajo de sus resultados  en las elecciones generales de junio de 2016.


 El sondeo es especialmente demoledor para el PP, que habría perdido casi el 30 por ciento de los votos cosechados entonces, cayendo del 33,03 por ciento obtenido entonces al 23,30 por ciento que le depararían unos hipotéticos comicios celebrados ahora. En contraposición, Ciudadanos duplicaría sus resultados, pasando del 13,1 al 26,7, lo que le situaría como primera fuerza electoral con 3,4 puntos de ventaja sobre el PP.

Mariano Rajoy y Albert Rivera
 Si los populares se dejan en el camino 9,73 puntos y el partido naranja mejora sus resultados en 13,6, esta claro que, de la mano de Inés Arrimadas, Albert Rivera también está pescando en el caladero electoral del PSOE, que no por casualidad cae a la tercera posición, perdiendo 3 puntos, al pasar del 22,7 certificado por las urnas en junio de 2016 al 19,7 que le atribuye el sondeo de Sigma Dos. Por su parte, Unidos Podemos, que no hace mucho parecía estar en caída libre, atempera su retroceso y pasaría del 21,1 al 18,4 por ciento. De admitir que parte del voto perdido por Podemos esta yendo a parar al PSOE, se llegaría a su vez a la conclusión de que el trasvase de voto socialista hacia Ciudadanos es superior a los tres puntos perdidos por el partido de Pedro Sánchez.

 Por otro lado, el sondeo confirma que el procés, sin ninguna duda el factor que ha sacudido el tablero político, ha desnivelado bruscamente hacia la derecha el centro de gravedad de la política española. En las elecciones de 2016 la suma de PP (33,03) y Ciudadanos (13,1) alcanzó el 46,13 de los votos, mientras el PSOE (22,7) y Unidos Podemos (21,1) sumaron el 43,8. Dicha diferencia (2,33 puntos) se ha disparado ahora casi hasta los doce, al llegar los primeros a los 50 puntos y descender los segundos al 38,1. Una correlación que aleja del horizonte la posibilidad de una futura coalición de izquierdas, esa que el ínclito Alfredo Pérez Rubalcaba se permitió denominar como un “gobierno Frankestein”.

Ciudadanos, un partido “atrápalotodo”.- Como ya se ha apuntado, lo preocupante para el PSOE es que la desacomplejada derechización de Ciudadanos –se comenta por sí sola la presencia de su portavoz en el Congreso, Juan Carlos Girauta, acompañando el despliegue de ministros del PP que entonaron “El novio de la muerte” al paso del Cristo de la Legión de la Semana Santa malagueña- no esta siendo obstáculo para que los naranjas, devenidos en un partido “atrápalotodo”, les estén madrugando a los socialistas parte de su electorado tradicional. Además de ello, no hace falta ser adivino para augurar que Pedro Sánchez se va a ver sometido en las próximas semanas a toda una ofensiva política-mediática responsabilizándole de que no se aprueben los nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Pablo Iglesias y Pedro Sánchez
 Parecería obvio que el único partido responsable de que no se aprueben los PGE es el que gobierna, por su incapacidad de recabar y obtener el respaldo parlamentario necesario para ello. Y caso de no lograrlo, dispone de dos opciones, ya sea la de prorrogar los Presupuestos del ejercicio anterior, ya sea la de reconocer que no dispone de los mínimos apoyos para seguir gobernando, procediendo en tal caso a disolver las Cámaras y convocar las pertinentes elecciones generales anticipadas. De ningún modo constituye obligación de la oposición sacar las castañas del fuego a un gobierno en minoría que pretende seguir imponiendo sus postulados ideológicos -en este caso conducentes a una creciente e innegable desigualdad social- y que, para mayor inri, sigue embadurnado por los innumerables casos de corrupción localizados en sus filas.

 Pero, o mucho me equivoco o vamos a asistir a una ofensiva como la referida, muy similar a la que tuvo que soportar el propio Pedro Sánchez para el que el PSOE permitiera con su abstención la investidura de Mariano Rajoy. Ahora va a consistir en responsabilizar a los socialistas y a Podemos de que no se pueda aplicar la subida de las pensiones (raquítica a más no poder) o el incremento salarial de los funcionarios pactados entre el PP y Ciudadanos. De hecho, los dirigentes de ambos partidos ya tienen en su argumentario ese reproche tan tramposo y falaz, ya que una eventual prórroga presupuestaria permitiría aplicar perfectamente, vía decreto, esas y cualquier otra medida similar.

Una comunidad doblemente “incumplidora”.- Y a esa corriente se va a sumar, de hecho ya lo viene haciendo, el gobierno zombi de Juan Vicente Herrera, para el que la no aprobación de los nuevos Presupuestos del Estado puede resultar especialmente calamitosa por las razones ya expuestas aquí la pasada semana: el agujero que contienen los Presupuestos de la Comunidad de 2018 al haber inflado artificialmente el capitulo de ingresos con unos incrementos de las entregas a cuenta del Estado que en ningún momento estaban avalados y garantizados por el ministerio de Hacienda. 
Pilar del Olmo y Juan Vicente Herrera
Y todo ello cuando hace unos días la consejera de Hacienda, Pilar de Olmo, no tenía mas remedio que reconocer que Castilla y León ha sido la comunidad autónoma que más se ha desviado el pasado año en el cumplimiento del objetivo de déficit, cerrando el ejercicio con un 0,95 por ciento sobre el PIB, un 0,35 por encima del 0,60 fijado en su día por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Traducido a euros contantes y sonantes ello significa que la Junta ha gastado en 2017 cerca de 200 millones de euros más de lo estipulado, desmintiendo de un plumazo ese mantra de “comunidad cumplidora” con el que tanto ha presumido en materia de déficit público.

 Incumplimiento del límite del déficit e incumplimiento asimismo de la ratio de endeudamiento, ya que al mismo tiempo se ha conocido otro dato no menos esclarecedor, cual es que la deuda pública de la comunidad se incrementó en 2017 un 4,9 por ciento, pasando de 11.316 a 11.870 millones, cuantía equivalente al 20,8 por ciento del PIB autonómico, porcentaje un punto por encima del tope del 19,8 por ciento autorizado por el ministerio de Hacienda. En el año 2001, en el que Herrera accedió a la presidencia de la Junta, la deuda pública de la comunidad se cifraba en 1.270 millones, el 3,3 por ciento del PIB de entonces.

No es ninguna exageración calificar de extremadamente onerosa la herencia financiera que va a legar el todavía presidente de la Junta cuando concluya su etapa, bien sea anticipadamente o tras las elecciones autonómicas de junio de 2019. Una hacienda autonómica hipotecada para varias generaciones a la que se suma el pesado lastre político que esta suponiendo ya para esta comunidad, no solo para el PP, la permanencia del gobierno zombi amachambrado a la Junta.