Constataciones sobre el expolio y almoneda de las Cajas

  Confieso que me ha dado mucha pereza volver a abordar el desdichado capítulo del expolio y la almoneda de las extintas Cajas de Ahorro de Castilla y León, pero ante las “no conclusiones” de la comisión parlamentaria que ha intentado investigar en las Cortes las causas de su liquidación, me quedaría con cara de imbécil si no realizara algunas consideraciones al respecto.

 Pese al indecoroso pacto alcanzado entre el PP y el PSOE para taparse juntos sus vergüenzas limitando el alcance de dicha investigación parlamentaria, el desarrollo de la misma ha permitido constatar el mangoneo/mamoneo de que fueron objeto las desaparecidas cajas por parte de ambos partidos, que, en ocasiones en comandita con algún otro de carácter minoritario, caso de la Unión del Pueblo Leonés, y de determinados sindicatos, mayormente UGT, coparon los Consejos de Administración, contribuyendo por acción y omisión a la quiebra de las desaparecidas entidades de ahorro. Y esto es incuestionable por mucho que se haya tratado, especialmente por parte del PP y de la Junta, de achacar exclusivamente dicha quiebra a la fatídica conjunción de la crisis financiera global y de la burbuja inmobiliaria española.

Juan Vicente Herrera y Óscar López

Dejo aquí los siguientes apuntes.

1.- El falaz mantra de la crisis financiera y de la burbuja inmobiliaria.  Constituye toda una falacia, ya que de lo contrario se hubieran arruinado todas las Cajas. Y no ha sido así. Las que estaban correctamente gestionadas no solo han sobrevivido, sino que han conseguido crecer gracias al naufragio de las liquidadas víctimas de su desastrosa gestión. Sin ir más lejos, es el caso de la andaluza Unicaja, que se quedó a precio de saldo con Caja España y Caja Duero. La aragonesa Ibercaja, que engulló entre otras a la del Círculo Católico de Burgos, es otro ejemplo.

 Y una cosa más. También era falaz vincular tamaño y supervivencia. Ahí están para corroborarlo cajas como las de Pollensa y Onteniente, que siguen vivitas y coleando.

2.- La fusión promovida por Juan Vicente Herrera y Óscar López agravó la quiebra de Caja España y Caja Duero. Se ha pretendido responsabilizar del desaguisado a las resistencias provincianas a la constitución de la gran Caja única de la comunidad promovida conjuntamente por la Junta y el PSOE, eso que Herrera y López dieron por llamar la potenciación del músculo financiero.

 Lo cierto y verdad que, pese a esas resistencias, PP y PSOE sacaron adelante la fusión de Caja España y Caja Duero, que sumaban el 60 por ciento de los recursos captados por las seis cajas (45.000 de un total de 75.000 millones de euros).

Y la fusión Caja España-Caja Duero (banco CEISS) resultó un verdadero fiasco, sencillamente porque la suma de dos cajas arruinadas solo podía conducir a otra doblemente arruinada. Para colmo, Herrera y López no tuvieron mejor ocurrencia que colocar al frente del banco CEISS a Evaristo del Canto, cuya nefasta gestión terminó de dar la puntilla al invento. Tras la pérdida de más de 3.000 de puestos de trabajo y el cierre de mas de medio millar de oficinas, la escabechina laboral colea aún hoy en Unicaja, que  recientemente anunció un nuevo ERE para seguir reduciendo plantilla.

Rodrigo Rato

3.- La Junta entregó Caja Segovia y Caja Ávila a Rodrigo Rato. Herrera y López no pudieron doblar el brazo a Caja Burgos, Caja Segovia y Caja Ávila, pero consistieron que las tres fueran absorbidas por entidades financieras de otras comunidades. De hecho, PP y PSOE modificaron la legislación autonómica para otorgar a la Junta la capacidad de vetar las fusiones con cajas de otras comunidades.

Dicha prerrogativa permitía  abortar el propósito de Caja Segovia y Caja Ávila de fusionarse con Caja Madrid. Pero irrumpió en escena Rodrigo Rato y tras una comida con Herrera en un restaurante madrileño, la Junta dio el níhil óbstat a dicha fusión. De igual forma, tampoco se opuso a la integración de Caja Burgos en Banca Cívica (posteriormente absorbida a su vez por Caixabank).

4.- La Consejería desatendió por completo sus obligaciones de control. El PP y la Junta desvían la atención hacia el Banco de España y, en el caso de las participaciones preferentes, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, olvidándose del flagrante incumplimiento de sus competencias en la materia. La Junta disponía de un representante en la Comisión de Control de cada Caja, órganos que, según ha quedado palmariamente acreditado en las comparecencias ante la comisión parlamentaria, no controlaban absolutamente nada.

Santos Llamas y José María Arribas

 Otra de las competencias que tenía la Consejería era la de autorizar los préstamos concedidos a los consejeros de las propias Cajas. En virtud de la misma, la Junta no puso ningún inconveniente a los multimillonarios y fallidos créditos concedidos a las empresas de los presidentes de Caja España, Santos Llamas, y Caja Burgos, José María Arribas. La consejería daba el visto bueno a las solicitudes sin analizar sus condiciones ni evaluar sus riegos.

 Podría seguir, pero lo anterior es suficiente por hoy para acreditar la incuestionable responsabilidad política del gobierno de Juan Vicente Herrera y del PSOE de Óscar López en el proceso de expolio y almoneda de las extintas Cajas. Un proceso que lamentablemente no ha tenido las consecuencias penales que merecía.

Resulta especialmente escandaloso que los responsables del sinfín de tropelías perpetradas en Caja España y Caja Duero se hayan ido de rositas. Pero ya hemos visto como actúa la Justicia cuando los poderes financieros están por medio. No obstante, gracias a las denuncias formuladas originalmente por la desaparecida UPyD, están pendientes de juicio oral los casos referentes a las indemnizaciones millonarias de los ex directivos de Caja Segovia y a los créditos al ex presidente de Caja Burgos. 

Y siguen pendientes de sendos recursos interpuestos por IU el caso Navicoas (Caja Segovia) y el de los créditos de Caja España a Santos Llamas. IU, personada asimismo como acusación particular en el caso de las indemnizaciones de Caja Segovia, tiene recurrido ante el Tribunal Constitucional el archivo judicial del caso Navicoas. De igual forma, la coalición ha recurrido ante el Supremo el sorprendente carpetazo dado por la Audiencia Provincial de León al caso Santos Llamas.

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