Para lo que les queda en el convento...

  En su extenuante mandato al frente de la Junta, no es la primera vez que Juan Vicente Herrera se hace el remolón para aplazar la presentación en tiempo y forma de los Presupuestos de la Comunidad para el ejercicio siguiente. En otoño de 2016, dejó pasar el plazo límite establecido en el Estatuto de Autonomía -15 de octubre- con la excusa de que el ministerio de Hacienda, entonces cosa de Cristóbal Montoro, no le facilitaba la cuantía de las entregas a cuenta destinadas a Castilla y León en los Presupuestos Generales del Estado de 2017.

Pilar del Olmo y Juan Vicente Herrera

La citada excusa no fue óbice para que la mayor parte de las comunidades presentaran, aunque fuera con algún retraso, sus nuevas cuentas antes de que finalizara aquel año. Por el contrario, el gobierno Herrera decretó una prórroga del Presupuesto de 2016 y hasta el mes de abril no presentó en las Cortes el de 2017, que no fue aprobado hasta el 23 de junio. De esa forma, dicha prórroga se prolongó durante todo un semestre a lo largo del cual la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, consumada experta en contabilidad creativa e ingeniería presupuestaria, hizo mangas y capirotes con las cuentas de la comunidad.

 Del Olmo, consejera desde 2003, había experimentado dichas mañas en 2012, primera ocasión en la que Juan Vicente Herrera incumplió la obligación legal de presentar su proyecto presupuestario en el plazo establecido. Con la excusa de que no le resultaban fiables los Presupuestos Generales del Estado aprobados por el gobierno Zapatero, Herrera demoró lo que le vino en gana los de Castilla y León, que no fueron aprobados hasta el mes de julio. Para mayor inri, la Junta aprovechó la circunstancia para colar de matute -eso sí, con la connivencia del PSOE de Julio Villarrubia y el silencio cómplice de los agentes del llamado Diálogo Social- aquella vergonzante amnistía fiscal bautizada como el  “pacto de la coronita”. (Seis años después, seguimos sin conocer cuantas decenas de millones de euros dejó de ingresar la Hacienda autonómica en plena crisis a causa de ese generoso regalo fiscal).

Alfonso Fernández Mañueco

 Si bien alega excusas similares, el vigente incumplimiento de sus obligaciones presupuestarias obedece a otros motivos. La verdadera razón es mucho más prosaica: el gobierno zombi que preside Herrera ha pensado que para lo que les queda en el convento no se van a molestar en trabajar en un nuevo Presupuesto que ni siquiera van a tener oportunidad de ejecutar. Y es así porque, celebrándose el 26 de mayo las próximas elecciones autonómicas, el ejecutivo que preside entrará en funciones a primeros de abril. Y para mayor relax, se ahorran el engorro de tener que negociar un año más el apoyo de Ciudadanos a las cuentas de la comunidad.

Si no estuviera en tan agónica situación, el gobierno Herrera habría presentado este otoño sus Presupuestos con toda normalidad, como lo han hecho otras comunidades, entre ellas la gallega que preside Alberto Núñez Feijóo. También lo hubiera hecho si el presidente autonómico del PP y nuevo candidato del partido a la presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se lo hubiera pedido. Pero se ve que el horno de la bicefalia no está para esos bollos y Mañueco ha descartado completamente esa baza, juntándose así la desidia de uno con el inmovilismo del otro.

Y si Herrera y Mañueco pasan, cada uno por su lado, de que la Junta presente unos nuevos Presupuestos, no era de esperar que el PSOE, Podemos o IU se lamentaran de que el PP renuncie a jugar la carta de unas cuentas electoralistas. De hecho, hasta que el consejero de Educación, Fernando Rey, no ha hecho saltar la alarma sobre las tasas universitarias, ninguno de ellos ha tenido a bien reclamar al gobierno Herrera que se deje de excusas y cumpla con su obligación presupuestaria. A la postre, el único partido realmente interesado en que hubiera Presupuestos es Ciudadanos, y no por otra cosa que la de vender, máxime en año electoral, las concesiones supuestamente arrancadas a la Junta a cambio de prestar en las Cortes el apoyo necesario para su aprobación.

Fuentes (Ciudadanos) y  Tudanca (PSOE)

 Más allá de los intereses electoralistas de unos y otros, la carencia de unos nuevos Presupuestos ocasiona un grave quebranto a la ya de por sí precaria situación socio-económica de la comunidad. Los perjuicios ocasionados son irreversibles. Para empezar, queda paralizada la inversión en nueva obra pública en 2019, así como la reversión de los recortes sociales que a lo largo de la crisis han venido deteriorando los servicios públicos esenciales, deterioro que en el caso de la Sanidad sigue agravándose a fecha de hoy hasta extremos cada vez más insoportables.

UGT ha advertido que la falta de nuevos Presupuestos ralentizará el plan regional de empleo y otros acuerdos alcanzados en el seno del Dialogo Social y, coincidiendo con la defunción del carbón, seguirán sin adoptarse las medidas de choque inaplazables para encarar de una vez la lacra de la despoblación. Y por supuesto se seguirá incumpliendo el mandato legislativo de recuperar el Plan de Convergencia Interior destinado a combatir los desequilibrios territoriales internos, plan que se había condicionado al crecimiento del PIB regional por encima del 2 por ciento, requisito que se viene dando desde 2015.

En definitiva, la prórroga de los Presupuestos de 2017 supone tanto como  dar por oficiosamente liquidada la actual e infructuosa Legislatura, dejando que la comunidad autónoma vegete hasta mediados de julio de 2018, momento en el que se constituirá el nuevo gobierno autonómico resultante de las elecciones de mayo. Será el último flaco servicio prestado a Castilla y León por Juan Vicente Herrera después de 18 interminables años presidiendo la Junta.

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