lunes, 4 de febrero de 2019

Depredadores hasta en "los minutos de la basura"

 A poco más de tres meses de que comience la campaña electoral propiamente dicha -en precampaña andamos ni se sabe desde cuando-, con un presidente “pato cojo” y un gobierno zombi en la Junta, lo que le queda a la actual Legislatura autonómica podría considerarse eso que en el baloncesto llaman “minutos de la basura”. 
Sin embargo, no es prudente relajarse, ya que el PP quiere apurar la actual correlación de fuerzas en las Cortes para perpetrar antes de perder su privilegiada situación alguna nueva  “fechoría” legislativa de esas que atropellan el sentido común y el interés general e hipotecan a quien venga detrás si resultase que el sucesor de Juan Vicente Herrera no fuera su entrañable compañero de partido Alfonso Fernández Mañueco.


Manifestación en Ávila contra la minería invasiva
 Es el caso de esa reforma de la Ley de Urbanismo de Castilla y León que modifica bruscamente la normativa vigente en materia de minería no energética, levantando las actuales restricciones que impiden esas actividades extractivas en suelo calificado rústico y obviamente en espacios protegidos.
 Y ello además pasándose por el forro el principio de autonomía municipal, al privar a los ayuntamientos afectados de las competencias sobre la actividad minera, evitando así que bloqueen este tipo de proyectos, por muy lesivos que resulten para otros sectores como el ganadero o el turístico, amén de su fuerte impacto medioambiental y paisajístico, como sucede con los que han suscitado un clamoroso rechazo vecinal en la provincia abulense (plataformas contrarias a los proyectos mineros en la Sierra de Ávila, la Sierra de Yemas y el valle del Corneja).

 Una reforma legislativa tramposa que recuerda a otras varias perpetradas en el pasado, tales como las que dieron luz verde al engendro de la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, la que pretendía legalizar la ilegal pista de esquí artificial en Villavieja del Cerro (Tordesillas), ambas tumbadas por el Tribunal Constitucional, u otras sobre vertederos (perdón, centros de tratamiento de residuos) igualmente vapuleadas por los tribunales. 
La misma suerte judicial correrá probablemente esta grosera modificación de la Ley de Urbanismo, pero para cuando quieran llegar las sentencias correspondientes el daño ya será irreversible, como ha ocurrido con los ejemplos antes señalados, en los que la Junta en el primero y la Diputación de Valladolid en el segundo, han enterrado una pila de millones de los contribuyentes.

Carlos Martín Tobalina y Pilar del Olmo
 A no ser que el PP, que necesita al menos la abstención de un procurador de las Cortes, no encuentre ese cooperador necesario. (Habrá que ver si Ciudadanos, que con la abstención de cuatro de sus cinco procuradores, apoyó en diciembre pasado la toma en consideración de la proposición de ley, mantiene hasta el final su complicidad inicial, de la que ha pretendido inútilmente desmarcarse la procuradora abulense, Belén Rosado, creyendo que con ello no va a sufrir el coste electoral que tendría en su circunscripción esta iniciativa del PP, el cual tampoco se va a ir de rositas, al proporcionar una inmejorable coartada a la proyectada fuga del presidente de la Diputación, Jesús Manuel Sánchez Cabrera).

  El PP de Fernández Mañueco -aquí Herrera va de mero acompañante, ya que no tendrá tiempo de autorizar las futuras licenicas- no ha ocultado alguno de los proyectos especulativos que se afana en favorecer, entre ellos dos promovidos por Siemcalsa, chiringuito público de la Junta presidido por el viceconsejero de Economía, Carlos Martín Tobalina, número dos de la consejera Pilar del Olmo. Se trata del yacimiento polimétalico (cobre, zinc, plata, estaño y wolframio) investigado en Otero de Herreros (Segovia) y de la mina subterránea de wolframio y estaño de Calabor (Zamora), explotación esta última adjudicada por Siemcalsa a la multinacional canadiense Almonty.

Asimismo, se pretende remover los obstáculos que han impedido explotar dos yacimientos ubicados en El Bierzo: La mina de plomo y zinc localizada en Toral de los Vados y Borrenes y la antigua explotación de hierro de Coto Wagner (Molinaseca y Castropodame), la segunda promovida por Intauxma, sociedad de la que es titular el magnate (espero que el autocorrector no altere el orden de la g y la ene y añada por su cuenta una segunda ene antes de la t) Victorino Alonso.

Victorino Alonso en el banquillo de una vista judicial
 A decir verdad, esta irrefrenada pasión por la minería a costa de hipotecar el desarrollo sostenible que pide a gritos esta declinante comunidad autónoma, es perfectamente coherente con el incondicional y harto sospechoso apoyo prestado por la Junta a la gigantesca, destructiva y peligrosa explotación de uranio a cielo abierto promovida por la multinacional australiana Berkeley en el municipio salmantino de Retortillo. Como lo es con su descarada apuesta a favor del fracking, de la que no abjuró hasta que las multinacionales interesadas en su explotación en Castilla y León decidieron abandonar los proyectos por falta de rentabilidad.

Recuerdo la encendida defensa de la llamada fractura hidráulica realizada en las Cortes por el ex procurador y actual senador por Burgos Arturo Pascual y el papelón del también ex procurador y alcalde de Arcos de Jalón, Jesús Ángel Peregrina, quien, después de haber declarado en 2012 dicha localidad como “municipio libre de fracking”, quince meses después votó en el hemiciclo autonómico en contra la propuesta de que esa misma declaración se extendiera a todo el territorio de Castilla y León.

 Por no hablar de los perniciosos efectos sociales y medioambientales de las macrogranjas ganaderas, cuya proliferación, incesante en el sector gorrinero, supone otro gravísimo atentado contra ese desarrollo racional y sostenible continuamente amenazado por las políticas de la Junta, lamentablemente en algún caso, como el de la supermegavaquería de Noviercas, con el apoyo del PSOE, al menos de sus dirigentes sorianos… Añadan a ello esos invasivos proyectos mineros en los que tan interesado está el PP -el proyecto de Coto Wagner pretende extraer 2,5 millones de toneladas de hierro anuales- y Castilla y León lo que acabará declarándose es territorio devastado…