Casi como si comparecieran para la prensa del corazón. Así se mostraron el pasado viernes el presidente de la Junta y del PP de Castilla y
León, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente único
de su gobierno y fracasado aspirante a suceder al desaparecido Albert
Rivera al frente de Ciudadanos, Francisco Igea. Un
año después del matrimonio de conveniencia pactado para cohabitar
el Colegio de la Asunción, la pareja proclamaba su amor, se piropeaba
mutuamente casi hasta el empalago y se prometía fidelidad hasta el
final de la legislatura.
Fonsi
y Paco han querido compartir su inmensa dicha con castellanos y
leoneses. Quieren que sepamos que aquellos recelos iniciales que
presagiaban una relación tormentosa, tal que la tienen en la
comunidad de Madrid la presidenta Díaz Ayuso y el
vicepresidente Aguado, no solo se han disipado, sino que han
dado paso a un idilio inmarchitable.
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| Paco Igea y Fonsi Mañueco |
Ahora
dicen los tortolitos que el vínculo se fortaleció en la dificultad
de la crisis del Covid. Pero lo cierto es que, nada mas instalarse
en sus despachos, no perdieron el tiempo en prolegómenos.
Inmediatamente se aplicaron al tema, y acordaron aumentar de 80 a 93 el
número de altos cargos, así como duplicar el cupo de personal de confianza
contratado a dedo, eso sí, tratando de ocultar esto último.
Antes
de tomarse vacaciones, PP y Ciudadanos encumbraron a Javier Maroto
como senador por la comunidad autónoma, y, tras el paréntesis
veraniego, la Junta recolocó las delegaciones territoriales a dos de presidentes provinciales del PP caídos en las elecciones
municipales, caso del leonés Juan Martínez Majó y de la
soriana Yolanda de Gregorio, respescando a su vez para la de
Palencia al ex senador José Antonio Rubio Mielgo, que
se había quedado fuera de la lista al Senado en las anteriores
elecciones generales. De paso, hizo un apaño en Zamora consistente en
nombrar delegada a Clara San Damián para que ésta pudiera
dejar el escaño del Senado a la ex presidenta de la Diputación,
Mayte Martín Pozo, que se había pegado el mayor trompazo de
su carrera al intentar desbancar a Francisco Guarido de la
alcaldía de Zamora.
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| Ana Carlota en su toma de posesión |
“Hemos
trabajado de forma perfectamente coordinada y sincronizada”,
ha resaltado la pareja en el primer aniversario de su feliz
convivencia. Se referían a la repuesta de la Junta ante la
adversidad de la pandemia, pero la frase puede aplicarse a esa
desenfrenada ocupación del Poder, ejecutada con una obscenidad
desconocida en los 30 años de gobierno monocolor del PP . Y lo de
menos es que llamen amor a lo que es sexo y solamente sexo (y a veces bordeando el hard sex). Lo de más -otra vez el dedo y la luna- es en
qué se han beneficiado los castellanos y leoneses de esta tórrida
relación entre el presidente y vicepresidente de la Junta.
Y
el balance de gestión del primer año de cohabitación, no puede ser, antes y después de la pandemia, más desolador para los sufridos
ciudadanos de esta sufrida comunidad.
En primer lugar, pese a esa cacareada
cohesión interna y a que cuenta con mayoría parlamentaria, el
tándem Mañueco-Igea (así habrá que denominarlo a partir de ahora,
tanto monta monta tanto) ha sido incapaz de cumplir el primer deber
de todo gobierno: Presentar en tiempo y forma su Proyecto de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma. Incumplimiento a la sazón de
una obligación estatutaria que ha provocado que la Junta se rija a
mediados de 2020 por una segunda prórroga de los Presupuestos de
2018, con todos las limitaciones y perjuicios que ello conlleva. El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, se ha pasado el año atendiendo, solícito, todo tipo de encargos -alguno tan alejado de sus competencias como el de ordenar la obligatoriedad del uso de las mascarillas-, mientras ha pasado olímpicamente de cumplir su principal cometido.
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| Carlos Fernández Carriedo |
En
segundo lugar, ensimismados en el disfrute del Poder, han ignorado por
completo los dos grandes problemas estructurales de Castilla y León,
que no son otros que la despoblación y los no menos alarmantes
desequilibrios territoriales internos. Ni siquiera ha sido capaz de
cumplir el único punto dedicado a ambos problemas en el pacto que
franqueó la investidura de Herrera, la constitución de un grupo de expertos independientes que en el plazo de un año emitiera un informe con propuestas de actuación (punto 78).
Ha
pasado un año y dicho grupo sigue sin crearse. La competencia
sobre despoblación ha pasado desde Empleo a la consejería que
gestiona Igea y solo sabemos que la Junta quiere cargarse el
requisito de la mayoría parlamentaria cualificada para imponer los
mapas rurales de la Ordenación Territorial. Y entretanto, PP y
Ciudadanos han rechazado en las Cortes la recuperación del Plan de
Convergencia Interior que debía tratar de corregir los
desequilibrios territoriales.
La
pandemia hizo su aparición días después de que la Junta pusiera en
marcha en la comarca de Aliste un plan piloto de una reforma de la
atención primaria que desencadenó la alarma en el medio rural,
consciente que, de llevarse a efecto, supondría la muerte por
inanición de la inmensa mayoría de los 3.600 consultorios locales.
Dicha reforma ha quedado a expensas del el nuevo modelo de Sanidad
Pública que se negocia entre los grupos parlamentarios, pero Igea y
su consejera delegada, Verónica Casado, no renuncian a volver
a la carga si la negociación concluye sin un acuerdo que lo impida. Y
acongojado por la falta de liquidez de las arcas autonómicas, el
gobierno Igea-Mañueco decidía suspender provisionalmente la que era
su medida-estrella, la supresión del Impuesto de Sucesiones y
Donaciones, “regalo fiscal” simplemente
pospuesto hasta que la situación financiera lo haga menos
impresentable.
Sobre
la gestión sanitaria de la pandemia pesa especialmente el desastre
acaecido en las residencias de ancianos, la inmensa mayoría de
ellas, tanto privadas como públicas, abandonadas a su suerte por las
consejerias de Sanidad y Familia, responsables de unas instrucciones conjuntas privando a los
residentes de su derecho a recibir la misma asistencia hospitalaria
que el resto de los ciudadanos. Este y otros oscuros puntos de la
gestión de la pandemia que no son para sentirse orgullosos no son
objeto de la menor autocrítica de la Junta y, lo que mas insólito,
apenas han recibido el reproche del PSOE de Luis Tudanca,
que, al firmar el infumable pacto para la reconstrucción, ha
abdicado de su imprescindible deber de oposición.
En
plena pandemia, con un aluvión de ERTEs presentados, al bipartito
PP-C´s le estalló la dimisión de Germán Barrios,
uno de los pocos consejeros solventes del gobierno autonómico. Su
sustitución por la amiga Ana Carlota ha dado vía libre a la
voladura del Diálogo Social que su mentor, el inevitable Igea, tiene
entre ceja y ceja desde que llegó a sus cargos. La ruptura unilateral
del acuerdo sobre las ayudas complementarias a los trabajadores
incluidos en ERTEs ha abierto una crisis sin precedentes entre la
Junta y los sindicatos, cuya relación ya estaba deteriorada por el
incumplimiento de la reposición de la jornada de 35 horas a los
85.000 empleados públicos de la Administración Autonómica.
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| Isabel Blanco y Verónica Casado |
A
todo esto, según los datos ofrecidos por la propia Junta, las
victimas mortales por Covid o causas compatibles se elevan a estas alturas en Castilla y León a 5.037. A saber, 2.066 fallecidos en los
hospitales, 1.726 en residencias de ancianos y otros 1.245 en sus
propios domicilios. Lo cual, siendo seguramente muy doloroso para
ellos, no evita que Fonsi y Paco se muestren felices y sigan con su festín de perdices...
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