Abocados al parecer sin remedio a unas
elecciones autonómicas anticipadas en Castilla y León, plazos en mano el calendario
ofrece dos hipótesis alternativas. La primera que sean convocadas en el inminente
mes de octubre para su celebración como muy tarde a mediados de diciembre. La
segunda, que la disolución de las Cortes se demore hasta después de Navidades
(en todo caso antes del 11 de marzo, fecha a partir de la cual el PSOE está
facultado para presentar una segunda moción de censura), en cuyo caso
acudiríamos a las urnas a lo más tardar el primer domingo de mayo.
La primera de las hipótesis sigue estando muy supeditada
a un eventual adelanto electoral en Andalucía a cuyo rebufo se engancharía el
presidente Fernández Mañueco, que, careciendo de mayoría absoluta y con
la que tiene liada en el seno de su gobierno con el dúo Igea-Casado,
siempre podrá aducir la carencia de esa estabilidad de gobierno que invoca para
agotar la Legislatura. La segunda opción no tiene vuelta de hoja, ya que ofrece
la coartada perfecta para que el PP se desprenda de unos socios desahuciados
electoralmente y obtenga a costa de su fagocitación en las urnas una amplia
mayoría parlamentaria, como mínimo similar a la obtenida por Isabel Díaz
Ayuso.
Con todos los focos puestos en ese adelanto
electoral y el vuelco político que augura, apenas se repara en sus
repercusiones sociales y económicas para una comunidad autónoma que lleva
décadas sumida en un creciente declive.
Cuatro meses de interinidad.- De entrada, un proceso electoral conlleva una situación de interinidad política y
administrativa aproximadamente de cuatro meses, los que transcurren desde la
convocatoria hasta la toma de posesión del nuevo gobierno resultante. Y si hay
un momento especialmente inoportuno para abrir ese paréntesis, ese es el
actual, justo, cuando superado lo peor de la pandemia y restablecida a toda
marcha la normalidad, es la hora de concentrar todos los esfuerzos en la
recuperación social y económica y en la gestión con criterio y eficacia del
maná de los fondos caído del cielo europeo.
Casado, Mañueco y Ayuso
Para empezar, no habría lugar a presentar y
tramitar los Presupuestos de la Comunidad para 2022, los cuales deben adaptarse
al nuevo escenario macroeconómico e incorporar esos nuevos recursos de la Unión
Europea. Perdida la mayoría absoluta, PP y C´s tan solo necesitan sumar un voto
ajeno para sacar adelante unas nuevas cuentas, lo que no parece muy difícil
dada la disposición negociadora del “Partido por Ávila”, cuyo único procurador,
Pedro J. Pascual, ya aprobó los Presupuestos vigentes, a cambio, claro
está, de determinadas inversiones en su provincia. A diferencia de Andalucía,
donde Vox tiene capacidad para bloquear su aprobación, dotarse de unos nuevos
Presupuestos no parece a priori un problema insalvable para el gobierno
Mañueco.
Si se disuelven las Cortes en octubre se irá
al garete el compromiso contraído por la Junta con ocasión de la Conferencia de
Presidentes de Salamanca de establecer un consenso sobre los criterios de
aplicación y distribución de los nuevos fondos europeos. A tal efecto, la
consejería de Economía mantiene abierto un grupo de trabajo con los partidos
políticos, en el que los socialistas han planteado la necesidad de convocar a
Alcaldes y Presidentes de Diputación, a fin de que ayuntamientos y Diputaciones
participen activamente en este proceso. El consejero, Carlos Fernández
Carriedo, aspira a que lleguen a Castilla y León 5.000 millones, 1.500 de
los cuales ya están plenamente confirmados.
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| Manifestación ayer en Segovia contra la reforma Casado |
En el limbo quedaría obviamente el compromiso
de devolver la atención presencial médica y de enfermería a todos los centros
de Salud y consultorios locales de Castilla y León, algo a lo que se resiste la
consejera Casado por más que el presidente le reitere dicho mandato.
Lejos de afrontar un debate de
comunidad sobre el modelo sanitario en Castilla y León, ni que decir tiene que
si se disuelven las Cortes la Sanidad se convertirá en el gran arma arrojadiza
dentro del pandemónium propio de cada campaña electoral.
Con la
disolución de las Cortes decaerían per se todas las iniciativas legislativas en
tramitación y las cuatro comisiones de investigación actualmente abiertas. A
las creadas sobre los fondos de la minería y la distribución de la chequera
mediática de la Junta nadie las echaría en falta, dada su absoluta inutilidad.
La que intenta esclarecer lo ocurrido sobre la trama eólica y otros asuntos
turbios (Perla Negra, no Polígono de Portillo, etc) asociados a gobiernos de Juan
Vicente Herrera sufriría su segundo coitus interruptus, ya que se creó por
primera vez hace dos legislaturas, y la que se acaba de crear para investigar
los letales efectos de la pandemia en las residencias de ancianos (4.174
fallecidos a esta fecha) quedaría prácticamente inédita.
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| Residencias: A la espera de una nueva Ley |
La Junta seguiría gobernando con unos
Presupuestos prorrogados que tienen su gran Talón de Aquiles en el coste de la
Deuda Pública, que entre amortizaciones e intereses se come el 11,58 por ciento
de los ingresos, 1.423 millones, gasto solo superado por el de las Consejerías
de Sanidad y Educación. Los 13,000 millones de deuda que arrastramos equivalen
ya al 24 por ciento del PIB.
Eternos retos pendientes.- La
Legislatura se interrumpiría sin haber abordado ninguna estrategia contra la
Despoblación y, lo que es peor, sin haber hecho los deberes para aprovechar los
10.000 millones de euros asignados a España para un Plan de Medidas ante el
Reto Demográfico. Por si fuera menor la sangría poblacional sufría desde 2.010
(177.000 habitantes menos), la pandemia se ha cobrado más de 11.500 vidas.
Y qué decir de la pasividad
ante los desequilibrios territoriales internos, de la que buena idea la renta
per cápita provincial, toda una escalera que va del 112 por ciento sobre la
media estatal que registra Burgos al 74,8 por ciento de Zamora, con todas las
demás provincias del Oeste (León, Salamanca y Zamora) compartiendo la cola.
Pasadas las Navidades, los
estragos de unas elecciones anticipadas se verían bastante atenuados. Habría
habido tiempo para aprobar los Presupuestos de la Comunidad para 2022, encauzar
con racionalidad los nuevos Fondos Europeos y afrontar la senda de la
recuperación económica sin la convulsión política de una campaña electoral.
Pero nada de esto importa. La fecha de las elecciones se atendrá exclusivamente
a lo que convenga a Pablo Casado en su estrategia por conquistar La
Moncloa. Caiga en noviembre o caiga en abril.
(Publicado en elDiario.es Castilla y León)