Sus señorías con escaño en el mausoleo de Villa del Prado y el gobierno PP/Vox echaron ayer la mañana debatiendo el informe anual del Procurador del Común, que, como de costumbre, puso ante el espejo la gestión de los servicios públicos que presta la Administración Autonómica, que en la práctica están lejos de alcanzar el grado de eficiencia y calidad de las que presumen los gobernantes autonómicos cada vez que se les reprochan las deficiencias de la Sanidad, la Educación y otras materias de su competencia.
Como no podía ser de otra forma, salió a colación el estado de bloqueo en que se encuentra la renovación del Procurador y de las otras tres instituciones propias de la comunidad, los Consejos Consultivo y de Cuentas y el Consejo Económico y Social. Aunque el socialista Luis Tudanca no lo recuerde, no es la primera vez que dicha renovación se dilata sin motivo alguno. La novedad es que en otras ocasiones el retraso ha sido de mutuo acuerdo entre los dos partidos mayoritarios, mientras que en esta es el PP el que unilateralmente mantiene bloqueada la negociación.
Me da que el retraso se va prolongar hasta que se despeje la decisión que pueda tomar Pedro Sánchez si Alberto Núñez Feijóo sigue bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Si el PSOE y sus socios se deciden a modificar la normativa para rebajar a simple la actual mayoría cualificada, podemos encontrarnos con que el PP y Vox hagan lo propio respecto a las instituciones autonómicas. (Por cierto, hace falta tener un rostro de cemento armado para culpar a Sánchez del bloqueo del CGPJ, como ha hecho Feijóo sin cortarse un pelo en la entrevista-masaje que le practicó el pasado lunes Federico Jiménez Losantos).
Alarmado por el informe de los relatores de la ONU sobre las Leyes de la Discordia con las que ha tragado el PP a cuenta de sus pactos con Vox, desde Génova se ha ordenado ralentizar al máximo la tramitación de las mismas tratando de retrasar su aprobación hasta después de las elecciones europeas.
Trapisonda en Segovia.- En ese mismo propósito del PP de minimizar el coste electoral que le produce su incómodo socio de gobierno, hay que enmarcar la trapisonda política protagonizada estos días por ambos partidos en torno al ayuntamiento de Segovia. El pasado fin de semana los segovianos conocieron a través de la portavoz de Vox el documento firmado el 18 de abril entre ella misma y el alcalde de Segovía, José Mazarías, para dotar de estabilidad al gobierno municipal. El acuerdo conllevaba la incorporación de la ultraderecha al equipo de gobierno, donde asumiría una concejalía de nueva creación. Nada diferente a los pactos de gobierno existentes en otros ayuntamientos de la comunidad, tales como Valladolid y Burgos.
Sin embargo, la dirección nacional del PP hizo sus cálculos electorales y acordó posponer la presentación del pacto hasta después de los comicios europeos, una dilación rechazada por Vox, que ha decidido no esperar más y dar a conocer el acuerdo. Y tres días ha tardado el alcalde Mazarías en explicar, y de forma un tanto confusa, el entuerto, buscando argumentos fútiles para no reconocer que ha sido el retraso impuesto por Génova el detonante que ha hecho saltar el pacto por los aires.
El asunto no ha dejado tampoco en el mejor lugar al secretario autonómico, que no número dos, del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, quien obviamente había autorizado el acuerdo. No se olvide que Vázquez, ex presidente provincial del PP, sigue controlando el partido en Segovia, cuya presidenta, Paloma Sanz, no es mas que una especie de vicaria suya. (En lo de sufrir desaires desde Génova, Sanz tiene sobrada experiencia, ya que, con ocasión de las elecciones municipales de 2019, vio como Pablo Casado le tumbaba sucesivamente los dos nombres que propuso para optar a la Alcaldía de Segovia. El primero devuelto al corral fue precisamente Mazarías y lo del segundo, el ahora delegado territorial de la Junta, José Luis Sanz Merino, todavía fue mas sangrante, ya que supo que se había caído de la candidatura la misma mañana en la que dirigía a Palencia para asistir a la presentación oficial por parte de Casado de los candidatos a las alcaldías de las nueve capitales de provincia. Eso sí, luego fue compensado por Fernández Mañueco con el nombramiento de viceconsejero de Fomento y Medio Ambiente, cargo en el que pasó absolutamente inadvertido).
A todo esto, mientras PP y Vox se afanan en atribuir a Pedro Sánchez presuntas corruptelas cuyo alcance está por demostrar, va a quedar visto para sentencia el juicio sobre el caso Perla Negra-Polígono de Portillo, en el que los principales encausados, los dos altos cargos de la máxima confianza del fallecido Tomás Villanueva, los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández, no han tenido ningún escrúpulo para echarle el muerto al ídem. Una vileza que, a tenor de las conclusiones de la Fiscalía, no parece que les vaya a dar resultado. A estas alturas de la democracia, ni siquiera en el Ejército los subordinados están obligados a guardar “obediencia debida” si las órdenes vulneran la legalidad vigente. Y algo así les dijo la fiscal, recordándoles que, si no compartían las órdenes dictadas por el consejero, tenían la opción de dimitir.
La pregunta sin respuesta es la de por qué no lo hicieron e incurrieron en el rosario de presuntos delitos que les han conducido al banquillo. Por cierto, una de las escasas afirmaciones creíbles de Delgado fue la de asegurar que la entonces consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, estuvo en todo momento al tanto del proceso seguido para alquilar y comprar la Perla Negra. Como presumiblemente lo estuvo Juan Vicente Herrera, quien, si es que no se había enterado por otros medios, fue alertado de lo que se cocía por Pablo Trillo-Figueroa, miembro del Consejo de Administración de Gesturcal, la empresa pública que perpetró la compra del inmueble. Así lo desveló el último en declaración judicial efectuada cuando ocupaba el cargo de delegado territorial de la Junta, lo que obligó a Herrera a convocar con urgencia una rueda de prensa para dar explicaciones -muy poco convincentes- sobre su intervención en torno a tan escabroso asunto.
A Trillo, actual procurador raso en las Cortes, hay quien no le ha perdonado esa “traición”, vetando su incorporación a la dirección del grupo parlamentario popular. Un veto que podría decaer tras las elecciones europeas del próximo mes de junio, a raíz de las cuales, tras la salida del actual portavoz, Rául de la Hoz, hacia Bruselas, Mañueco abordará un obligado reajuste en el grupo parlamentario que pudiera extenderse al actual organigrama de altos cargos del PP en la Junta.
(Publicado en elDiario.es Castilla y León)