Mientras “Sicilia y León”, como quedó definida la “trama eólica”, permanece en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Valladolid -lo mollar de la vista está por llegar-, el gobierno Mañueco ha anunciado su propósito de presentar dentro del plazo establecido, que expira el 15 de octubre, el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026. Se supone que, tal como dispone el Estatuto de Autonomía, el anuncio consiste en registrar en las Cortes dicho Proyecto en tiempo y forma, y no en la engañifa perpetrada el pasado año, cuando en esa fecha el presidente “Fonsi” Mañueco y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, tomaron el pelo al personal presentando en rueda de prensa un denominado “anteproyecto” que nunca llegó al mausoleo parlamentario.
Fernández Carriedo,
ese “eterno-chico-bien-mandado-que-vale-igual-para-un-roto-que-para-un-descosido”,
ha obviado el hecho de que para tramitar el Proyecto presupuestario es
requisito imprescindible que las Cortes aprueben previamente el denominado
“techo de gasto”, del cual a estas alturas se sigue sin tener noticia alguna.
Como ha obviado igualmente que el Partido Popular, que gobierna en minoría con
31 de los 81 procuradores autonómicos, necesita nada menos que el apoyo de
otros 10 para sacar adelante cualquier iniciativa en el mausoleo de Villa del
Prado. Y puede que la oposición, simplemente con su abstención, de luz verde al
“techo de gasto” para privar a la Junta de la coartada con la que
responsabilizaría a los demás grupos de la carencia presupuestaria. Pero donde
le van a esperar al gobierno Mañueco es en la tramitación del Proyecto de Ley,
donde con toda seguridad se va a encontrar con una o varias enmiendas a la
totalidad.
Mañueco y Carriedo, los Fernández en acción.
A cinco meses de las próximas elecciones autonómicas, lo lógico es que Vox, su antiguo socio, saque a colación el “burruño” en el que convirtió Mañueco sus exigencias durante el debate sobre el estado de la comunidad celebrado a finales mes de marzo. Y por su parte, los socialistas ya han adelantado que exigirán otras dos cuestiones harto indigestas incluso para un gobierno que, como el que preside “Fonsi”, ha demostrado disponer de amplias tragaderas. De una parte, que acepte la quita de la deuda propuesta por el gobierno Sánchez; de otra, que renuncie a los acostumbrados regalos fiscales en beneficio de las rentas más altas, empezando por las que vela ese lobbie que es la Empresa Familiar de Castilla y León que ahora preside el antediluviano Isidoro Alanis, el mismo que durante ocho años fuera alcalde del PP en Fuentes de Oñoro (Salamanca). En resumen, que lo de sacar adelante unos nuevos Presupuestos lo tiene el PP en chino mandarín. Otra cosa como resulte la batalla del relato sobre el hecho de que el gobernó Mañueco tenga que prorrogar por segundo año consecutivo las cuentas de la comunidad.
El entuerto de la televisión autonómica privada.- Entretanto, la Junta está obligada a aplicar la reforma de la Ley de Publicidad Institucional (LPI) aprobada por las Cortes el pasado 25 de junio en lo que fue un revés sin precedentes en los 38 años que lleva el PP gobernando -en realidad, malgobernando- esta desdichada comunidad autónoma. En su poder tiene ya el dictamen -no vinculante- solicitado al Consejo Consultivo, que, si bien aprecia deficiencias en la reforma aprobada, reprocha a la Junta que no haya aportado toda la información requerida, y en cualquier caso no exonera al gobierno Mañueco de su obligación de acatar y aplicar el nuevo texto legislativo. Y una de sus disposiciones obliga a la Junta a convocar a primeros de este mes de octubre un concurso para adjudicar de nuevo la licencia de la televisión autonómica.
En una maniobra que delata su descarado trato de favor a la concesionaria del primer concurso, “Castilla y León TV”, la Junta se apresuró a finales de junio -con la reforma ya aprobada, pero antes de que apareciera publicada en el Bocyl- a prorrogar dicha licencia, pero ello tampoco exonera al gobierno Mañueco de convocar el concurso contemplado en el nuevo marco legislativo. Una maniobra esta apresurada prórroga que se añadía a la perpetrada semanas antes, cuando, atendiendo a un acuerdo inducido desde el Colegio de la Asunción, la Comisión de Seguimiento y Evaluación de la Televisión Digital Terrestre, órgano suprimido por la reforma de la LPI, dio su visto bueno a las subvenciones de la Junta correspondientes a este año y el siguiente, en total otros 48 millones de euros a sumar a los 232 recibidos por “Castilla y León TV” desde su puesta en marcha. ¿Qué diría el PP de Núñez Feijóo si el gobierno Sánchez perpetrara tales trapacerías para inyectar dinero público a una empresa privada? Veremos como sale el gobierno Mañueco del entuerto que ha originado.
Gala de la televisión autonómcia de Castilla y León
Y veremos también lo
que deparan las distintas denuncias judiciales presentadas contra actuaciones
de la Junta, ya sea sobre las antedichas subvenciones -concedidas sin disponer
de nuevos Presupuestos- a la compañía privada que explota la televisión
autonómica, ya sea sobre su negligente y posiblemente dolosa gestión de los incendios forestales, ya sea sobre
la autorización de un macrovertedero en León a un grupo empresarial que tuvo empleado
como ejecutivo a un hijo del reprobado consejero Suárez-Quiñones.
Entretanto, los socialistas de Castilla y León han puesto en marcha el proceso para designar su candidato a la presidencia de la Junta en las elecciones de marzo, son que haya surgido ningún aventurero que compita con el secretario autonómico y sempiterno alcalde de Soria, Carlos Martínez, quien será proclamado el próximo 1 de octubre. Su puesta de largo será en torno a mediados del próximo mes en una convención a celebrar en León a la que asistirá el renacido Pedro Sánchez. La proximidad de las urnas, unida a las dificultades que rodean al partido que gobierna la comunidad desde hace 38 años, presagia un intenso otoño político en Castilla y León. Intenso y puede que incluso divertido.
Carlos Martínez