“Unen sus votos para intentar convertir las Cortes de Castilla y León en un plató electoral”. Así se ha manifestado el portavoz del grupo popular, Ricardo Gavilanes, a propósito del acuerdo entre el PSOE y Vox que ha obligado al presidente de la Junta a dar explicaciones sobre la “trama eólica” (“Sicilia y León”, en el banquillo) en la sesión plenaria que celebra esta semana el Parlamento Autonómico. Lo que supone acusar a lo que el PP ha bautizado como “coalición del ruido” de utilizar de forma partidista la institución parlamentaria.
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| Ricardo Gavilanes, portavoz parlamentario del PP |
Gavilanes, quien sigue sin dar a conocer su declaración de bienes e intereses -lo que impide conocer si sigue compatibilizando la “dedicación exclusiva” (100.255,5 euros anuales) que cobra de las Cortes con el ejercicio particular de la abogacía en el bufete jurídico familiar- ha acusado a PSOE y Vox de instrumentar de forma partidista las Cortes el mismo día en que el grupo popular del Senado anunciaba que obligará a Francisco Salazar a comparecer en la comisión de investigación del “caso Koldo” abierta en la Cámara Alta. Que se sepa, el rijoso Salazar nada tiene que ver con la trama que “investiga” dicha comisión. Pero el PP aprovecha justo para eso, para armar ruido, citándole torticeramente a una comisión de la que se les escapó vivo el mismísimo Pedro Sánchez, espina que intentarán sacarse obligando a comparecer más pronto que tarde a Begoña Gómez.
Se
podrá decir que las competencias de la Junta relacionadas con la “trama eólica”
son ajenas a las ejercidas por “Fonsi” Fernández Mañueco durante
el periodo en que se desempeñó como consejero de la Junta. Pero no es menos
cierto que entre 2002 y 2017 fue secretario general del PP de Castilla y León,
“numero dos” de Juan Vicente Herrera en el escalafón autonómico del
partido. (Y en este punto prefiero no comentar los elogios dedicados por Feijóo
al ex presidente de la Junta en su pasada visita a Burgos: “Ejemplo de
entender la política y de gobernar; la persona más humilde y mas coherente, se
ha ido sin hacer ruido”. Solo apunto que ha hecho uso de su derecho a
formar parte como miembro nato del Consejo Consultivo (82.356,10 euros anuales),
y no se ha dado por aludido sobre sus manifiestas responsabilidades políticas -como
mínimo “in vigilando”- por la sentencia del caso “Perla Negra & Pufos
Asociados”, y ya veremos si se da cuando se produzca el fallo judicial tras la
vista oral que tiene a la “trama eólica”, esto es, a “Sicilia y León” en el
banquillo).
Fernández Mañueco y Fernández
Otro argumento harto falaz que vienen
utilizando el PP y la Junta de Castilla y León es que no se podrá acometer esta
o aquella inversión por carecer de nuevos Presupuestos. Falacia de tomo y lomo
con la que se pretende endosar a la oposición su propia incapacidad para
negociar y pactar con otros grupos unas nuevas cuentas. Un ejemplo: ¿En qué
Presupuestos de la Junta está la partida para poder financiar el cacareado
Buscyl, que, según el proyecto presupuestario rechazado, va a generar un gasto anual
de 68 millones de euros? Para eso está la continúa habilitación de crédito
mediante el trasvase de partidas inicialmente destinadas a otros fines para
financiar gastos “sobrevenidos”, práctica de la que la consejería de Hacienda
ha hecho uso y abuso siempre le ha venido en gana.
La exconsejera Pilar del Olmo retorció
las cuentas todo lo que quiso y más, y qué decir de su sucesor, Carlos
Fernández Carriedo, ese “eterno-chico-bien-mandado-que
vale-igual-para-un-roto-que-para-un-descosido”, cuyo primer cargo público,
allá por el siglo pasado (1995-1999) fue precisamente el de director general de
Presupuestos de la consejería que entonces regentaba la malograda Isabel
Carrasco.
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| David Hierro, "burruño" en mano |
Esta hipótesis la ha dejado caer también Pablo Fernández, el procurador de Podemos, quien, apuntando en esa dirección, ha vaticinado que Mañueco no volverá a ser en ningún caso presidente de la Junta. Y el que desde luego no tiene la menor posibilidad de repetir en el cargo es el todavía consejero contra el Medio Ambiente, el reprobado Juan Carlos Suárez-Quiñones, que será vetado, si o sí, por cualquier interlocutor al que el PP requiera su apoyo para la investidura.
A todo esto, y para culminar su desdichada legislatura, la Junta decidía retirar el Proyecto de Ley sobre la Violencia de Género que había presentado y tramitaban las Cortes tras la ruptura de su pacto de gobierno con Vox. Una decisión unilateral que cabe interpretar como un movimiento preventivo ante esa previsible negociación con Vox, partido que pondrá sobre la mesa la llamada Ley de Violencia Intrafamiliar que ya le ha comprado el PP en alguna comunidad de las que depende de la ultraderecha para gobernar.