Si el suscrito este miércoles en Castilla y León fuera el primer pacto de gobierno perpetrado entre PP y Vox en España, tendríamos que llevarnos las manos a la cabeza, dado el sesgo ultraconservador y xenófobo que rezuma el acuerdo. Pero, tras los firmados hace nada en Extremadura y Andalucía y, el suscrito en nuestra comunidad autónoma hace cuatro años, a estas alturas estamos más que curados de espanto. De modo que no vamos a rasgarnos las vestiduras ante las políticas que se disponen a compartir un partido de derecha extremada, como ha sido siempre el PP, con la ultraderecha patria añorante del franquismo que representa Vox, que sigue ganando su antediluviana batalla cultural a la llamada por Santiago Abascal “derechita cobarde”, que en realidad es la derechona de toda la vida.
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| Mañueco y Pollán, dos hombres y un destino |
La
primera es que Vox ha ido aprendiendo a hacer política y, a diferencia del
pacto anterior, que fue una improvisada chapuza, ha afinado lo suyo para evitar
que el resabiado PP le tome el pelo. Y la segunda es que, en lugar del
estrafalario vicepresidente de entonces, Juan García-Gallardo-Frings,
ahora tiene como cabeza visible a un tipo, Carlos Pollán, que, compartiendo
el mismo ideario ultra, no se conduce por la política soltando exabrupto tras
exabrupto. Lo cual le hace bastante más peligroso.
Xenofobia para dar y tomar.- Lo de la “prioridad nacional” colocado por Vox como frontispicio de su programa ha acabado siendo un trampantojo que no significa nada, ya que una Administración Pública, en este caso la Junta, no puede vulnerar la ley discriminando a ciudadanos residentes en España con todos sus derechos por el mero hecho de no tener la nacionalidad española. El problema no radica ahí.
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| Quiñones, incógnita a despejar |
Y como muestra del “rechazo expreso” a dicha
política del gobierno socialista, el pacto PP-Vox contempla, entre otras
medidas, la negativa a partir de ahora a acoger a ningún menor extranjero
acompañado (MENAS, no), la negativa a ampliar los actuales centro de acogida a “inmigrantes
ilegales” o la supresión total de las ayudas a las ONGs “que favorezcan la
inmigración ilegal” (¿incluirá esto último por ejemplo a Caritas?). Y todo lo
anterior al mismo tiempo que se anuncia la “congelación al mínimo de la
cooperación internacional al desarrollo”.
El sesgo xenófobo no queda ahí, ya que, además
de prohibir el uso del burka y del nicab en espacios públicos, en el capítulo
dedicado a la Educación se rechaza expresamente la “enseñanza de la lengua
árabe y de la cultura marroquí”.
En otro orden de cosas, el pacto, desarrollado
en 62 folios, no menciona en ningún momento al Diálogo Social -otrora una "seña de identidad" de esta comunidad autónoma-, pero sí a los agentes
sociales (sindicatos y organizaciones empresariales), citados en el epígrafe
relativo al "gasto superfluo" para anunciar la reducción al 50 por ciento de las
subvenciones que han venido percibiendo. Vuelta a las andadas que también se
produce al repescar el proyecto de “Ley de Concordia” destinado a derogar la
normativa en materia de Memoria Histórica y que, inmediatamente después de que
Vox abandonara la Junta, el PP envió a la papelera en la anterior Legislatura.
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| Vázquez (Sanidad) y Carriedo (Economía), dos consejeros que repetirán |
Una undécima consejería creada “de extranjis”.- Si Vox ha impuesto sus principales exigencias (únicamente se echa de menos el engendro de la llamada Ley de Violencia Intrafamiliar, que figuraba en el pacto de 2022), el PP ha aprovechado para adjudicarse “de extranjis” una nueva consejería no reconocida como tal, vulnerando la limitación de un máximo de 10 consejerías contemplada en la vigente Ley de Gobierno de la Comunidad.
En un fraude de ley como la copa de un pino, y a diferencia de lo que rige para la vicepresidencia primera, el pacto de gobierno no reconoce como consejería propia las competencias adscritas la vicepresidencia segunda, que no son cualquier cosa: Vivienda, Ordenación del Territorio, Protección Civil, Despoblación e Igualdad de Oportunidades. Cuando el nuevo gobierno presente su primer Proyecto de Presupuestos habrá ocasión de comprobar cómo la dotación presupuestaria de todas esas competencias supera al presupuesto de más de una consejería. Y a todo esto, como consecuencia de las apetencias de Vox, que ha vuelto a adjudicarse las consejerías de Agricultura y Cultura, queda eliminada una de las tres consejerías denominadas “sociales”, Familia e Igualdad de Oportunidades, cuyas competencias se dispersan entre las dos vicepresidencias y la consejería de Sanidad (ahora también de Bienestar Social). Todo sea por la “prioridad partidista” compartida por PP y Vox.