Insólito apagón demoscópico en Castilla y León

Entre los sectores que, lejos de ver reducida su actividad por causa de la pandemia, han encontrado en ella una coyuntura favorable habría que citar al de las empresas demoscópicas, más demandadas que nunca para sondear el cambiante estado de opinión sobre la gestión pública de la crisis sanitaria y económica que llevamos padeciendo desde marzo de 2020.

 Si la volatibilidad del tablero político español ya venía siendo extremadamente elevada desde que irrumpieron en escena Ciudadanos y Podemos –basta recordar que el partido naranja llegó a ser hace tan solo tres años la primera fuerza en intención de voto-, el Covid 19 ha hecho aún más impredecible e inestable el panorama. De ahí el interés, y a la vez la complejidad, del trabajo demoscópico, máxime cuando hemos visto que la pandemia no es óbice incluso para convocar elecciones anticipadas si el gobernante de turno considera que puede salir reforzado de las urnas. Lo ha hecho Isabel Díaz Ayuso, pero nadie duda que puede hacerlo Pedro Sánchez si, llegado el momento, estima que le conviene a él y a su partido.

Igea y Mañueco en el banco azul de las Cortes

El gobierno de Alfonso Fernández Mañueco tardó muy poco en encargar un sondeo sobre la gestión de la pandemia en Castilla y León. A finales del pasado junio se daban a conocer los resultados de una encuesta contratada tan solo un par de semanas después de que comenzara el confinamiento, ya que el trabajo de campo se realizó entre primeros de abril y primeros de mayo. 

 Como no podía ser menos -el que paga manda- los resultados fueron muy satisfactorios para la Junta, cuya gestión en esa fase inicial de la pandemia gozaba, a tenor de ese sondeo, de un alto grado de confianza ciudadana. Pese a ello y contraviniendo su cacareado compromiso de trasparencia, el gobierno Mañueco mantuvo oculta dicha encuesta y solo informó de sus resultados después de que el digital ileon.com tuviera conocimiento de su existencia y recabara información al respecto. Ello permitió conocer una circunstancia un tanto peculiar: Aunque la iniciativa de realizar el sondeo había partido de la consejería de Presidencia, su contratación corrió a cargo de la de Fomento, que tan solo se limitó a financiarla, al punto de que, preguntado acerca del trabajo, reconoció que el mismo “no obraba en su poder” (sic). 

 Desde entonces no se ha tenido conocimiento de ningún otro sondeo encargado por la Junta, lo cual obviamente no quiere decir que no haya podido existir. Sin ir más lejos, se desconoce quién encargó y pagó el sondeo difundido a primeros de noviembre por la agencia Ical (Grupo Promecal-Méndez Pozo). El trabajo, realizado por la compañía Sigma Dos, no se limitaba únicamente a la gestión de la pandemia, sino que incluía la valoración de los principales líderes autonómicos y nacionales en relación con el caso.

Ana Sánchez Luis Tudanca y Virginia Barcones

 Los resultados volvían a ser tan satisfactorios para la Junta (solamente el 18,8 por ciento de los encuestados valoraban su gestión negativamente) como demoledores para el gobierno Sánchez (el 54,4 la juzgaban negativa y no llegaban al 17 por ciento quienes la aprobaban). Fernández Mañueco era el único político de la comunidad que obtenía un aprobado (una nota de 5,1 sobre 10). 

Le seguía en valoración el vicepresidente Francisco Igea, con un 4,6, puntuación superior a la del socialista Luis Tudanca, que con 4,3 era el mejor valorado de la oposición. Ningún político nacional llegaba al aprobado. Inés Arrimadas era la que más se aproximaba (4,6), por delante de Pablo Casado (4), Pedro Sánchez (3,8), Santiago Abascal (3,6) y Pablo Iglesias (2,6).“El sondeo de opinión al que ha tenido acceso Ical” (así lo presentaba la agencia) se basaba en un millar de entrevistas realizadas entre el 15 y 20 de octubre.

 A mediados de diciembre se difundía otro sondeo realizado asimismo por Sigma Dos, en este caso contratado y pagado por Castilla y León Televisión, la televisión concesionaria de la única licencia televisiva adjudicada por la Junta, que contribuye a su subsistencia con una cuantiosa aportación económica anual. En esta ocasión el trabajo incluía una prospección sobre intención de voto, apartado que arrojaba datos extraordinariamente positivos para el Partido Popular, que volvería a ser el partido más votado en unas elecciones autonómicas (en las de 2019 el PSOE le aventajó en 3,3 puntos).

Pascual (Por Ávila), Fernández (Podemos) y Pinacho (Vox)

 De acuerdo con este nuevo sondeo, cuyo trabajo de campo se realizó entre el 2 y el 9 de diciembre, el PP contaría con el respaldo del 37,1 por ciento de los votantes, un 5,2 por ciento más del 31,9 que registraron las urnas en 2019. Por el contrario, el PSOE sufría un retroceso de 3,5 puntos, al caer desde el 35,2 por ciento obtenido en las últimas autonómicas a un 31,7 por ciento, 5,4 puntos por debajo del PP.

Ciudadanos perdería más de la mitad de los votos obtenidos en 2.019, al caer desde el 15,1 por ciento obtenido entonces a un 7,4. El principal beneficiario de su desplome sería Vox, que pasaría del 5,5 al 12,1 por ciento, convirtiéndose así en la tercera fuerza electoral en Castilla y León, puesto que ya consiguió en las últimas elecciones generales. Por último, Unidas Podemos conseguiría el 7,1 por ciento de los votos, porcentaje que venía a ser el mismo que sumaron por separado Podemos-Equo (4,96) e Izquierda Unida (2,29) en los últimos comicios autonómicos.

 Proyectados a escaños, el PP obtendría entre 34 y 38 (ahora tiene 29), el PSOE entre 28 y 32 (suma ahora con 35), Vox se adjudicaría entre 7 y 9 (solo tiene uno), C´s tan solo conservaría 3 de los 12 con los que contaba entonces (tras sonada fuga de María Montero ahora se ha quedado en 11) y UP tendría posibilidades de sumar dos a los dos que ahora tiene. Por su parte, la Unión del Pueblo Leonés mantendría su actual escaño.

 Mañueco volvía a ser el político mejor valorado y el único que aprobaba, con una nota del 5,29, y lo más increíble de todo era que mientras Ciudadanos comenzaba a desplomarse, el vicepresidente Igea seguía siendo el segundo mejor valorado (4,69), por encima del socialista Luis Tudanca (4,47) y de todos los demás políticos sometidos a valoración de los 3.300 encuestados.

Procuradores de Ciudadanos por los pasillos de las Cortes

 Desde entonces, no se conoce la existencia de ningún nuevo sondeo sobre la pandemia en Castilla y León, ya sea encargado por la propia Junta o por alguno de esos grupos de comunicación tan generosamente subvencionados con cargo al erario autonómico. Un apagón demoscópico ciertamente llamativo, habida cuenta de los muchos hitos a los que hemos asistido en los últimos meses. El episodio del temerario adelanto del toque de queda, su desautorización por el Tribunal Supremo y la presentación de la primera moción de censura en la historia de la actual comunidad son hechos suficientemente relevantes que no han sido testados demoscópicamente (al menos que sepamos).

 Y sería sumamente interesante conocer cómo se ha tomado la opinión pública esa serie de acontecimientos, como ha valorado la actuación de los principales actores políticos y, ya puestos, como habría evolucionado la intención de voto. ¿Cómo andaría de nota el presidente Mañueco tras el varapalo del Supremo y la moción de censura? ¿Seguiría siendo el ínclito Igea el segundo político mejor valorado? De ser cierto esto último, ¿aparecerían políticos con nota por debajo del cero? ¿Cuál sería en estos momentos el partido con mayor intención de voto? ¿Conservaría Ciudadanos algún procurador si ahora mismo se convocaran elecciones autonómicas? ¿Cuántos ganaría Vox?

Son preguntas que quedan sin respuesta y seguirán sin ella. Y no precisamente por falta de interés, sino porque el presumible resultado de los sondeos no sería el buscado por quienes habitualmente los contratan, ya sea la propia Junta o los grupos de comunicación mediatizados por las cuantiosas subvenciones de la Administración Autonómica. ¿O no?

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)

Calma chicha en vísperas de un agitado abril político

  Semana Santa atípica donde las haya, y no solo por las restricciones adoptadas tratando de evitar la cuarta ola de la pandemia, sino porque los efectos del frenético 10 de marzo siguen marcando la pauta política en las comunidades directamente afectadas por el seísmo murciano. Mientras en Madrid las cinco fuerzas políticas en liza se han lanzado a tumba abierta a la caza del voto -hasta el soso de Ángel Gabilondo se está soltando el pelo-, en Castilla y León se vive la resaca de una moción de censura que ha tenido mucha más trastienda de la que nos ha querido hacer creer el PSOE.

Tudanca se dirige a Mañueco en un pleno de las Cortes

 Pese a que los medios afines se afanan en convenceros de que el presidente Fernández Mañueco ha salido reforzado del trance, la realidad es terca y lo único que ha cambiado es que PP y Ciudadanos han perdido la mayoría absoluta que les ha permitido hacer y deshacer en la Junta sin tener que contar con nadie. Suerte para ellos que dicha pérdida se ha producido después de haber aprobado los Presupuestos de la Comunidad para 2021, ya que en otro caso hubieran tenido que abonar los correspondientes peajes a alguna de las minorías del grupo mixto.

 Seguramente tratando de dar una alegría a sus deudos, PP y Ciudadanos han descongelado una de sus medidas estrella, si no la que más, del acuerdo de gobierno con el que llegaron a la Junta: la bonificación en el 99 por ciento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, “lo que supone la eliminación práctica del mismo”, decía literalmente el texto. El gobierno Mañueco se dio mucha prisa en iniciar el trámite y el presidente lo colgó durante meses como tuit fijo en su cuenta de Twitter. Sin embargo, la irrupción de la pandemia y la drástica caída de ingresos en las ruinosas arcas autonómicas aconsejó dejar en suspenso la medida, ello para indisimulado cabreo de Empresa Familiar de Castilla y León, el influyente lobby constituido por importantes fortunas familiares de la comunidad.

 Se aseguró que se trataba de un aplazamiento temporal a la espera de que la economía se recuperara de los estragos de la pandemia, cosa que evidentemente no se ha producido. Sin embargo, urgía vender algo a su deprimido electorado y el gobierno bipartito ha decidido reactivar ese “regalo fiscal” sin importarle la merma de ingresos que conllevará.

Fátima Pinacho (Vox)

 La circunstancia permitirá ir conociendo como cotiza el voto suplementario que necesita el bloque PP-C´s para sacar adelante las votaciones en las Cortes. En este caso, no habrá mayor problema, ya que Vox comparte a ultranza (nunca mejor dicho) una medida que tampoco ve con malos ojos el Partido por Ávila, cuyo electorado procede en un elevado porcentaje del caladero popular. Habrá mejores ocasiones para comprobar cúal de estos dos partidos (más difícil resulta que la UPL entre en la ecuación) se erige en aliado preferente del gobierno Mañueco, que en todo caso tendrá que retribuir un apoyo que tiene el coste de potenciar a rivales con los que se disputa en las urnas la misma franja de voto.

 El doble frente de García Egea.- Entretanto, prosigue la OPA desencadenada desde Génova contra Ciudadanos. Una de las últimas en descubrir las bondades del PP ha sido la diputada autonómica por Madrid Marta Marbán, que se acaba de marcar un “tonycantó”, incorporándose con armas y bagajes a la candidatura de esa centrista que ha sido toda su vida Isabel Díaz Ayuso. Hace al caso recordar que Marbán fue la número dos de “Ciudadanos eres tú”, la corriente que impulsó el actual vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, para disputar la presidencia del partido a Inés Arrimadas. Un Igea que contempla las fugas de su teórico partido mordiéndose la lengua desde su “sillita”, que no es cosa de cabrear aún más a una lideresa que ya se la tiene suficientemente jurada.

 Mientras con una mano se vuelca en captar a toda suerte de arribistas procedentes de las filas naranjas, en buena parte nutridas en origen por dicho espécimen político (basta repasar la trayectoria política de sus principales cabezas visibles en Castilla y León), con la otra el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, prosigue su plan para someter al yugo de Génova a las provincias irredentas otrora afines a Soraya Saénz de Santamaría, en estos lares principalmente Salamanca, Zamora y Segovia.

Mañueco y García Egea el sábado en Valladolid

La última demostración de fuerza del estadista murciano se ha producido en Valladolid, donde el sucesor llamado a completar el pack (presidencia simultánea del partido y la Diputación) otrora en manos de Jesús Julio Carnero, actual consejero de Agricultura, Conrado Iscar se hacía el remolón para cumplir el pacto que pasaba por dejar la secretaría provincial en manos de la corriente casadista. Vista su renuencia, Íscar fue llamado la semana pasada a Génova, donde Egea le comunicó que dicho cargo recaería en la senadora Mercedes Cantalapiedra. 

 Podía haber sido el alcalde de Villalón y diputado del Congreso, José Ángel Alonso, o el también diputado Eduardo Carazo (las incompatibilidades estatutarias en el PP siempre han estado para saltárselas). Pero no. La nominada ha sido Cantalapiedra, antigua mano derecha del ex alcalde Javier León de la Riva, que se postula como próxima candidata a la Alcaldía en detrimento de la anterior aspirante y jefa a ratos de la oposición municipal, Pilar del Olmo, quien ha rehusado la dedicación exclusiva que le correspondía como portavoz por estar peor remunerada que su puesto como inspectora de Hacienda. “O estamos a setas o estamos a duros” y Del Olmo tiene muy claro a lo que está. De paso se ha puesto de relieve la nula influencia que a estas alturas tiene en el PP un tal Juan Vicente Herrera, ese esforzado consejero nato del Consultivo gracias a una Ley aprobada mientras era presidente de la Junta, del PP de Castilla y León y del grupo parlamentario popular de las Cortes, el pack, éste triple, que ostenta ahora Mañueco.

Suárez-Quiñones y Antonio Silván

  La madre de todas las batallas provinciales del PP se va a dar en Salamanca, donde el mañuequismo ha tocado a rebato para evitar ser “renovado” por el grupo crítico alentado por García Egea. El presidente provincial del partido y de la Diputación, Javier Iglesias, que andaba dormido en los laurales, se ha puesto las pilas para combatir la revuelta. Cuentan las crónicas que la familia Mañueco se ha movilizado al máximo, al punto que hasta el célebre suegro, Pepe Villares, ha abandonado su retiro político poniendo a favor de la causa las influencias que conserva de sus décadas de pertenencia a la Diputación charra.

 También puede haber batalla en el avispero del PP leonés, donde está por ver qué papel tiene asignado el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones, quien no por casualidad y así como el que no quiere la cosa, a principios de año se afilió al partido, inusual decisión en los jueces en excedencia dedicados, se supone que temporalmente, a la política. Lo que está claro es que Suárez-Quiñones y su antecesor en la consejería, Antonio Silván, militan ahora en facciones enfrentadas.

 Mientras en Zamora Génova sigue tejiendo complicidades para desmontar el maillismo, en Segovia la labor de zapa de Javier Maroto ha dado jaque mate al mañuequismo encarnado por el secretario regional, Francisco Vázquez, su sucesora en la presidencia provincial, Paloma Sanz, y el coordinador del partido y delegado territorial de la Junta, José Mazarías. 

Vázquez, Sanz, Maroto y De Vicente

Maroto se ha llevado al huerto (Sotosalbos y Collado Hermoso son pueblos colindantes) al secretario provincial, Miguel Ángel de Vicente, quien en tanto que presidente de la Diputación, es el verdadero hombre fuerte del PP segoviano, el que controla los planes provinciales y la chequera mediática de la institución, aunque está ultima la administre con orejeras poco inteligentes. 

 De Vicente tiene en su mano pasar a ser el nuevo presidente o, en su defecto, apoyar a un candidato alineado con el casadismo, cuyo exponente original, el senador y portavoz municipal Pablo Pérez Coronado, ha dejado de estar en minoría dentro de un partido volcado ahora del lado de Génova gracias a la hábil maniobra de Maroto. No me olvido del resto de las provincias, donde hay asimismo bastante tela que cortar, sobre todo en Burgos y Soria, pero hoy el espacio no da para más.

(Publicado en elDiario.es Castilla y León)

Una moción con más secuelas de las previstas

  No hubo sorpresa en el marcador y la primera moción de censura presentada, debatida y votada en la era autonómica iniciada en 1.983 no obtuvo el respaldo necesario para derribar al gobierno de esta maltrecha comunidad autónoma. El grupo socialista (35 procuradores) necesitaba el apoyo de otros seis para alcanzar la mayoría de 41 requerida para que la iniciativa llegara a buen término.

Luis Tudanca entrando en el hemiciclo

 El pasado viernes, la deserción de Ciudadanos de la procuradora salmantina María Montero inducía a pensar que alguna otra compañera del mismo grupo adoptaría antes del lunes la misma decisión. Pero no ha sido así y al final el candidato Luis Tudanca tan solo sumó a los votos de su grupo los dos de Podemos, en total 37, ya que la citada Montero y los procuradores de la UPL y de “Por Ávila” acabaron absteniéndose. Resultado final: 37 votos a favor, tres abstenciones y 41 en contra, puesto que la procuradora de Vox sumó su voto negativo al de los 29 del grupo popular y al de los 11 de Ciudadanos. (Cabe pensar que si sus votos hubieron sido determinantes, tanto la procuradora fugada de Ciudadanos como el leonesista Santos Reyero hubieran votado a favor, pero al no resultar decisivos prefirieron refugiarse en la abstención).

Archiconocido es que hay dos tipos de mociones de censura, las que se presentan con fundadas esperanzas de derribar al gobierno de turno y aquellas otras que, careciendo de cualquier posibilidad aritmética de victoria, se presentan con el único objetivo de desgastar al gobierno de turno y proyectarse como alternativa pensando en la siguiente convocatoria electoral. Los socialistas habían rechazado este segundo carácter instrumental, enmarcando la iniciativa en la primera modalidad: la moción se presentaba confiando en que se ganaría. Sin embargo, comprobado está que se lanzó sin tener garantizados los apoyos necesarios.

Aplausos de los suyos a Mañueco tras votarse la moción

Ateniéndonos al propósito por ellos declarado, para los socialistas el resultado puede considerarse frustrante. Pero no por ello la moción ha dejado de producir los efectos que hubiera obrado una de carácter meramente instrumental. 

Con ella el PSOE de Luis Tudanca ha puesto ante el espejo la calamitosa gestión del bipartito PP-C´s que malgobierna está comunidad porque así lo quiso en su día un resentido Albert Rivera, que, ofuscado por el triunfo de la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, decidió que la regeneración democrática consistía en entregar al PP todos los gobiernos autonómicos y municipales en los que ambas fuerzas -ellas dos solas o en compañía de Vox- sumaban lo necesario para cerrar el paso a los socialistas. 

No le importó al fracasado líder de Ciudadanos, hoy dedicado a conspirar contra sus compañeros de filas, confiar la presidencia de la Junta de Castilla y León al mismo partido que llevaba gobernando esta comunidad durante 32 años embadurnados de corrupción, ni tampoco que el candidato naranja, el embaucador Francisco Igea, se pasará la campaña electoral prometiendo cambio político y regeneración democrática, algo absolutamente incompatible con la continuidad del PP en el Colegio de la Asunción.

Tudanca no ha conseguido hacerse con la presidencia de la Junta, pero su papel como alternativa de gobierno no se ha visto resentido por el hecho de que la moción no haya conseguido el cambio de gobierno pretendido. Convertir esto último en un argumento para sugerir su dimisión resulta tan pueril como extravagante. 

María Montero, ayer en las Cortes

Y por lo que respecta a Mañueco y a su gobierno, si bien es cierto que han conseguido salvar los muebles, no lo es menos que han salido bastante tocados del trance. Ya lo estaban, y muy seriamente, antes de la moción, y ahora, tras la fuga de la procuradora Montero, añaden el handicap de haber perdido la mayoría parlamentaria absoluta de la que han venido gozando desde el comienzo de la Legislatura.

PP y Ciudadanos tendrán que buscar ahora entre las minorías del grupo mixto el voto que les falta para poder sacar adelante sus iniciativas parlamentarias. Disponen de varias opciones, pero ninguna de ellas exenta de coste político. Lo tiene apoyarse en la procuradora de Vox, Fátima Pinacho, cuyo ideario ultraderechista no será fácil de conciliar con el de un partido, Ciudadanos, que sigue reivindicándose de centro (por más que en la práctica rebase con frecuencia al PP por la derecha).

Más asequible parece sobre el papel el entendimiento con el procurador de “Por Ávila”, Pedro J. Pascual, de evidente afinidad ideológica con los populares. Pero dar cancha a un partido escindido del propio PP abulense tiene evidentes contraindicaciones electorales (por cierto no precisamente del agrado de Génova, toda vez que el líder de PxA, el alcalde Jesús Manuel Sánchez Cabrera, creó la formación en respuesta a la decisión de Pablo Casado de vetarle como candidato del PP a la alcaldía en las pasadas elecciones municipales). Queda por último, la opción de cautivar el voto del procurador leonesista, empresa un tanto ardua visto lo deterioradas que están las relaciones entre la UPL y el PP.

Gemma Villarroel e Inés Arrimadas 

Después de que haya perdido la mayoría absoluta, solamente el persuasivo influjo de la chequera mediática -manejada con la misma discrecionalidad de siempre desde el Colegio de la Asunción- explica la corriente de opinión según la cual el presidente de la Junta ha salido reforzado de una moción que ha conseguido salvar gracias a que así lo ha querido Inés Arrimadas. 

Mañueco es probablemente el español que más tiene que agradecer a Ciudadanos: Gracias al veleidoso imberbe Rivera llegó a la presidencia de la Junta tras una estrepitosa derrota electoral, y gracias a Arrimadas ha conseguido mantenerse en el cargo pese a los muchos deméritos contraídos desde que accedió al mismo. 

La atribulada lideresa de lo que queda de Ciudadanos todavía le puede prestar un inmenso favor añadido si se decide a activar su plan de forzar la remodelación de gobierno de la que hablábamos aquí ayer. Amén de ser saludada con gran alivio por una amplia mayoría social de Castilla y León, la defenestración política del clan constituido por Igea y sus adláteres será desde luego una liberación para un presidente encadenado a tan insoportable lastre.

elblogdepedrovicente@blogspot.com

Moción de censura: Nada será igual a partir del martes

 El pasado lunes 15 de marzo, cinco días después del seísmo político con epicentro en Murcia, Inés Arrimadas tenía previsto visitar al presidente Alfonso Fernández Mañueco en el Colegio de la Asunción. Iban a reunirse a solas, sin la presencia del vicepresidente Francisco Igea, exactamente tal como hizo en Andalucía el pasado 20 de enero, día en el que se reunió en el sevillano Palacio de San Telmo con el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, encuentro al que no fue invitado el vicepresidente andaluz, Juan Marín, máximo dirigente de Ciudadanos en Andalucía, cosa que no es aquí Igea, que ni siquiera pertenece al Comité Autonómico del partido.

 Arrimadas y Mañueco habían confirmado la reunión en el fugaz encuentro mantenido el jueves 11 en Madrid, donde ambos coincidieron en el homenaje a las víctimas de los atentados del 11-M. La presidenta de Ciudadanos pensaba garantizar al presidente de la Junta que los 12 procuradores naranjas rechazarían la moción de censura presentada por el PSOE para desalojar de la Junta a Mañueco y al gobierno bipartito PP-C´s que preside desde que ambos partidos, siguiendo el caprichoso designio de Albert Rivera, pactaron gobernar juntos en las comunidades de Madrid, Andalucía Castilla y León y Murcia.

Luis Tudanca y Alfonso Fenández Mañueco

El apoyo de Arrimadas a Mañueco tenía sin embargo una condición: Una vez rechazada la moción, debía acometerse una remodelación de gobierno en la que el presidente prescindiría de Igea, procediendo a sustituirle por la leonesa Gemma Villarroel, máxima dirigente orgánica de Ciudadanos en Castilla y León. Por añadidura saldría despedida de la consejería de Empleo Ana Carlota Amigo, la mayor incondicional de Igea, al tiempo que cesaría la consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien, caso de no ser destituida, renunciaría en solidaridad con el que ha sido su mentor. En cuanto al consejero de Cultura, Javier Ortega, el cuarto elemento, tendría la opción de mantenerse en el cargo, ya que su continuidad o relevo carece de mayor trascendencia habida cuenta de su irrelevancia política.

Sintonía Arrimadas-Mañueco.- La tormenta desatada tras la marcha atrás de tres de los parlamentarios de C´s que habían firmado la moción contra el presidente murciano obligó a Arrimadas a convocar con urgencia el Comité Ejecutivo nacional del partido para tratar de sofocar la crisis interna desatada en el seno de la formación. Fue el lunes 15 y ello obligó a suspender el viaje previsto a Valladolid y Palencia, dando al traste con la reunión prevista en el Colegio de la Asunción. Sin embargo, Arrimadas y Mañueco han seguido manteniendo contacto telefónico. Consta que hablaron en la tarde del pasado viernes, poco después de que la procuradora salmantina María Montero sorprendiera a propios -tal vez no tanto a alguno de los extraños- abandonando el grupo parlamentario de C´s, que no su escaño, que mantiene ahora en calidad de “no adscrita” a ningún grupo.

Inés Arrimadas y Francisco Igea

 Arrimadas volvía a tranquilizar a Mañueco, al asegurarle que, pese a la hostilidad de la cúpula nacional del PP hacia la formación naranja, la dirección de Ciudadanos, tanto la estatal como la autonómica, mantenía su rechazo a la moción de Luis Tudanca, garantizándole que ninguno otro procurador naranja secundaría la postura de la trásfuga salmantina.

¿Y en qué ha quedado el plan de la presidenta de C´s de forzar la salida de la Junta de Igea, Amigo y Casado para sustituirlos por Villarroel y otros afines a ella y leales al partido? Llegados a este punto, hay dos hipótesis. La primera sería que la delicada situación en la que está sumido el partido, con Arrimadas en la diana de la derecha mediática, no aconseja abordar una operación que sería interpretada como un ajuste de cuentas contra el candidato que en su día le disputó la presidencia abandonada por Albert Rivera (cuya mano por cierto se adivina a la legua en la OPA hostil lanzada por el PP con la pagable cooperación de uno de sus más nefastos adláteres, el tal Fran Hervías).

La otra hipótesis es que Arrimadas no demore su plan, sabiendo que, al fin y al cabo, apenas va a tener coste para el partido en Castilla y León, ya que nadie mejor que ella sabe que Igea y su facción van exclusivamente a lo suyo y hace tiempo que trabajan buscándose el futuro en el PP. Conoce igualmente las tormentosas relaciones del vicepresidente con el núcleo duro del partido en las Cortes, Luis Fuentes, David Castaño y Miguel Ángel González Rodrigo. De hecho, la inmensa mayoría de los procuradores naranja no pueden ni ver al vicepresidente. Ninguno le seguiría si abandonara Ciudadanos, ni siquiera su más adicta, la segoviana Marta Sanz, que, por muy agradecida que esté de que la colocara en la Mesa de las Cortes (no se ha visto ni se verá en otra), no va a renunciar a la soldada de 94.811 euros brutos anuales que percibe como secretaria tercera.

Ana Carlota Amigo y Gemma Villarroel

 Nombres sobre la mesa.- No se trata de política ficción. Prueba de ello es lo avanzado que está el diseño de la operación. Aparte de Gemma Villarroel, que asumiría la vicepresidencia única (o la primera, si se creara una segunda que recaería en el PP), circulan ya otros nombres. El procurador burgalés José Ignacio Delgado sería uno de los nuevos consejeros, y otro podría ser el exdiputado del PSOE por Zamora Jesús Cuadrado, quien el pasado año abandonó su dilatada militancia socialista para ingresar en Ciudadanos. Y con ganas se quedaría Arrimadas de restituir en la Junta a un viejo conocido suyo y de su familia salmantina, Germán Barrios, el consejero de Empleo que dimitió en mayo pasado harto de soportar las injerencias y malos modos del vicepresidente. Un dato más: El reajuste afectaría también a la distribución política de las consejerías, de forma que Sanidad tendría al frente a un actual procurador del PP y de Agricultura se haría cargo C´s.

 Pese a la psicosis de trasfuguismo que rodea a Ciudadanos, Arrimadas sigue controlando lo suficiente como para salvar a Mañueco de la moción de Tudanca. Pero no por ello todo va a seguir igual en Castilla y León. En primer lugar, porque tras la fuga de la procuradora Montero, el bipartito PP-C´s ha perdido la mayoría absoluta en las Cortes y tendrá que buscar un voto en el grupo mixto (el de Vox o el de “Por Ávila”) para sacar adelante las votaciones. Y en segundo lugar, porque en cualquier momento puede activarse el plan pergeñado por Arrimadas para colocar en la Junta a los verdaderamente suyos.

Publicado en www.ileon.com y www.burgosnoticias.com