Datos personales

Mi foto

Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

jueves, 12 de septiembre de 2013

El expolio de las Cajas (XVII): Con la Justicia hemos topado


Pierda cuidado Gumer, el “alter ego” del compañero Félix Lázaro, que, por mucha que sea la conjunción de intereses en echar tierra al asunto y pasar página como sea, en este blog no vamos a cejar en nuestro propósito de exigir todas las responsabilidades penales y políticas contraídas por quienes han perpetrado o consentido el expolio de las antiguas cajas de ahorro de Castilla y León.


Julio Fermoso, Santos Llamas y José María Arribas
 Simplemente con lo que sabemos hasta ahora, que obviamente no es todo, no se comprende que en un Estado que se precia de “social y democrático de Derecho” casi ningún responsable de presuntos delitos como los de administración desleal, malversación o maquinación para alterar el precio de las cosas, haya sido requerido a estas alturas por la Justicia. No es solo que la maquinaria judicial no haya actuado de oficio ante un expolio público y notorio. Es que, salvo en lo referido a la estafa de las participaciones preferentes, tampoco está actuando con la menor diligencia ante las denuncias interpuestas por terceros, en este caso por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) e Izquierda Unida.

Una cosa es que en España la Justicia sea exasperantemente lenta y otra que muestre una absoluta pasividad ante los presuntos delitos denunciados por IU y UPyD en Caja España-Duero, Caja Burgos o Caja Segovia. Másde un año y medio se tomó la fiscalía para examinar la denuncia presentada por IU y solicitar la apertura de diligencias judiciales por un presunto delito de “administración desleal” en Caja España-Caja Duero. Y más de tres meses han transcurrido desde que el Juzgado de Instrucción nº 5 de León se hizo cargo del caso, sin que hasta la fecha nadie haya sido llamado a declarar ni se tenga noticia de que se haya realizado diligencia alguna.

 También van a cumplirse tres meses desde que UPyD denunció ante la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia al Consejo de Administración de Caja Burgos, asimismo por presuntos delitos de administración fraudulenta o desleal. Una denuncia que detallaba los créditos de dudoso cobro concedidos por un montante superior a los 34 millones de euros a distintas empresas de las que era principal accionista el propio presidente de la Caja, José María Arribas. Mientras Arribas disfruta de su retiro dorado como presidente de “Eficanza”, la empresa concesionaria del nuevo hospital de Burgos, tampoco se conoce diligencia alguna en torno a dicha denuncia.

Manuel Escribano y Atilano Soto
Aunque para record de pasividad judicial el del Juzgado de Instrucción nº 2 de Segovia en relación con la denuncia presentada en el año 2011 a raíz de las astronómicas indemnizaciones (mas de 35 millones de euros) que se embolsaron el ex director general, Manuel Escribano, y otra decena de antiguos ejecutivos de la caja segoviana. 
Dicha denuncia, ampliada con el tiempo a otras varias actuaciones presuntamente delictivas, sigue su curso dos años después, sin que el titular del Juzgado, Jesús Marina, haya tenido a bien tomar declaración ni a Escribano ni al ex presidente de la Caja, Atilano Soto, quién sin embargo sí está imputado (al igual que el ex presidente de Caja Ávila, Agustín González) en el caso Bankia. Marina mantiene abierto el caso tras haber fracasado en el intento de quitarselo de encima en dos ocasiones, primero archivándolo y después inhibiéndose en favor de la Audiencia Nacional, decisiones ambas revocadas por las correspondientes instancias superiores.

 En contraste con la pasividad judicial que están sufriendo las denuncias de UPyD e IU, el Juzgado de Instrucción nº 52 de Madrid se ha puesto a la tarea para esclarecer el llamado “caso Nozar”, que no consiste en otra cosa que en dos llamativas operaciones -la compra de un edificio en Madrid y la concesión de un crédito al propio vendedor- realizadas por Caja Duero en 2.008. Como vienen informado con detalle “El Mundo-Diario de Valladolid” y “Diario de León”, la actuación judicial parte de la denuncia presentada por el Banco CEISS a instancias del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria, que detectó que dichas operaciones habían sido claramente lesivas para dicha Caja y por ende ahora para el CEISS y el propio FROB, de momento el máximo accionista del banco. 
En concreto se sospecha que el edificio, por el que la Caja pagó 55,8 millones de euros, fue adquirido por valor muy superior al precio de mercado, que no llegaba a los 40 millones. Y no se comprende como tan solo un mes después se concedió al mismo grupo un crédito de 35 millones de euros avalado por empresas que presentaban ya clara situación de insolvencia, como lo demuestra el hecho de que pocos meses mas tarde entraran en concurso de acreedores.

José María de la Vega, director general de CEISS
 De resultas de dicha denuncia el citado juzgado madrileño ha imputado a varios antiguos directivos de Caja Duero, entre ellos al que fuera su presidente ejecutivo, Julio Fermoso, y al ex director general, Lucas Hernández, quienes están citados a declarar el próximo 4 de octubre. La sorpresa de última hora ha sido que en esa fecha también comparecerá ante el juez el actual director general del propio banco CEISS, José María de la Vega, quien ha sido imputado con posterioridad en la misma causa. El motivo es que De la Vega ocupaba el puesto de director de desarrollo corporativo de Caja Duero en el momento en que se perpetraron las operaciones denunciadas. Llegados a este punto no se comprende que el FROB mantenga un día más como “número dos” del CEISS a alguien imputado judicialmente a consecuencia de la denuncia presentada por el propio organismo estatal que controla el banco.

 Mientras tanto, otro frente judicial que tiene abierto el CEISS son las denuncias por presunta estafa en la comercialización de participaciones preferentes por parte de Caja España y Caja Duero.  A diferencia de otras fiscalías provinciales, la de Valladolid no se ha quedado con los brazos cruzados y avanza en las diligencias abiertas tras la denuncia presentada por la Unión de Consumidores de Castilla y León. Dado que en los contratos suscritos con los clientes no aparece la firma de ningún representante de la Caja vendedora, la fiscalía ha encargado a las Unidades de Delincuencia Económica de la Policía y la Guardia Civil que identifiquen a los directores o empleados de las sucursales que comercializaron el producto. Que es una forma de ir tirando de ese ovillo.

elblogdepedrovicente@gmail.com      12-9-2013