Pierda cuidado Gumer, el “alter ego” del compañero Félix Lázaro, que, por mucha que sea la conjunción de intereses en echar tierra al asunto y pasar página como sea, en este blog no vamos a cejar en nuestro propósito de exigir todas las responsabilidades penales y políticas contraídas por quienes han perpetrado o consentido el expolio de las antiguas cajas de ahorro de Castilla y León.
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| Julio Fermoso, Santos Llamas y José María Arribas |
Simplemente con lo que sabemos hasta ahora, que
obviamente no es todo, no se comprende que en un Estado que se precia de
“social y democrático de Derecho” casi ningún responsable de presuntos delitos como
los de administración desleal, malversación o maquinación para alterar el
precio de las cosas, haya sido requerido a estas alturas por la Justicia. No es solo que la
maquinaria judicial no haya actuado de oficio ante un expolio público y
notorio. Es que, salvo en lo referido a la estafa de las participaciones
preferentes, tampoco está actuando con la menor diligencia ante las denuncias
interpuestas por terceros, en este caso por Unión, Progreso y Democracia (UPyD)
e Izquierda Unida.
Una cosa es
que en España la
Justicia sea exasperantemente lenta y otra que muestre una absoluta
pasividad ante los presuntos delitos denunciados por IU y UPyD en Caja
España-Duero, Caja Burgos o Caja Segovia. Másde un año y medio se tomó la fiscalía para examinar la denuncia
presentada por IU y solicitar la apertura de diligencias judiciales por un
presunto delito de “administración desleal” en Caja España-Caja Duero. Y más de
tres meses han transcurrido desde que el Juzgado de Instrucción nº 5 de León se
hizo cargo del caso, sin que hasta la fecha nadie haya sido llamado a declarar
ni se tenga noticia de que se haya realizado diligencia alguna.
También van a cumplirse tres meses desde que
UPyD denunció ante la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia al Consejo de
Administración de Caja Burgos, asimismo por presuntos delitos de administración
fraudulenta o desleal. Una denuncia que detallaba los créditos de dudoso cobro
concedidos por un montante superior a los 34 millones de euros a distintas
empresas de las que era principal accionista el propio presidente de la Caja, José María Arribas. Mientras Arribas disfruta de su retiro dorado
como presidente de “Eficanza”, la empresa concesionaria del nuevo hospital de
Burgos, tampoco se conoce diligencia alguna en torno a dicha denuncia.
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| Manuel Escribano y Atilano Soto |
Aunque para
record de pasividad judicial el del Juzgado de Instrucción nº 2 de Segovia en
relación con la denuncia presentada en el año 2011 a raíz de las astronómicas
indemnizaciones (mas de 35 millones de euros) que se embolsaron el ex director
general, Manuel Escribano, y otra
decena de antiguos ejecutivos de la caja segoviana.
Dicha denuncia, ampliada
con el tiempo a otras varias actuaciones presuntamente delictivas, sigue su
curso dos años después, sin que el titular del Juzgado, Jesús Marina, haya tenido a bien tomar declaración ni a
Escribano ni al ex presidente de la
Caja, Atilano Soto,
quién sin embargo sí está imputado (al igual que el ex presidente de Caja
Ávila, Agustín González) en el caso
Bankia. Marina mantiene abierto el caso tras haber fracasado en el intento de quitarselo de encima en dos ocasiones, primero archivándolo y después inhibiéndose en favor de la Audiencia Nacional, decisiones ambas revocadas por las correspondientes instancias superiores.
En contraste con la pasividad judicial que están sufriendo las denuncias de UPyD e IU, el Juzgado de Instrucción nº 52
de Madrid se ha puesto a la tarea para esclarecer el llamado “caso Nozar”, que
no consiste en otra cosa que en dos llamativas operaciones -la compra de un
edificio en Madrid y la concesión de un crédito al propio vendedor- realizadas
por Caja Duero en 2.008. Como vienen informado con detalle “El Mundo-Diario de
Valladolid” y “Diario de León”, la
actuación judicial parte de la denuncia presentada por el Banco CEISS a instancias
del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria, que detectó que dichas
operaciones habían sido claramente lesivas para dicha Caja y por ende ahora para
el CEISS y el propio FROB, de momento el máximo accionista del banco.
En
concreto se sospecha que el edificio, por el que la Caja pagó 55,8 millones de euros, fue
adquirido por valor muy superior al precio de mercado, que no
llegaba a los 40 millones. Y no se comprende como tan solo un mes después se
concedió al mismo grupo un crédito de 35 millones de euros avalado por empresas
que presentaban ya clara situación de insolvencia, como lo demuestra el hecho
de que pocos meses mas tarde entraran en concurso de acreedores.
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| José María de la Vega, director general de CEISS |
De resultas de dicha denuncia el citado
juzgado madrileño ha imputado a varios antiguos directivos de Caja Duero, entre
ellos al que fuera su presidente ejecutivo, Julio Fermoso, y al ex director general, Lucas Hernández, quienes están citados a declarar el próximo 4 de
octubre. La sorpresa de última hora ha sido que en esa fecha también
comparecerá ante el juez el actual director general del propio banco CEISS, José María de la Vega, quien ha sido
imputado con posterioridad en la misma causa. El motivo es que De la Vega ocupaba el puesto de
director de desarrollo corporativo de Caja Duero en el momento en que se
perpetraron las operaciones denunciadas. Llegados a este punto no se comprende que el FROB mantenga un día
más como “número dos” del CEISS a alguien imputado judicialmente a consecuencia
de la denuncia presentada por el propio organismo estatal que controla el
banco.
Mientras tanto, otro frente judicial que tiene
abierto el CEISS son las denuncias por presunta estafa en la comercialización
de participaciones preferentes por parte de Caja España y Caja Duero. A diferencia de otras fiscalías provinciales,
la de Valladolid no se ha quedado con los brazos cruzados y avanza en las
diligencias abiertas tras la denuncia presentada por la Unión de Consumidores de
Castilla y León. Dado que en los contratos suscritos con los clientes no
aparece la firma de ningún representante de la Caja vendedora, la fiscalía ha encargado a las
Unidades de Delincuencia Económica de la Policía y la Guardia Civil que
identifiquen a los directores o empleados de las sucursales que comercializaron
el producto. Que es una forma de ir tirando de ese ovillo.
elblogdepedrovicente@gmail.com 12-9-2013