Lejos de mí suscribir la célebre frase
de Pedro Pacheco, aquel alcalde de
Jerez que afirmó que la
Justicia era un cachondeo. Pero resulta innegable que, a la
vista de no pocas resoluciones judiciales, el ciudadano lego comparte con
frecuencia esa impresión. Y no precisamente con regocijo, sino mas bien con
perplejidad o indignación.
Por mucha fundamentación jurídica que las
acompañen, hay sentencias judiciales que mas bien parecen auténticos fallos en
la acepción más común de la palabra. Fallos en ocasiones garrafales que ofenden
el sentido común y dejan en entredicho a legisladores y jueces, tal como ha ocurrido en todo lo relacionado con la “doctrina Parot”.
Feliciano Trebolle, sentencia en mano |
El otro político que se sentó en el banquillo, el ex
delegado territorial de la Junta
en Valladolid y como tal presidente de la comisión territorial de Urbanismo, Jesús García Galván, ha sido encontrado absuelto de los delitos, asimismo de
prevaricación y cohecho, por los que ha sido juzgado. En lo que a él respecta
“el cuerpo del delito” era un chalet en
Mugardos (La Coruña )
que presuntamente le habría regalado Mahía, la inmobiliaria gallega beneficiada
por determinadas recalificaciones urbanísticas en el municipio.
Ciertamente, tal como
discurrió el juicio, la versión de García
Galván sobre la compra de su chalet era demasiado inverosímil como para que
la Sala
admitiera ese pulpo gallego como animal compañía. Y los magistrados pueden
haber sido benévolos, pero no iban a pasar por cándidos. De modo que, pese al fallo
absolutorio, afirman con meridiana claridad que dicho inmueble fue una dádiva
de la empresa Mahía recibida por el entonces delegado territorial de la Junta. “Admitió una dádiva -dice literalmente
la sentencia- que se le entregó bajo la
apariencia de un contrato de compraventa, pero que en realidad fué un regalo…”. Y dando por probado lo anterior, concluyen que
“en la conducta del señor Galván
concurren los presupuestos de un delito de cohecho pasivo”.
Jesús García Galván |
Aunque cuando cometió los delitos por los que ha sido
condenado (año 2005), el alcalde de Arroyo era del PP, en 2007 abandonó el
partido y formó otro independiente, con lo cual a estas alturas los populares
no se dan por concernidos ante su condena judicial. Méndez hace tiempo que dejó
de ser de los suyos. Otra cosa es que se hubiera condenado a García Galván,
quien renunció a sus cargos de concejal por Valladolid y portavoz del PP en la Diputación justo unos
días antes de la vista oral. Pero como Galván ha sido absuelto, el PP sale políticamente
indemne del “caso Arroyo”. Y no solo eso: Si el recurso de casación anunciado por
Méndez fuera desestimado antes de las próximas elecciones municipales, la
inhabilitación del actual alcalde despejaría a los “populares” el camino para
recuperar el control del cuarto ayuntamiento vallisoletano.
Puente y tras él, Zancada |
Frente a la desdicha socialista, la dicha del PP de Castilla y León hubiera sido completa si no fuera porque esa mosca cojonera que ha resultado ser el movimiento “Viernes Negros” denunció documentalmente el pasado viernes la desfachatez con la que se incumple el compromiso contraído por Juan Vicente Herrera en su discurso de investidura (junio 2011) de que a partir de entonces solo él y sus consejeros tendrían asignado coche oficial a su servicio. Un compromiso que, como comenta hoy “El topillo”, la Junta se tomó desde el primer momento a beneficio de inventario.