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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

lunes, 25 de noviembre de 2013

De dichas y desdichas

 Lejos de mí suscribir la célebre frase de Pedro Pacheco, aquel alcalde de Jerez que afirmó que la Justicia era un cachondeo. Pero resulta innegable que, a la vista de no pocas resoluciones judiciales, el ciudadano lego comparte con frecuencia esa impresión. Y no precisamente con regocijo, sino mas bien con perplejidad o indignación.
  Por mucha fundamentación jurídica que las acompañen, hay sentencias judiciales que mas bien parecen auténticos fallos en la acepción más común de la palabra. Fallos en ocasiones garrafales que ofenden el sentido común y dejan en entredicho a legisladores y jueces, tal como ha ocurrido en todo lo relacionado con la “doctrina Parot”.


 
Feliciano Trebolle, sentencia en mano
La sentencia con la que la Audiencia de Valladolid, que preside Feliciano Trebolle, ha despachado el llamado “caso Arroyo” (con permiso del “caso de la construcción” de Burgos, la mayor trama de corrupción urbanística destapada en Castilla y León) también tiene su miga. De los seis encausados, que ya eran una mínima parte de la amplia nómina de políticos, técnicos y funcionarios que pulularon alrededor de los hechos juzgados, al final solo tres han sido declarados autores de algún delito. Y de ellos un único político, el alcalde José Manuel Méndez, condenado a tres años de prisión, 16 de inhabilitación y 132.000 euros de multa como responsable de sendos delitos de cohecho y prevaricación.

El otro político que se sentó en el banquillo, el ex delegado territorial de la Junta en Valladolid y como tal presidente de la comisión territorial de Urbanismo, Jesús García Galván, ha sido encontrado absuelto de los delitos, asimismo de prevaricación y cohecho, por los que ha sido juzgado. En lo que a él respecta “el cuerpo del delito”  era un chalet en Mugardos (La Coruña) que presuntamente le habría regalado Mahía, la inmobiliaria gallega beneficiada por determinadas recalificaciones urbanísticas en el municipio.

 Ciertamente, tal como discurrió el juicio, la versión de García Galván sobre la compra de su chalet era demasiado inverosímil como para que la Sala admitiera ese pulpo gallego como animal compañía. Y los magistrados pueden haber sido benévolos, pero no iban a pasar por cándidos. De modo que, pese al fallo absolutorio, afirman con meridiana claridad que dicho inmueble fue una dádiva de la empresa Mahía recibida por el entonces delegado territorial de la Junta. “Admitió una dádiva -dice literalmente la sentencia- que se le entregó bajo la apariencia de un contrato de compraventa, pero que en realidad fué un regalo…”. Y dando por probado lo anterior,  concluyen que  “en la conducta del señor Galván concurren los presupuestos de un delito de cohecho pasivo”.

Jesús García Galván
¿Cómo se entiende que se de por probado un delito un cohecho valorado en 159.000 euros y se absuelva a su autor? Sin mayor problema. La Sala considera que no se trata de un cohecho activo sino pasivo o impropio, ilícito penal que prescribe a los tres años, plazo ampliamente rebasado desde la fecha de escrituración del chalet  (abril 2004) hasta la imputación del ex delegado territorial (2010). Y aquí paz y después gloria. Por la misma razón tampoco computa en la pena del alcalde el “préstamo” personal de 30 millones de pesetas que le concedió Mahía y que jamás fue devuelto ni reclamado.

Aunque cuando cometió los delitos por los que ha sido condenado (año 2005), el alcalde de Arroyo era del PP, en 2007 abandonó el partido y formó otro independiente, con lo cual a estas alturas los populares no se dan por concernidos ante su condena judicial. Méndez hace tiempo que dejó de ser de los suyos. Otra cosa es que se hubiera condenado a García Galván, quien renunció a sus cargos de concejal por Valladolid y portavoz del PP en la Diputación justo unos días antes de la vista oral. Pero como Galván ha sido absuelto, el PP sale políticamente indemne del “caso Arroyo”. Y no solo eso: Si el recurso de casación anunciado por Méndez fuera desestimado antes de las próximas elecciones municipales, la inhabilitación del actual alcalde despejaría a los “populares” el camino para recuperar el control del cuarto ayuntamiento vallisoletano.

 
Puente y tras él, Zancada
La pasada semana no ha podido resultar mas propicia para el PP vallisoletano, que preside, no olvidemos, el Delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruíz Medrano. Al tiempo que el único de los suyos encausado en el “caso Arrroyo” salía absuelto, el PSOE de Valladolid se disparaba un tiro en el pie en una desdichada exhibición pública del cainismo político que anida en su seno. No hace mucho  comentábamos aquí la lucha fraticida que estaba desangrando a los socialistas leoneses, sin que nadie hiciera nada por contener esa hemorragia. Y ahora ha tenido que intervenir el mismísimo Rubalcaba para zanjar una irresponsable trifulca  muy reveladora de la fractura interna provocada por el enfrentamiento que mantienen  Óscar López  Julio Villarrubia. Si entre todos se han propuesto hundir definitivamente al partido, a fe que llevan firme camino de conseguirlo.

Frente a la desdicha socialista, la dicha del PP de Castilla y León hubiera sido completa si no fuera porque esa mosca cojonera que ha resultado ser el movimiento “Viernes Negros”  denunció documentalmente el pasado viernes la desfachatez con la que se incumple el compromiso contraído por Juan Vicente Herrera en su discurso de investidura (junio 2011) de que a partir de entonces solo él y sus consejeros tendrían asignado coche oficial a su servicio. Un compromiso que, como comenta hoy “El topillo”, la Junta se tomó desde el primer momento a beneficio de inventario.  

elblogdepedrovicente@gmail.com     25-2-2013