No tienen enmienda

 No es necesario que gaste yo aquí espacio y tiempo en relacionar el rosario de promesas electorales incumplidas por el PP dos años después de la victoria electoral que elevó a Mariano Rajoy al olimpo de La Moncloa. Excepto la reforma sobre el aborto -que va a conseguir crear un problema bastante mayor del que resuelve- prácticamente todas sus iniciativas han ido en el sentido contrario de lo  proclamado en la campaña electoral. Tampoco hace mucha falta reseñar los estropicios sociales causados por el programa de reformas -desde la laboral a la de las pensiones, pasando por los recortes en la Sanidad, la Educación y la Dependencia- que han socavado los cimientos del Estado de Bienestar.

Concentración contra el "tasazo" judicial

Un progresivo desmantelamiento de los servicios públicos que está causando estragos en la cohesión social, situando a millones de españoles en el umbral de la pobreza, cuando no en la pura exclusión social. Todo ello al tiempo que se ha rescatado con el dinero de todos a un sector financiero que mantiene cerrado el grifo del crédito y sigue desahuciando inmisericordemente a quienes no pueden hacer frente a sus préstamos hipotecarios. Tampoco es necesario recordar como ha evolucionado el paro en estos dos últimos años.

 Y justo en la víspera del segundo aniversario de la victoria de Rajoy y primero del “tasazo judicial” -que sacó ayer a la calle a los profesionales de la Justicia-, se daba a conocer el bochornoso pacto alcanzado por las principales fuerzas parlamentarias para repartirse de nuevo por cuotas el Consejo General del Poder Judicial. No ha importado que la credibilidad de la Justicia esté por los suelos y que la mayoría de los españoles no crean en su independencia, un descrédito causado en gran medida por  esa insoportable politización del órgano de gobierno de los jueces. Ha dado igual. El PP había prometido reformar ese viciado sistema, pero al final lo ha mantenido tal cual y además sin tener que imponer su mayoría, ya que, para mayor inri, ha resultado que el PSOE, los nacionalistas vascos y catalanes e IU han entrado en el juego de ese obsceno reparto.

 

Rubalcaba y Rajoy

Cualquier programa mínimo de regeneración democrática pasa inexcusablemente por devolver la independencia a la Judicatura. No olvidemos que el Consejo General del Poder Judicial es el que elige a los magistrados del Tribunal Supremo y a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, es decir, a los responsables de los órganos jurisdiccionales encargados de juzgar a diputados, senadores y parlamentarios autonómicos. Pues bien, el nuevo Consejo es, si cabe, todavía más infumable que antes, con políticos puros y duros como el socialista Álvaro Cuesta o la diputada de CiU Mercé Pigem, y con un presidente a la vista, Carlos Lesmes, que fue alto cargo del ministerio de Justicia en la etapa de gobierno de José María Aznar.

 Con semejante componenda, perpetrada quince días después de una Conferencia con la que pretendía conectar con la ciudadanía, el PSOE efectivamente ha vuelto… Ha vuelto a las mismas andadas políticas que han ido provocado la deserción de millones de sus antiguos votantes. Solo espurios intereses en garantizarse no se sabe qué impunidad judicial, pueden explicar la reincidencia de los socialistas en un pacto que no les va a ayudar precisamente a recuperar la confianza ciudadana. Y todavía mas inexplicable es lo de IU, prestándose a legitimar con su presencia, como mera comparsa, un enjuague de tan difícil digestión democrática…

María Dolores de Cospedal

  El episodio demuestra que los partidos tradicionales siguen enrocados en defensa de sus privilegios sin importarles lo mas mínimo la desafección ciudadana que provoca esa viciada forma de hacer política. Y que, lejos del menor propósito de enmienda, siguen utilizando sin escrúpulos su posición de dominio en las instituciones para sus fines partidistas. Es lo que acaba de hacer con todo descaro en Castilla-La Mancha María Dolores de Cospeda promoviendo una reforma del Estatuto a la medida de sus intereses electorales.

Después de haberse cargado el Consejo Económico y Social y el Defensor del Pueblo, Cospedal ha decidido reducir las Cortes de Castilla-La mancha a la mínima expresión. Una especie de "parlamento de bolsillo" restringido en la práctica a las dos primeras fuerzas políticas y en la que el PP se garantiza la mayoría absoluta solo con sacar un diputado mas que el PSOE. Todo un bofetón al pluralismo político que alejará todavía mas a los castellano-manchegos de sus instituciones autonómicas.

Y qué decir de las últimas trapisondas del PP en la Comunidad Valenciana, con un ex presidente, Francisco Camps, ilocalizable para la Justicia, y 45 diputados autonómicos solicitando el indulto para un ex alcalde, el de Torrevieja, condenado por prevaricación y falsedad en documento público… ¿Cómo extrañarse de que las encuestas del CIS sigan considerando a los políticos como el tercer problema nacional, después del paro y la crisis…?

elblogdepedrovicente@gmail.com    21-11-2013