No hace
mucho, contestando a una pregunta parlamentaria sobre las presuntas
irregularidades que están aflorando en la gestión de las antiguas cajas de
ahorro, Juan Vicente Herrera descartó
tajantemente que la Junta
pensara personarse en los procedimientos judiciales abiertos, utilizando como argumento que él preside un
gobierno serio y no “el Ejército de Pancho Villa”. Lo sorprendente sería que el
gobierno de la comunidad se personara en esas causas, habida cuenta de su
corresponsabilidad -al menos política- en el desaguisado de las Cajas y la
nutrida presencia del PP en sus antiguos Consejos de Administración.
Pero a lo
que iba, no entendí a cuento de que venía la alusión al destartalado ejército
de Villa, ya que el procurador interpelante, José María González, de IU, en
ningún momento había cuestionado la cohesión del Ejecutivo que preside Herrera,
en el que, existiendo de puertas adentro consejeros que no se soportan
entre sí, la verdad es que públicamente nunca han exhibido sus diferencias.
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| Rajoy y sus barones y baronesas territoriales |
La alusión tampoco parecía destinada al PSOE, fiel socio en el
vidrioso asunto de las Cajas, donde ambos comparten el mismo interés en deshacerse cuanto
antes de los cadáveres, sin realizar, siquiera, las preceptivas autopsias.
Si por ejército de Pancho Villa se entiende la
falta de uniformidad, las banderías, capillas y egoismos dentro de una misma formación, el símil
sería de aplicación con harta frecuencia. Por ejemplo a la guerra de guerrillas que mantienen los barones territoriales del PP sobre la financiación de las comunidades autónomas. Desde
que llegaron las vacas flacas y se desplomó la recaudación tributaria, todos están
descontentos con la porción de tarta que reciben y se han atrincherado en posturas cada vez
mas irreconciliables. Un enfrentamiento trufado de electoralismo entre las
comunidades de mayor renta y población (en las que el Estado recauda mas de lo
que gasta) con aquellas otras en las que ese saldo -que no otra cosa es la
balanza fiscal- es negativo.
La Generalitat de Cataluña, que siempre se ha considerado
discriminada por esa redistribución, ha terminado blandiendo ese agravio como principal
razón de su apuesta soberanista. Una deriva soberanista que ha hecho mella en
el PP catalán, cuya dirigente, Alicia Sánchez Camacho, se manifestaba
abiertamente partidaria de “limitar la solidaridad” con las comunidades
“deficitarias”, así como de condicionar de forma finalista la redistribución territorial
que genera el sistema de financiación autonómica.
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| Bauzá, Fabra y González |
Rajoy
se vió obligado a desautorizar esa descarnada propuesta y llamar al orden a sus
barones, cosa que ya había tenido que hacer el pasado verano cuando se
enzarzaron a causa del déficit asimétrico. Pero por mucho que les lean la
cartilla en la calle Génova, se comprueba que tan pronto regresan a sus despachos no
tardan en andar de nuevo a la greña. Porque lo cierto es que, aunque no lo reconozcan
con la misma crudeza, barones autonómicos del PP como el madrileño González, el
valenciano Fabra o el balear Bauzá piensan exactamente lo mismo que Sánchez
Camacho.
Y a la
espera de librar la batalla del nuevo modelo de financiación, los barones del
PP refuerzan esa imagen de Ejército de Pancho Villa adoptando en sus taifas
medidas fiscales completamente opuestas, sin ningún criterio uniforme. ¿Cómo se
entiende que gobiernos autonómicos como los de Madrid, Valencia, Galicia o Extremadura bajen
el IRPF y otras comunidades igualmente gobernadas por el PP no lo hagan y todos
invoquen el mismo objetivo de incrementar la recaudación?
Años y años se ha pasado la Junta impugnando las
“vacaciones fiscales” del País Vasco, entendiendo que suponían una competencia
desleal que animaba a la deslocalización empresarial en beneficio de esa
comunidad vecina. Y ahora esa desigualdad fiscal entre distintos territorios limítrofes
se ha extendido a toda España a partir de la capacidad normativa otorgada a las
comunidades autónomas, que pueden subir, bajar, eximir o desgravar sobre
determinados impuestos de titularidad estatal. (Hace poco veíamos lo bien que
les ha venido a los riojanos el “céntimazo sanitario” aplicado en Castilla y
León).
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| La consejera Del Olmo y el ministro Montoro |
Esa prerrogativa que permite “modular” impuestos estatales como el IRPF
o el de Hidrocarburos, unida a la
disparidad con que se aplican los tributos cedidos (Patrimonio,
Donaciones y Sucesiones, Actos Jurídicos Documentados, etc.), ha generado una
fiscalidad completamente distinta en cada comunidad. Que es tanto como discriminar
o privilegiar a los españoles ante Hacienda y quebrar el principio de unidad de
mercado. Y reflejo a la postre del reino de taifas en que ha devenido el Estado
de las Autonomías.
En este contexto de escaramuzas propias de un
Ejército de Pancho Villa se sitúa el rifirrafe en torno a la política fiscal que hace unos días mantenían el consejero de la Presidencia y Portavoz
de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, y su homólogo
de la comunidad de Madrid, Salvador Victoria. O el frente común creado por
Castilla y León, Galicia, Asturias y Aragón para que el futuro modelo de
financiación contemple el problema demográfico de estas cuatro comunidades. Un
pretendido “lobby” utilizado por la
Junta para convertir la despoblación en un problema de
Estado, tratando de diluir así el fracaso de la cacareada Agenda de la Población, que en 2014
ya ni siquiera figura como tal en los Presupuestos de la Comunidad.
elblogdepedrovicente@gmail.com 4-11-2013
