El expolio de las Cajas (XXI): Aforados en escena

   El digital "info-Libre" hacía el otro día recuento y elevaba a cerca de 200 el número de consejeros y directivos imputados judicialmente como presuntos responsables del expolio sufrido por una buena parte de las antiguas Cajas de Ahorro. Junto al ex presidente de Caja Duero, Julio Fermoso, y los directivos de la extinta entidad imputados en el “caso Nozar”, la relación incluía -luego veremos que por ahora prematuramente- a todo el antiguo Consejo de Administración de Caja Segovia, cuya imputación ha solicitado el fiscal jefe de la Audiencia provincial.

Atilano Soto y Manuel Escribano

 Visto como se las venía gastando la Justicia respecto a otras cajas presuntamente expoliadas, resultaba ciertamente llamativa la pasividad judicial respecto a uno de los mayores escándalos conocidos en las Cajas de Castilla y León: las millonarias indemnizaciones con las que la cúpula directiva de Caja Segovia se despidió de la entidad coincidiendo con su desventurado proceso de integración en Bankia. Mientras el barco estaba ya a la deriva, ocho de sus directivos, con sus dos últimos directores generales a la cabeza, lo abandonaban con las espaldas cubiertas por  unas prejubilaciones absolutamente desproporcionadas, con un coste global estimado entre 30 y 35 millones de euros.

  Mientras los ex directores generales de entidades del tamaño de Caja España o Caja Burgos dejaron sus cargos con indemnizaciones inferiores a 1,5 millones de euros, el de Caja Segovia, Manuel Escribano, se había despedido con cerca de 15 (5,6 en efectivo y más de 9 diferidos a través de un plan de pensiones) y su efímero sustituto, Miguel Ángel Plaza, con casi 7 millones. ¿Cómo había podido suceder tal cosa? Simplemente porque así lo aprobó en su momento el Consejo de Administración en pleno a propuesta del Comité de Retribuciones.

 Considerando que la astronómica cuantía de dichas indemnizaciones podía obedecer a actuaciones presuntamente constitutivas de delitos de administración desleal o apropiación indebida, a finales de 2011 Unión Progreso y Democracia denunció los hechos ante la fiscalía, la misma que, dos años después, acaba de solicitar la imputación de todos los miembros del antiguo Consejo de Administración, así como del Comité de Retribuciones  (en total 17 consejeros y 2 directivos).

Pedro Arahuetes y Javier Santamaría

 Junto a Atilano Soto, que presidía a la vez el Consejo y el Comité, aparecen políticos en activo tan relevantes como el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes; los vicepresidentes de la Diputación provincial Miguel Ángel de Vicente y José Luis Sanz Merino; el senador Javier Santamaría; y el portavoz adjunto del PP en las Cortés, Juan José Sanz Vitorio, éste último por cierto el único consejero que votó después en contra de la integración de Caja Segovia en Bankia. Y fuera del escalafón político, otro personaje publico tan destacado como Pedro Palomo, el empresario que preside a la vez la Cámara de Comercio e Industria y la patronal segoviana. Los dos antiguos directivos a los que quiere imputar el fiscal son el propio Escribano y el ex secretario general, Antonio Tapias, otro de los generosamente indemnizados.

 Las imputaciones solicitadas por el fiscal-jefe de Segovia, Antonio Silva, suponen en principio toda una “patata caliente” para el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Segovia, Jesús Marina, quién, muy a su pesar, mantiene abiertas las diligencias judiciales del caso. Y digo muy a su pesar porque en enero de 2012, apenas sin practicar diligencias, dictó auto de archivo y sobreseimiento, resolución que fue revocada en mayo del mismo año por la Audiencia Provincial. Y posteriormente, en noviembre del mismo año, al ver admitida la querella de UPyD sobre Bankia, dictó otro auto de inhibición en favor de la Audiencia Nacional.

El juez Jesús Marina

Desde el punto de vista procesal, la presencia  de dos aforados, el senador Santamaría, y el procurador Sanz Vitorio, abre muchas interrogantes sobre la decisión que pueda adoptar ahora el juez Marina. Puede optar por continuar la instrucción llamando a declarar como imputados a los otros 17 ex consejeros y ex directivos incluidos en la petición del fiscal, remitiendo posteriormente las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia o al Tribunal Supremo. Pero también puede optar por hacer esto último directamente sin tomar declaración a nadie.

 A la espera de que el juez resuelva, lo cierto es que, a fecha de hoy, no hay nadie imputado en el caso de las escandalosas indemnizaciones de Caja Segovia. Para Atilano Soto sería su tercera causa judicial abierta, ya que está imputado en la querella sobre Bankia, así como en las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Segovia por la presunta falsificación de las actas del Consejo de Administración en relación con el crédito que mantiene hipotecado el Torreón de Lozoya, el edificio enseña de la antigua obra cultural.

 Mientras tanto, no ha habido novedades en el Juzgado de Instrucción nª 5 de León, que investiga los créditos concedidos a consejeros de Caja España y Caja Duero, ni sobre la demanda presentada ante la fiscalía del TSJ contra el Consejo de Caja Burgos. Sobre esta última ha trascendido el malestar de la fiscalía por la escasa colaboración prestada tanto por Caixa Bank (el banco que absorbió a la caja burgalesa) como por el Banco de España. Clama al cielo que este último, sin cuya negligencia no hubieran sido posibles todos estos expolios, ahora no colabore con la Justicia para depurar las responsabilidades penales. 

elblogdepedrovicente@gmail.com   14-11-2013