La Junta claudica ante la reforma local de Montoro

  Tras casi  un año y medio dando tumbos, el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, comúnmente conocida con la reforma local de Montoro, ha entrado en la recta final de su accidentado periplo. A expensas de algún retoque de última hora, el Senado aprobará la próxima semana una Ley que en origen no solo suscitó el rechazo de toda la oposición, sino del municipalismo en general y de la mayor parte de las comunidades autónomas, muy en especial la de Castilla y León.

Juan Vicente Herrera y Cristobal Montoro

 Lejos de responder al consenso exigible en una reforma que va a condicionar el futuro de los ayuntamientos y demás entes locales españoles, la Ley va a ser el resultado del simple pacto interno alcanzado en el seno del PP, donde los distintos intereses enfrentados han librado una batalla que se ha saldado con vencedores y vencidos.
 Los ayuntamientos  de más de 20.000 habitantes y las Diputaciones provinciales son los grandes beneficiados del nuevo “régimen local” auspiciado por el gobierno Rajoy, volcado claramente hacia la privatización de los servicios municipales. El resto de los ayuntamientos, la inmensa mayoría, y las entidades locales menores son los grandes perjudicados. Y junto a ellos, indirectamente las comunidades autónomas, obligadas a asumir la titularidad de las llamadas competencias municipales “impropias” (servicios sociales y mantenimiento de colegios públicos y consultorios locales de salud).

 Esto último, y no tanto el ataque a la autonomía local que comporta la reforma, es lo que había puesto en pie de guerra al gobierno de Juan Vicente Herrera, que hace solo un mes calificada la Ley como “un atropello”. Dicho “atropello” eran los 382 millones que le iban a costar a las arcas autonómicas asumir esas competencias impropias. Sin embargo, ha bastado introducir en el Congreso de los Diputados unas enmiendas que no alteran el fondo del asunto para que la Junta recoja velas y ya dé por buena dicha reforma, asegurando que ahora la Ley recoge el 70 por ciento de sus reivindicaciones.

 Martinez Maillo y De Santiago-Juárez

 La realidad es que dichas enmiendas apenas modifican nada. Respecto a los servicios sociales (residencias de ancianos, y centros de día y atención) únicamente amplían el plazo -dos años en lugar de uno- en el que la Administración Autonómica debe hacerse cargo de los mismos. Y eso le costará a la Junta, según sus propias, cuentas 252 millones de euros. Los consultorios locales serán mantenidos por las Diputaciones o los ayuntamientos, pero siempre mediante convenio con la Junta, que como nuevo titular deberá asumír el gasto correspondiente (30 millones). Lo mismo que ocurrirá con los colegios públicos, cuyo gasto de mantenimiento (100 millones de euros) se remite a la negociación del nuevo de modelo de financiación autonómica. 
 En consecuencia, la Junta ha fracasado estrepitosamente en el intento de eludir la titularidad de esas competencias y ha terminado por claudicar ante la reforma Montoro. Atrás quedan las aceradas críticas del consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, al presidente de la Diputación de Zamora y vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Fernando Martínez Maillo, quién no ha compartido en ningún momento el impostado victimismo del gobierno Herrera.

 Pero lo de menos es que una vez más a la Junta se le haya ido la fuerza por la boca y haya terminado plegándose a los designios del gobierno Rajoy. Lo grave son los perjuicios que esta reforma conlleva para una comunidad, Castilla y León, que concentra a más de la cuarta parte (2.248) de los municipios españoles y al 60 por ciento (2.226 de 3.375) de todas las entidades locales menores existentes en España. En aplicación de la nueva Ley, en la práctica la mayoría de los ayuntamientos de Castilla y León se verán abocados a ceder la gestión de sus servicios más importantes a las Diputaciones provinciales, que ni que decir tiene que rápidamente los “externalizarán”.

Manifestación en León en defensa de las juntas vecinales

La espada de Dámocles penderá sobre las entidades locales y las juntas vecinales, que pierden su personalidad jurídica propia, hasta el punto de que, aun teniendo saneadas sus cuentas, pueden ser disueltas si el correspondiente ayuntamiento matriz incumple los requisitos de estabilidad presupuestaria. Un verdadero atropello, este sí, a unas instituciones de gran tradición histórica que han administrado durante siglos en régimen de concejo abierto un ingente patrimonio común que quedaría completamente indefenso frente a los depredadores de lo público. Y lamentablemente se cumplirá el presagio del propio Juan Vicente Herrera de que la mayoría de los alcaldes se limitarán en el futuro a poco mas que “a ir misa el día de la patrona”.

 El PSOE ya ha anunciado que impugnará  la Ley Montoro ante el Tribunal Constitucional por todas las vías a su alcance. Además de los recursos que suscriban sus diputados y senadores y las comunidades autónomas en las que gobierna, tratará de aunar voluntades para que se recurra también desde los propios ayuntamientos. Pero dichos recursos no impedirán la entrada en vigor de una reforma que, en mayor o menor medida, va a vaciar de contenido a los ayuntamientos de menos 20.000 habitantes (en Castilla y León, todos excepto 15). Y por si fuera poca la incertidumbre generada por la Ley Montoro, está por ver de que forma se superpone a ella la "ordenación territorial" de la comunidad (Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio) aprobada el pasado verano.

elblogdepedrovicente@gmail.com    18-11-2013