Centrado el debate sobre los galgos o los podencos
de la presunta recuperación económica y sus efectos en términos de empleo, están
quedando en un segundo plano todos los demás estragos causados por el “austericidio”
de estos últimos años, entre ellos el grave deterioro sufrido por el Estado del
Bienestar Social.
En el mejor de los casos, admitiendo que se ha
tocado fondo y se ha iniciado la recuperación, las previsiones del propio
Gobierno, de la Unión
Europea yde la
OCDE indican que podemos tardar décadas en recuperar los
niveles de empleo existentes antes de la crisis. Es decir, que España va a
seguir teniendo millones de parados durante bastantes años. Eso, desde el
punto de vista meramente cuantitativo.
Desde el cualitativo, ya sabemos lo que
hay y lo que nos espera: Mayor devaluación salarial y más precariedad laboral. La
bajada de sueldos, tanto públicos como privados, les parece insuficiente, al punto de que
consideran un dineral los 645,30 euros en que está fijado salario mínimo
interprofesional. Y tampoco se dan del todo por satisfechos con una reforma
laboral que ha despojado a los trabajadores de una gran parte de sus derechos.
 |
| La ministra de Trabajo y el ministro de Economía |
Pero no era
en esto en lo que hoy quería centrarme, sino en los recortes aplicados estos
años en Sanidad, Educación, Dependencia y demás prestaciones sociales. Una vez
que el Gobierno se llena la boca con la palabra recuperación y revisa al alza
el crecimiento económico de 2014 y 2015, ¿se va a poner fín a la escalada de
recortes sociales que venimos padeciendo desde aquel infausto 10 de mayo de
2010? Es más: Ante este nuevo “milagro económico español”, que diría el
inefable Montoro, ¿entra en los planes
del gobierno restituir derechos y prestaciones sociales suprimidos o recortados durante estos últimos años?
Me temo que va a ser que no. No se percibe que
tengan la menor intención de devolvernos lo que nos han quitado. Y podemos
darnos con un canto en los dientes si la cosa queda aquí. Porque todo apunta a
que, lejos de poner fin a lo que ellos llaman “ajustes”, la escalada de
recortes sociales va a proseguir en los próximos años. Si nos anuncian una
reforma fiscal “neutra” que no va a incrementar la recaudación del Estado, ¿cómo
piensan cuadrar las cuentas para reducir de aquí a finales de 2015 en más de
dos puntos (del 6,6 al 4,2) el déficit público exigido por la Unión Europea
 |
| Mariano Rajoy y Juan Vicente Herrera |
Ya hemos consignado aquí en otras ocasiones el
drástico retroceso en el gasto social de la Junta de Castilla y León. Las consejerías de
Sanidad, Educación y Dependencia disponen en 2014 de un total de 5.802
millones de euros, que son 810 millones menos que en 2010. Y 810
millones son demasiados para hacernos creer, como pretende el gobierno de Juan Vicente Herrera, que no se ha
deteriorado la calidad de esos servicios esenciales en esta comunidad autónoma.
El informe PISA dirá lo que quiera, pero el pasado curso 1.200 alumnos que
reunían los requisitos se quedaron sin beca por falta de fondos en la
consejería, motivo por el que se denegaban las ayudas a los libros de texto solicitadas por 37.000 familias.
Más allá de las frías estadísticas, detrás de
los recortes en Sanidad y Dependencia se ocultan verdaderos dramas humanos que
raramente salen a la luz. En los últimos días hemos tenido ocasión de conocer
dos de ellos que claman al cielo. Uno es el de un paciente, operado de
un infarto en el Hospital Clínico de Salamanca, que meses después ha sufrido un
segundo infarto mas grave que el anterior por no haber tomado el medicación
prescrita tras el primero.
El cóctel de pastillas recetado lo dejó de tomar al
suponerle, en aplicación del copago farmaceútico, un coste de 100 euros
mensuales que no podía permitirse, ya que todos sus ingresos se reducen a una
prestación de 400.
“O comemos o tomo las pastillas”, se disculpó ante el cardiólogo, Maximiliano Diego, quien ha denunciado el caso en los medios de comunicación. Y ni que decir tiene que, para mayor inri, el coste hospitalario de su segundo ingreso le ha originado al SACYL un gasto sanitario infinitamente mayor a lo que le habría costado hacerse cargo de todo el tratamiento farmacéutico del paciente.
 |
| La consejera de Familia y el consejero de Sanidad |
“O comemos o tomo las pastillas”, se disculpó ante el cardiólogo, Maximiliano Diego, quien ha denunciado el caso en los medios de comunicación. Y ni que decir tiene que, para mayor inri, el coste hospitalario de su segundo ingreso le ha originado al SACYL un gasto sanitario infinitamente mayor a lo que le habría costado hacerse cargo de todo el tratamiento farmacéutico del paciente.
El otro
caso es el de María José Gómez, la madre
de Diego, un niño de 10 años completamente
dependiente, ingresado en el hospital Gregorio Marañón de Madrid, al que fue
derivado hace cinco meses desde el Clínico de Valladolid tras sufrir una
embolia. Además de tener que causar baja en la Seguridad Socialla consejería de Familia le ha recortado la
prestación en un 44 por ciento, reduciendo a 300 euros la ayuda que antes era
de 560. Confiesa que de no de ser por la pensión de sus padres, no podría
sobrevivir económicamente.
Son solo
dos ejemplos de las consecuencias humanas de unos recortes sociales que, o
mucho me equivoco, o se van a mantener -si es que no se agravan- en pleno proceso,
dicen, de recuperación económica.