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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

jueves, 8 de mayo de 2014

Dramas con nombres y apellidos

 Centrado el debate sobre los galgos o los podencos de la presunta recuperación económica y sus efectos en términos de empleo, están quedando en un segundo plano todos los demás estragos causados por el “austericidio” de estos últimos años, entre ellos el grave deterioro sufrido por el Estado del Bienestar Social.


 En el mejor de los casos, admitiendo que se ha tocado fondo y se ha iniciado la recuperación, las previsiones del propio Gobierno, de la Unión Europea yde  la OCDE indican que podemos tardar décadas en recuperar los niveles de empleo existentes antes de la crisis. Es decir, que España va a seguir teniendo millones de parados durante bastantes años. Eso, desde el punto de vista meramente cuantitativo.
La ministra de Trabajo y el ministro de Economía
Desde el cualitativo, ya sabemos lo que hay y lo que nos espera: Mayor devaluación salarial y más precariedad laboral. La bajada de sueldos, tanto públicos como privados,  les parece insuficiente, al punto de que consideran un dineral los 645,30 euros en que está fijado salario mínimo interprofesional. Y tampoco se dan del todo por satisfechos con una reforma laboral que ha despojado a los trabajadores de una gran parte de sus derechos.

Pero no era en esto en lo que hoy quería centrarme, sino en los recortes aplicados estos años en Sanidad, Educación, Dependencia y demás prestaciones sociales. Una vez que el Gobierno se llena la boca con la palabra recuperación y revisa al alza el crecimiento económico de 2014 y 2015, ¿se va a poner fín a la escalada de recortes sociales que venimos padeciendo desde aquel infausto 10 de mayo de 2010? Es más: Ante este nuevo “milagro económico español”, que diría el inefable Montoro, ¿entra en los planes del gobierno restituir derechos y prestaciones sociales suprimidos o recortados durante estos últimos años?

 Me temo que va a ser que no. No se percibe que tengan la menor intención de devolvernos lo que nos han quitado. Y podemos darnos con un canto en los dientes si la cosa queda aquí. Porque todo apunta a que, lejos de poner fin a lo que ellos llaman “ajustes”, la escalada de recortes sociales va a proseguir en los próximos años. Si nos anuncian una reforma fiscal “neutra” que no va a incrementar la recaudación del Estado, ¿cómo piensan cuadrar las cuentas para reducir de aquí a finales de 2015 en más de dos puntos (del 6,6 al 4,2) el déficit público exigido por la Unión Europea?

Mariano Rajoy y Juan Vicente Herrera
  Teniendo en cuenta que sería necesario reducir el gasto público en torno a  los 25.000 millones de euros, y que el endeudamiento está a punto de superar el 100 por 100 del PIB, podemos ponernos en lo peor. Aquellos 10.000 millones que hace dos años el Gobierno obligó, vía fax, a recortar a las comunidades autónomas en Sanidad y Educación pueden quedarse pequeños al lado de lo que nos espera si se mantiene ese objetivo de déficit sin subir los impuestos a las grandes fortunas y al capital financiero.

 Ya hemos consignado aquí en otras ocasiones el drástico retroceso en el gasto social de la Junta de Castilla y León. Las consejerías de Sanidad, Educación y Dependencia disponen en 2014 de un total de 5.802 millones de euros, que son 810 millones menos que en 2010. Y 810 millones son demasiados para hacernos creer, como pretende el gobierno de Juan Vicente Herrera, que no se ha deteriorado la calidad de esos servicios esenciales en esta comunidad autónoma. El informe PISA dirá lo que quiera, pero el pasado curso 1.200 alumnos que reunían los requisitos se quedaron sin beca por falta de fondos en la consejería, motivo por el que se denegaban las ayudas a los libros de texto solicitadas por 37.000 familias.

 Más allá de las frías estadísticas, detrás de los recortes en Sanidad y Dependencia se ocultan verdaderos dramas humanos que raramente salen a la luz. En los últimos días hemos tenido ocasión de conocer dos de ellos que claman al cielo. Uno es el de un paciente, operado de un infarto en el Hospital Clínico de Salamanca, que meses después ha sufrido un segundo infarto mas grave que el anterior por no haber tomado el medicación prescrita tras el primero. 
La consejera de Familia y el consejero de Sanidad
El cóctel de pastillas recetado lo dejó de tomar al suponerle, en aplicación del copago farmaceútico, un coste de 100 euros mensuales que no podía permitirse, ya que todos sus ingresos se reducen a una prestación de 400.
“O comemos o tomo las pastillas”, se disculpó ante el cardiólogo, Maximiliano Diego, quien ha denunciado el caso en los medios de comunicación. Y ni que decir tiene que, para mayor inri, el coste hospitalario de su segundo ingreso le ha originado al SACYL un gasto sanitario infinitamente mayor a lo que le habría costado hacerse cargo de todo el tratamiento farmacéutico del paciente.

El otro caso es el de María José Gómez, la madre de Diego, un niño de 10 años completamente dependiente, ingresado en el hospital Gregorio Marañón de Madrid, al que fue derivado hace cinco meses desde el Clínico de Valladolid tras sufrir una embolia. Además de tener que causar baja en la Seguridad Social en su condición de cuidadora de su hijo, la consejería de Familia le ha recortado la prestación en un 44 por ciento, reduciendo a 300 euros la ayuda que antes era de 560. Confiesa que de no de ser por la pensión de sus padres, no podría sobrevivir económicamente.

Son solo dos ejemplos de las consecuencias humanas de unos recortes sociales que, o mucho me equivoco, o se van a mantener -si es que no se agravan- en pleno proceso, dicen, de recuperación económica.