Entrado el mes
de octubre y desechado el de diciembre para colocar las urnas, salvo sorpresa
de ultimísima hora -el plazo expira este martes 5- la convocatoria inmediata de
unas elecciones autonómicas a celebrar el último domingo de noviembre parece descartada.
Se abre paso la segunda opción: su celebración en algún domingo de marzo o
abril de 2022, en función de lo que la disolución de las Cortes se aproxime al
10 de marzo, fecha a partir de la cual Alfonso
Fernández Mañueco está amenazado de una segunda moción de censura del PSOE.
En cualquier caso, la que ya está lanzada es
la precampaña electoral, sobre todo por parte del PP de Pablo Casado, empeñado en dar por finiquitada una Legislatura
nacional que ni siquiera ha llegado a su ecuador. El trampantojo itinerante culminado en
Valencia se ha presentado como el pistoletazo de salida de una travesía hacia
La Moncloa en la que el PP ya da por fagocitado a Ciudadanos. Mario Vargas Llosa, antiguo votante
naranja, se ha ocupado de certificarlo al manifestar su actual adhesión al PP
(al tiempo, el nobel dejaba caer una inquietante disquisición según la cual es
más importante “votar bien” que “votar en libertad”)
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| Mañueco y Casado durante la pasadaconvención del PP |
Intercambio de cumplidos aparte, lo cierto es
que en Castilla y León estamos ya en plena precampaña electoral. O lo que es lo
mismo, se ha abierto el carrusel de promesas electorales que, al no tener
ningún sustento presupuestario, constituyen pura venta de humo en colorines. Que
si 100 millones para esto, que otros 100 para lo otro y así sucesivamente. Raro
ya es el día en el que el presidente Mañueco o cualquiera de sus consejeros
promete lo que no está escrito sabiendo que es de imposible cumplimiento.
En esta coyuntura, la Junta no tiene excusa
para no presentar los Presupuestos de la Comunidad para 2022, que, a decir del
consejero de Economía y Hacienda, Carlos
Fernández Carriedo, no va a ser tan expansivos como los del presente año.
El nuevo límite de déficit reduce la capacidad de endeudamiento (a 13.290
millones de euros ascendía la deuda a mediados de este año) y los Fondos Next
Generation no pueden emplearse para financiar los servicios esenciales
(Sanidad, Educación y Políticas Sociales), con lo cual Castilla y León seguirá
sufriendo una insuficiencia financiera estructural que ya es crónica.
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| Pedro J.Pascual, el procurador deseado |
El procurador
abulensista, uno de los cinco que integran el grupo mixto, asume este trimestre
un gran protagonismo parlamentario, ya que a la vez es el presidente de la
comisión de investigación sobre el Covid-19 en las residencias de ancianos que
acaba de constituirse. Logrado por PP y C.s el objetivo de que la investigación
se extienda a la Administración Central, la batalla entre los coaligados y los
socialistas sobre quienes deben comparecer ante la Comisión y por qué orden
está servida. Mientras los segundos quieren poner el foco en la actuación de la
Junta (consejerías de Familia y Sanidad), los primeros pedirán, entre otras,
las comparecencias del ex ministro Salvador
Illa y el ex vicepresidente Pablo
Iglesias.
Pascual está llamado a ser el árbitro entre
ambas partes para tratar de arrojar luz sobre las letales consecuencias (4.180
fallecidos) entre los internos contagiados en nuestras residencias de ancianos.
Paradójicamente, la negativa de PP y C´s a que la comisión disponga de un
vicepresidente, reducirá el papel de Pascual en las comparecencias al de simple
moderador de los interrogatorios, sin poder realizar preguntas propias. Lo cual
es especialmente lamentable, ya que además de privar de ese derecho al grupo
que representa, se da la circunstancia de que, por su condición de médico de
urgencias y emergencias en un centro de salud, el procurador abulense ha
conocido muy de primera mano la cruda realidad de la pandemia.
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| Verónica Casado y Francisco Igea |
Con su conocido fulerismo, la consejera está
utilizando toda clase de triquiñuelas, vericuetos y subterfugios para camuflar
su plan original. Consciente de ello, el Consejo General de Colegios Médicos
rehusó cualquier encuentro con ella en tanto no tenga perfilado un nuevo plan.
El Sindicato Médico (CSEM), que sí accedió a reunirse con Casado, ha confirmado
después las sospechas, acusando a la consejería de “disimular con parches” el
problema de la falta de médicos. El Sindicato extrae la conclusión de que la
consejería se mantiene en el plan inicial, algo que después se ha visto
corroborado en el documento interno de fecha 27 de septiembre desvelado por elDiario.es
Castilla y León, en el
que se constata que el “nuevo plan de reorganización de la atención primaria”
mantiene en lo sustancial las bases de la reforma rechazada en las Cortes y
desautorizada por el presidente Mañueco.
Para mayor inri, el vicepresidente
Igea no duda en responsabilizar de los problemas de la Sanidad en Castilla y
León a los 30 años de gobiernos del PP, el partido que ha podido prolongar tan
larga etapa de gobierno gracias al voto de él y de los suyos, que cerraron el
paso a la alternancia política que el resultado electoral de 2019 demandaba.
Hace falta mucha desfachatez.