Dando gato por liebre

Especialista en vender motos y correr cortinas de humo, el aparato de propaganda de la Junta se ha puesto manos a la obra para alardear de una transparencia que no ha existido nunca y sigue sin existir, ya que el aparente desnudo patrimonial de Juan Vicente Herrera y sus consejeros no es mas que un sucedáneo parecido al de aquellas películas de destape de los años setenta.

Pilar del Olmo y Juan Vicente Herrera

 Lo de presentar como declaración de bienes de los consejeros un simple folio esquemático en el que no figura ni el origen ni la fecha de adquisición de ese patrimonio es toda una tomadura de pelo. O si lo prefieren, dar gato por liebre. Todo el Patrimonio anterior a la llegada al cargo público no hace al caso. Lo que interesa conocer es la evolución de ese Patrimonio desde que se accedió al cargo. Y eso no consta en el folio que la Junta ha colgado en su página”web”.

 En consecuencia, se trata de una información absolutamente incompleta que no permite extraer ninguna conclusión. Por poner un ejemplo, nos quedamos sin saber en qué medida el millón de euros que atesora Juan Vicente Herrera en productos financieros es anterior a su llegada en la política, qué parte del mismo se ha generado mientras ha ocupado cargos públicos y si su incremento ha sido gradual o ha registrado dientes de sierra.
 Y poco aporta conocer el patrocinio inmobiliario de éste o aquel consejero sin saber el valor de cada inmueble -no es lo mismo una vivienda en el madrileño barrio de Salamanca que otra en Ávila- y el año en que se adquirió. No digamos ya lo del ínclito consejero de la Presidencia, quién declara poseer 1.613 acciones sin desvelar de que compañía son...

El consejero de la Presidencia

 Llama la atención que se aparente transparencia sobre Patrimonio al mismo tiempo que se mantiene las resistencia a facilitar algo mucho más elemental: los ingresos globales que percibe cada cargo público. No basta, como hace la Junta, remitir al tomo correspondiente de los Presupuestos de la Comunidad. Ahí solo figura el salario oficial, dato a la postre generalmente engañoso. Se trata de conocer todas las retribuciones susceptibles de figurar en cada declaración de la renta, para lo cual no hay otro camino que tener acceso a las mismas.

No se trata de nada excepcional. Forma parte, junto a los bienes patrimoniales y las actividades profesionales, de la información que ofrecen en sus respectivas páginas “web” el Congreso de los Diputados y el Senado sobre todos y cada uno de los miembros de ambas Cámaras. Es lo que llevamos reclamando desde este blog a las Cortes de Castilla y León mucho antes de que estallara el “caso Bárcenas”, sin que nadie hubiera dado hasta ahora ningún paso en esta dirección.

Y como bien apuntaba el otro día “El topillo”, no vale la excusa de que era preciso reformar el Reglamento de las Cortes. Tal como está redactado en la actualidad, excepto en el apartado referido a los bienes patrimoniales, las declaraciones de renta y actividades de los procuradores tienen carácter público. Reproduzco literalmente  su artículo 15:

 1. Los Procuradores estarán obligados a efectuar declaración notarial de sus bienes patrimoniales y de aquellas actividades que les proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos.

2. La mencionada declaración deberá formularse en el plazo de los

dos meses siguientes a la fecha en que cada uno haya asumido plenamente la condición de Procurador.

3. Formulada la declaración, copia autorizada de la misma será presentada en el plazo de 15 días en el Registro General de las Cortes de

Castilla y León, para su inscripción en el Registro de Intereses de los

Procuradores, que se constituye en la Cámara bajo la dependencia

directa del Presidente y custodia del Secretario General, y cuyo contenido tendrá carácter público, a excepción de lo que se refiere a bienes

patrimoniales.

Anualmente, y antes del 30 de septiembre de cada ejercicio, los

Procuradores presentarán así mismo en el Registro de Intereses copias

de sus últimas declaraciones tributarias relativas al Impuesto sobre la

Renta de las Personas Físicas y al Impuesto sobre el Patrimonio.

Tomás Villanueva

Con esa redacción basta con un simple acuerdo de la Mesa de las Cortes para que, salvo los datos relativos a los bienes patrimoniales, el resto de la información contenida en el Registro fuera colgada en la página “web” de la institución. Y en lo que respecta a la Junta, si quiere tener alguna credibilidad ya está subsanando todas las omisiones que figuran en esa información patrimonial, y, por supuesto, sometiendo al mismo ejercicio de transparencia a la totalidad de los altos cargos de la Administración Autonómica.

 Por lo demás, no puedo por menos que lamentar que, una vez más, la oposición no haya estado a la altura de las circunstancias. Desde que estalló el “caso Bárcenas” ha tenido tiempo de tomar la iniciativa y no lo ha hecho, de forma que al final ha ido a la rastra de los acontecimientos y de la propia Junta, lo cual resulta del todo penoso cuando lo del gobierno Herrera no es más que un ejercicio de simulación que, como bien ha señalado “El topillo”, no cumple ni por asomo los mínimos estándares de una verdadera transparencia.

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