Viven en su burbuja y no están dispuestos bajo
ningún concepto a que la realidad perturbe su placentera existencia. Lo
estamos viendo estos días en Castilla y León con ocasión del próximo 30
aniversario del Estatuto. En un momento en el que el Estado de las
Autonomías está hecho unos zorros y esta comunidad hace aguas por todas partes, nuestros
políticos, tanto los que gobiernan como los de la oposición, están encantados
de haber compartido el “éxito” de estas tres décadas. Ni el menor asomo de
autocrítica ante la cruda realidad que aqueja a castellanos y leoneses.
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| Concentración de protesta ante las Cortes |
Un análisis
mínimamente crítico conduce a la conclusión de que, desde que se redujo el maná
de los fondos europeos, esta comunidad no levanta cabeza. Y de que, en cuanto
ha arreciado la crisis, han aflorado sus carencias estructurales. En 30 años de
Autonomía no se ha diseñado un modelo de desarrollo propio y para
colmo se ha dejado ir al garete el gran potencial que encerraba el
ahorro.
La vertebración política, social y territorial
de Castilla y León sigue siendo una asignatura pendiente en la que, lejos de
avanzar, hemos ido retrocediendo. El sentimiento ciudadano de pertenencia a la
comunidad es ínfimo, y no solo ya en León, sino prácticamente en todas
las demás provincias. ¿Se han dado cuenta de que hace años que nadie se atreve
a realizar ninguna encuesta sobre la evolución de nuestra “conciencia
autonómica”?
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| Procuradores socialistas en un pleno de las Cortes |
Y hablando de fracasos, otro que no admite discusión
es el de la última reforma del Estatuto de Autonomía, aprobada hace poco más de
cinco años. Algunos señalamos en su momento que era una reforma innecesaria que
no aportaba nada sustancial como no fuera el traspaso a la Junta de la
gestión de la cuenca del Duero.
Abortada esa pretensión por el Tribunal Constitucional, dicha reforma quedó en completo agua de borrajas. Ni sirvió para mejorar la financiación autonómica, como se nos vendió en su momento, ni ha supuesto avance de ningún tipo, a excepción de reconocer la Renta Garantizada de Ciudadanía, derecho que se podía haber regulado sin necesidad de tocar el Estatuto. Para mayor frustración, se ha abandonado sin explicación el Plan de Convergencia Interior que debía contribuir a corregir los crecientes desequilibrios territoriales internos de la comunidad.
Abortada esa pretensión por el Tribunal Constitucional, dicha reforma quedó en completo agua de borrajas. Ni sirvió para mejorar la financiación autonómica, como se nos vendió en su momento, ni ha supuesto avance de ningún tipo, a excepción de reconocer la Renta Garantizada de Ciudadanía, derecho que se podía haber regulado sin necesidad de tocar el Estatuto. Para mayor frustración, se ha abandonado sin explicación el Plan de Convergencia Interior que debía contribuir a corregir los crecientes desequilibrios territoriales internos de la comunidad.
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| Juan Vicente Herrera durante un pleno de las Cortes |
Con la coartada de una falsa austeridad, la reforma de dichas instituciones (Consejos de Cuentas y Consultivo, CES y Procurador del Común) no persigue si no degradar aún mas la maltrecha calidad democrática de esta comunidad. La del CES es una puñalada trapera al diálogo social y la de los Consejos, un descarado intento de rebajar el control previo de legalidad y la fiscalización de las cuentas de la Junta.
Solo falta
que el PSOE de Julio Villarrubia se doblegue una vez más y legitime semejante retroceso
democrático. Vistos los antecedentes, nada me extrañaría.