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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

lunes, 4 de febrero de 2013

Negativa a investigar un contrato de 1.500 millones €

 El PSOE ha pedido en las Cortes Regionales una comisión parlamentaria de investigación sobre el proceso de contratación, financiación y ejecución del Hospital de Burgos y el grupo popular se ha opuesto a ello. Lo primero -que los socialistas pidan una comisión de investigación- casi es noticia, ya que hacía años que una iniciativa así no se producía. Creo recordar que la última vez fue, allá por el año 2008, con ocasión del escándalo aquel de la  “huertos solares”, asunto sobre el nunca se llegó al fondo y que ha tenido su último capítulo en el nombramiento del máximo implicado, Jaime Lasarte, como asesor del delegado territorial de la Junta en León.



 Lo que no es noticia es que el PP se oponga a una comisión de investigación en el Parlamento de la Comunidad. Lo ha hecho una y otra vez desde que preside la Junta Juan Vicente Herrera, bajo cuyo mandato -y va para 12 años- no se ha constituido ninguna comisión de esa naturaleza. Y el Hospital de Burgos no iba a ser precisamente una excepción, máxime dada la proximidad presidencial a una actuación salpicada de arriba debajo de todo tipo de puntos oscuros, desde su adjudicación por el Consejo de Gobierno (26 de enero de 2006, día de San Timoteo) a su inauguración, en la primavera de 2012.

De este proceloso  asunto me ocupé aquí el pasado 19 de noviembre bajo el título “El Hospital de Burgos, ejemplo de una forma de gobernar”. En el escrito en el que pide la comisión de investigación, el PSOE afirma haber tenido conocimiento en los últimos meses de una serie de circunstancias “que pueden indicar la comisión de graves irregularidades durante el proceso de construcción y equipamiento de este centro asistencial”. Los socialistas aluden al espectacular sobrecoste experimentado, cifrando en más de 200 millones de euros el incremento sobre el importe de 242,8 millones de euros en que fue adjudicado. Según su datos, a falta de conocer las cuentas de 2011, su coste sobrepasa ya los 445 millones de euros, un 83 por ciento más de lo previsto inicialmente.

 Dos revisiones del canon en menos de un mes.- Lógicamente dicho sobrecoste ha sido repercutido sobre el canon anual inicial, fijado en el contrato de adjudicación en 38 millones de euros. Los Presupuestos de la Comunidad para 2013 contemplan una partida de 71 millones de euros destinada a tal fín. 

El verano pasado, antes de irse de vacaciones, el Consejo de Gobierno de la Junta actualizó el canon anual hasta 2037, año en que finaliza la concesión. De acuerdo con esa revisión, aprobada el 27 de julio, el canon correspondiente a 2013 se situaba en un porcentaje del 139,53 por ciento. Pero hete aquí que no había transcurrido ni un mes y al regreso de sus vacaciones, el 23 de agosto el Consejo de Gobierno revisaba de nuevo lo revisado al 149,5 por ciento. Todo ello sitúa el importe global del negocio en torno a la astronómica cifra de 1.500 millones de euros.

Parte de este sobrecoste se imputa al aumento de gasto en equipamiento, capítulo que se ha disparado desde los 48,6 millones de euros presupuestados inicialmente nada menos que a 104. Ello ha servido además para justificar el crédito de 100 millones de euros gestionado por la Junta ante el Banco de Crédito de Inversiones en beneficio de la empresa concesionaria. Dicha justificación no se sostiene, primero porque el sobrecoste en equipamiento es de 56 millones de euros y no de cien, y segundo porque resulta insólito que un contrato adjudicado mediante el “método alemán”, cuya ventaja es que el concesionario financia la inversión, sea auxiliado de esta forma por la Administración. Lógicamente dicho auxilio financiero no estaba en el pliego de condiciones que rigió la adjudicación del concurso.

Arribas, presidente de la concesionaria
 Por lo demás, el contrato de concesión sigue deparando sorpresas en el día a día del flamante hospital. Siempre se ha sostenido desde la Consejería del SACYL que la gestión privada de los 14 servicios incluidos en la adjudicación no afectaba para nada a la estricta atención hospitalaria. Y eso es muy relativo. Tenemos así que las 500.000 historias clínicas de los pacientes burgaleses van a ser trasladadas a Toledo para proceder a su digitalización.

El motivo de ello es que la empresa subcontratada por la concesionaria para digitalizar dicho archivo médico ha trasladado sus instalaciones desde el polígono burgalés de Villalónquejar hasta la capital castellano-manchega. Aunque pueden consultar telemáticamente el contenido de dichas historias, durante ese proceso de digitalización los facultativos del hospital no podrán disponer físicamente por ejemplo de las radiografías realizadas a los pacientes. De paso la privatización de dicho servicio deja en el aire el futuro laboral de los 21 trabajadores del SACYL adscritos al servicio de archivo del hospital.

  Visto todo lo cual se entiende que el PP no quiera someter a investigación parlamentaria el contrato de mayor cuantía adjudicado en la historia de esta comunidad autónoma.