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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

jueves, 31 de enero de 2013

Menos mal que son transparentes...

 Corría marzo de 2012 cuando, en uno de esos “viernes de dolores”, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que, a la vez que se proponía arrojar luz sobre la gestión pública, contenía una especie de código de conducta a seguir por los políticos responsables de administrar el erario. Mostraba así el gobierno de Mariano Rajoy su propósito de aprobar una de las principales asignaturas pendientes en orden a enjugar el déficit democrático y tratar de recuperar el maltrecho prestigio social de los gobernantes.


Página web de la Casa Real
Aquel anteproyecto era de entrada manifiestamente mejorable. Mantenía zonas de penumbra, como la de la cuenta de gastos de la Casa Real, y permitía despachar con el “silencio administrativo” las peticiones de información de los ciudadanos. A mi juicio, demasiadas limitaciones para una verdadera transparencia en la gestión de la cosa pública. Salvo los “gastos reservados” de la seguridad ciudadana o los protegidos por la ley de secretos oficiales, el ciudadano debería tener derecho a saber en que se gasta hasta el último euro público: El coste exacto y pormenorizado de cada obra o servicio, el importe de todas y cada una de las adjudicaciones y subvenciones y, desde luego, la totalidad de lo que perciben todos los cargos públicos de las administraciones, parlamentos y demás estamentos públicos.

 Lo cierto es que en el ámbito autonómico y municipal el nivel de transparencia deja mucho que desear. Conocer, por ejemplo, el coste real y final de una obra pública requiere superar toda una carrera de obstáculos, no ya por parte del ciudadano, sino por cualquier medio de comunicación e incluso por la oposición encargada de controlar la acción de gobierno. Por eso resultan un tanto sorprendentes las calificaciones otorgadas por “Transparency Internacional”, una agencia dedicada a medir el índice de transparencia en las principales administraciones públicas.

Carlos López Riesco, alcalde de Ponferrada
 Según dicha agencia, de los principales ayuntamientos de Castilla y León el mas transparente sería el de Ponferrada (100 sobre 100) y el menos el de Zamora (33,8). Y todos los demás, excepto el de Ávila (48,8) presentarían un índice de transparencia superior al 50 por ciento. Desconozco la metodología utilizada para medir ese índice, pero me cuesta creer que el alcalde de Ponferrada, Carlos López Riesco, sea el triple de transparente que su colega zamorana y compañera de partido, Rosa Valdeón. No me cuadra nada. Igual de chocante me resulta que entre las 11 Diputaciones mas transparentes seis de ellas sean de Castilla y León, mientras las otras tres (Burgos, Segovia y Ávila) no alcanzan el aprobado del 50 por ciento.

Pero donde el índice de “Transparency Internacional” desafía la realidad es en la calificación otorgada a la comunidad de Castilla y León. Conociendo como funciona la Junta ya parece exagerada la nota global del 90 por ciento, que la sitúa en el sexto puesto del ranking autonómico. Y lo que ya no se come ni Magú es la calificación de 100 concedida en el apartado económico-financiero.

Del Olmo, la consejera transparente.- En una reciente comparecencia parlamentaria, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, alardeó de esa calificación para defenderse de las críticas de la oposición. Y para empezar sucedía que dicha comparecencia se producía a petición propia para informar sobre la política de endeudamiento de la Junta en el año 2012.
Pilar del Olmo con Cristobal Montoro
 Perfecto si no fuera porque siguen sin atender comparecencias de la misma consejera solicitadas por la oposición sobre asuntos como los efectos de las deducciones autonómicas en el IRPF (agosto 2011), sobre la cuenta general de la comunidad de 2010 (noviembre 2011), sobre el plan de racionalización del gasto (febrero 2012) o impacto en Castilla y León de la amnistía fiscal (abril 2012). No parece que esta forma de sustraerse al debate parlamentario sea precisamente un ejercicio de transparencia.

 A mayor abundamiento, en la referida comparecencia el portavoz socialista, José F. Martín, denunció que, para acogerse al Plan de pago a proveedores del pasado año, la Consejería sacó de los cajones facturas por importe de 1.162 millones de euros, lo cual se compadece poco con una gestión transparente. Y no digamos ya nada de los 138 millones de déficit oculto que afloraron repentinamente el pasado mes de mayo. A más a más,   han tenido que pasar casi tres meses para que conozcamos el importe recaudado por la Junta a través de la amnistía fiscal encubierta colada de tapadillo en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad de 2012.

Página web de la Junta
 Y no lo conocemos porque el dato esté colgado en la página web de la Junta, en la pantomima esa del “Gobierno Abierto”. No. Se ha sabido porque, al hilo del “caso Bárcenas”, los periodistas le han preguntado a Pilar del Olmo y ésta no ha podido eludir la respuesta: cerca de 30 millones de euros provenientes de una decena de personas físicas. Un dato por lo demás incompleto, ya que seguimos sin conocer el importe global de lo regularizado a través de dicha amnistía y el porcentaje medio al que han tributado los beneficiarios de la misma.

Menos mal que la Consejería de Hacienda -y también al parecer la de Economía- son transparentes al 100 por 100. No quiero pensar que será el día que dejen de serlo.