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| Página web de la Casa Real |
Aquel
anteproyecto era de entrada manifiestamente mejorable. Mantenía zonas de
penumbra, como la de la cuenta de gastos de la Casa Real, y permitía despachar
con el “silencio administrativo” las peticiones de información de los
ciudadanos. A mi juicio, demasiadas limitaciones para una verdadera
transparencia en la gestión de la cosa pública. Salvo los “gastos reservados”
de la seguridad ciudadana o los protegidos por la ley de secretos oficiales, el
ciudadano debería tener derecho a saber en que se gasta hasta el último euro público:
El coste exacto y pormenorizado de cada obra o servicio, el importe de todas y
cada una de las adjudicaciones y subvenciones y, desde luego, la totalidad de lo
que perciben todos los cargos públicos de las administraciones, parlamentos y
demás estamentos públicos.
Lo cierto es que en el ámbito autonómico y
municipal el nivel de transparencia deja mucho que desear. Conocer, por
ejemplo, el coste real y final de una obra pública requiere superar toda una
carrera de obstáculos, no ya por parte del ciudadano, sino por cualquier medio
de comunicación e incluso por la oposición encargada de controlar la acción de
gobierno. Por eso resultan un tanto sorprendentes las calificaciones otorgadas
por “Transparency Internacional”, una agencia dedicada a medir el índice de
transparencia en las principales administraciones públicas.
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| Carlos López Riesco, alcalde de Ponferrada |
Según dicha agencia, de los principales
ayuntamientos de Castilla y León el mas transparente sería el de Ponferrada
(100 sobre 100) y el menos el de Zamora (33,8). Y todos los demás, excepto el
de Ávila (48,8) presentarían un índice de transparencia superior al 50 por ciento. Desconozco la metodología
utilizada para medir ese índice, pero me cuesta creer que el alcalde de
Ponferrada, Carlos López Riesco, sea
el triple de transparente que su colega zamorana y compañera de partido, Rosa Valdeón. No me cuadra nada. Igual de chocante me resulta que entre
las 11 Diputaciones mas transparentes seis de ellas sean de Castilla y León,
mientras las otras tres (Burgos, Segovia y Ávila) no alcanzan el aprobado del
50 por ciento.
Pero donde
el índice de “Transparency Internacional” desafía la realidad es en la
calificación otorgada a la comunidad de Castilla y León. Conociendo como funciona
la Junta ya parece exagerada la nota global del 90 por ciento, que la sitúa en el
sexto puesto del ranking autonómico. Y lo que ya no se come ni Magú es la calificación de 100 concedida en el apartado económico-financiero.
Del Olmo, la consejera transparente.- En una reciente comparecencia
parlamentaria, la consejera de Hacienda, Pilar
del Olmo, alardeó de esa calificación para defenderse de las críticas de la
oposición. Y para empezar sucedía que dicha comparecencia se producía a
petición propia para informar sobre la política de endeudamiento de la Junta en
el año 2012.
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| Pilar del Olmo con Cristobal Montoro |
Perfecto si no fuera porque siguen sin atender comparecencias de
la misma consejera solicitadas por la oposición sobre asuntos como los efectos
de las deducciones autonómicas en el IRPF (agosto 2011), sobre la cuenta
general de la comunidad de 2010 (noviembre 2011), sobre el plan de
racionalización del gasto (febrero 2012) o impacto en Castilla y León de la
amnistía fiscal (abril 2012). No parece que esta forma de sustraerse al debate
parlamentario sea precisamente un ejercicio de transparencia.
A mayor abundamiento, en la referida
comparecencia el portavoz socialista, José
F. Martín, denunció que, para acogerse al Plan de pago a proveedores del
pasado año, la Consejería sacó de los cajones facturas por importe de 1.162
millones de euros, lo cual se compadece poco con una gestión transparente. Y no
digamos ya nada de los 138 millones de déficit oculto que afloraron repentinamente
el pasado mes de mayo. A más a más, han tenido que pasar casi tres meses para que
conozcamos el importe recaudado por la Junta a través de la amnistía fiscal encubierta
colada de tapadillo en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la
Comunidad de 2012.
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| Página web de la Junta |
Y no lo conocemos porque el dato esté colgado
en la página web de la Junta, en la pantomima esa del “Gobierno Abierto”. No.
Se ha sabido porque, al hilo del “caso Bárcenas”, los periodistas le han
preguntado a Pilar del Olmo y ésta no ha podido eludir la respuesta: cerca de
30 millones de euros provenientes de una decena de personas físicas. Un dato
por lo demás incompleto, ya que seguimos sin conocer el importe global de lo
regularizado a través de dicha amnistía y el porcentaje medio al que han
tributado los beneficiarios de la misma.
Menos mal
que la Consejería de Hacienda -y también al parecer la de Economía- son
transparentes al 100 por 100. No quiero pensar que será el día que dejen de
serlo.