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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

miércoles, 23 de enero de 2013

Una opacidad insostenible

¿Por qué las Cortes de Castilla y León se resisten a que las declaraciones de bienes y actividades de los procuradores tengan carácter público y puedan ser conocidas por cualquier ciudadano de la misma forma que las del Congreso y el Senado?
 La pregunta no la hago ahora al rebufo del escándalo desatado por el “caso Bárcenas”. La hice el pasado día 8 en este mismo blog al final del artículo “La puerta giratoria”.

Naturalmente, no hubo respuesta. Y sigue sin haberla 15 días después. Las revelaciones de “El topillo” acerca de los sobresueldos que los 53 procuradores del PP y otros 21 del PSOE reciben con cargo a las subvenciones de sus respectivos parlamentarios es posible que nos ponga sobre la pista.



El acceso a dichas declaraciones impediría camuflar esos ingresos, así como otros de carácter complementario que perciben la mayor parte del selecto club de procuradores con dedicación exclusiva. De estos 18 procuradores (ocho del PP, ocho del PSOE, el de IU y el de la UPL) ha constado siempre su sueldo oficial, pero no así el sustancioso el complemento por gastos de transporte que 14 de ellos tienen asignado.
Mesa de las Cortes

 El volumen de lo camuflado no es calderilla. En el caso de los tres representantes del PP en la Mesa de la Cámara (la presidenta, Josefa García Cirac; el vicepresidente, Fernando Rodríguez Porres; y la secretaria, Isabel Alonso) y del portavoz del grupo parlamentario, Carlos Fernández Carriedo, la cuantía de esos ingresos “complementarios” ronda los 38.000 € anuales. Así resulta de sumar los 1.800 € mensuales del plus de transporte y los cerca de 1.400 desviados de la subvención al grupo. De tal forma que el sueldo oficial de 71.890 € (en el caso de la presidenta 68.978) se dispara hasta cerca de los 110.00 € brutos, es decir, mas de un 50 por ciento.

 La retribución total de los portavoces de los otros grupos, Óscar López (PSOE) y José María González (IU), se sitúa en torno a los 93.000 €, puesto que cobran plus de transporte, pero no sobresueldo de grupo. En descargo de ambos hay que decir que no disponen de coche oficial, ya que, para mayor inri, resulta que los otros seis perceptores de dicho complemento (los cinco miembros de la Mesa y el portavoz popular) disfrutan de coche y conductor con cargo a las Cortes. Curiosamente, los otros seis procuradores con dedicación exclusiva (3 del PSOE, 2 del PP y el de UPL) cobran, sin coche oficial, un plus de transporte mas reducido (1.440 €), con el que incrementan sus sueldos en más de 17.000 € anuales, que tampoco está nada mal.

Guillermo Fernández Varas
 Se comprende así que las Cortes se vengan resistiendo a dar publicidad a las declaraciones de bienes y actividades que, por imposición del Reglamento de la Cámara, los procuradores están obligados a presentar al inicio de cada Legislatura, ello junto a las correspondientes declaraciones anuales de IRPF y Patrimonio.
Y no reduzcamos todo a la cuestión de las retribuciones. Están asimismo sin regular las posibles incompatibilidades por colusión de intereses, de forma que puede ocurrir -de hecho ha ocurrido- que actúe de portavoz de su grupo en materia de Cajas de ahorro un procurador que a su vez presta a una de ellas servicios profesionales como abogado.

 Con la que está cayendo sobre la política española, dicha opacidad no puede mantenerse un día más. Por mera decencia democrática, una institución como las Cortes tiene que permitir ya mismo el acceso público al registro de actividades e intereses y que las declaraciones que lo integran puedan ser consultadas a través de la página “web”, exactamente como en el Congreso y en el Senado. Y lo mismo debería regir para los altos cargos de la Junta y del resto de las Administraciones.
 El ex presidente de Extremadura y actual líder de la oposición en esa comunidad, Guillermo Fernández Vara, pidió ayer que el Parlamento extremeño proceda en ese sentido. Y para que su petición no quede como un gesto de cara a la galería, anunció que los parlamentarios socialistas colgarán en Internet sus correspondientes declaraciones de bienes e intereses, incluidas las del IRPF. Veremos si cunde el ejemplo.

Sebastián González y Ángel Acebes
Y todo esto referido a dinero A directamente procedente del erario, ya que no consta que el reparto de sobres en negro atribuido a Luis Bárcenas tenga traslación alguna a las estructuras territoriales del PP. Otra cosa es que haya una serie de insignes castellano-leoneses que, al haber tenido despacho y responsabilidades en Génova, se hayan visto envueltos en esa sospecha. Ante ello, su respuesta ha sido por cierto muy diversa.

Soraya Sáez de Santamaría, secretaria de Política Territorial entre 2004 y 2008, rechazó tajantemente ese supuesto en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Otro de la etapa de Ángel Acebes, el abulense Sebastián González,  ex secretario de Organización, se ha mostrado indignado ante esa insinuación. Al contrario que su ex jefe y paisano, que debe de andar muy ocupado en Iberdrola y no ha dicho ni pío. Como tampoco se han dado por aludidos los salmantinos José Antonio Bermúdez de Castro y Gonzalo Robles y la burgalesa Sandra Moneo, otros tres que han ocupado durante muchos años despacho en la calle Génova.