Stop judicial a un recorte social

 Habituados a los sobresaltos, conforta que salte alguna sorpresa positiva. La exasperante lentitud de la Justicia tuvo ayer su contrapunto con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de suspender cautelarmente el cierre nocturno de los centros de guardias médicas de la comunidad vecina. Sin entrar en el fondo de la denuncia, realizada por el alcalde de uno de los municipios afectados, el Tribunal deja de momento sin efecto un cierre que precariza la asistencia sanitaria a cerca de 100.000 ciudadanos castellano-manchegos, en su mayor parte de avanzada de edad.

Juan Vicente Herrera y Dolores de Cospedal

 Sorprendido por la resolución judicial, el gobierno de María Dolores de Cospedal ha calificado de "inaudita" la misma. Y tiene razón, si entendemos por inaudita la celeridad con que ha actuado en esta ocasión la Justicia. Otro cosa es que emplee esa calificación como sinónimo de “insolencia”. ¿Cómo tiene un tribunal la osadía de echar para atrás la decisión de un gobierno autonómico presidido nada menos que por la mano derecha de Mariano Rajoy en el Partido Popular, la dueña y señora de Génova? Es posible que esa sea la pregunta que desconcierte al ejecutivo castellano-manchego.

 Desconozco si alguien denunció la situación en Castilla y León, pero esto mismo, el cierre de las urgencias nocturnas, está en vigor desde hace el pasado 1 de octubre en 18 centros rurales. Los 40.000 vecinos afectados llevan movilizándose desde entonces, sin que la Junta haya reconsiderado una medida que apenas supone un ahorro de 1,5 millones de euros (menos del 0,05 del Presupuesto de la Consejería de Sanidad). ¿Es admisible poner en riesgo una sola vida por semejante ahorro? ¿Dónde queda la igualdad de derechos entre los vecinos de los núcleos urbanos y los que residen en esas localidades del medio rural?  No hay por donde cogerlo.

Manifestación en Las Arribes del Duero

 Ello con independencia de que dicho cierre pueda vulnerar la legalidad, al no respetar en determinadas localidades el tiempo máximo de traslado del ciudadano afectado al centro de urgencias más próximo. Por ahí se fundamenta el recurso que ha dado lugar a la suspensión cautelar en Castilla La Mancha, donde hay vecinos que tardarían mas de 50 minutos en trasladarse hasta el centro correspondiente. Dicha suspensión supone todo un acicate para la Federación “Salud 24 horas”, la plataforma que está impulsando la movilización contra el cierre de las urgencias nocturnas en Castilla y León.

 Aunque aquí el PP aplica el “rodillo” de su mayoría con absoluto desprecio de los argumentos de la oposición, en el caso de las guardias médicas el rechazo de IU y PSOE puede obligar a la Junta a reconsiderar la medida. Sobre todo si los socialistas mantienen que se trata de una línea roja, de una condición "sine qua non" para alcanzar un consenso en torno a la Ordenación del Territorio, proceso que no llegará a buen puerto sin el acuerdo de los dos partidos mayoritarios.

César Antón y J.A. de Santiago

 Mientras que la Junta ha organizado todo este pifostio para ahorrar 1,5 millones de euros, esta misma semana hemos conocido un informe del Tribunal de Cuentas denunciando que más de 4.000 castellano-leoneses beneficiarios de la Ley de Dependencia han seguido cobrando las ayudas después de haber fallecido. Según dicho informe, entre 2007 y 2011 se habrían defraudado de esa forma en Castilla y León 19 millones de euros.

 La Junta eludió ayer cualquier responsabilidad en este desaguisado, desviando la misma hacia el Imserso, al frente del cual está precisamente el ex consejero de Sanidad y ex consejero de Familia de Castilla y León, César Antón. Aunque pudiera parecer lo contrario, al endosar el problema al Imserso, el Portavoz de la Junta exoneraba de responsabilidad a Antón, quién en la etapa fiscalizada por el Tribunal de Cuentas era justamente el responsable de gestionar las ayudas a la Dependencia en esta comunidad.

Normal cuando, tras cesar como consejero, el ex titular de Familia encontró acomodo como asesor en la Consejería de la Presidencia de su amigo y valedor José Antonio de Santiago. Al "asesor" Antón se le encomendó entonces elaborar un documento que sirviera de base para el pacto de comunidad ofrecido por Juan Vicente Herrera para “blindar” los servicios esenciales (Sanidad, Educación y Dependencia).

Tras las elecciones generales, Ana Mato lo fichó para dirigir el Imserso y de dicho documento nunca más se supo. Ni de ese documento ni de aquel pacto ofrecido por el presidente de la Junta en su discurso de investidura. Y en lugar de “blindaje”, se puso en marcha un “desguace” que en 2013 se cuantifica en una reducción de 340 millones de euros en el gasto social presupuestado por la Junta. Una vez más, y ya son muchas, la palabra de Herrera se la llevó el viento.

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