Días antes de finalizar 2012 la asamblea general de Caja Burgos decidía autodisolverse para dar paso a la fundación que a partir de ahora gestionará la obra social, el único vestigio que quedará de la antigua entidad de ahorros burgalesa tras su absorción por Caixabank, el banco de la Caixa. Tras 86 años de historia, Caja Burgos desaparece como tal, como lo han hecho meses atrás las centenarias Caja Ávila y Caja Segovia, diluidas en Bankia.
Bien es verdad que mientras la obra social de estas dos últimas presenta un futuro mas que incierto, la de Caja Burgos está en principio garantizada gracias a la solvencia de Caixabank y su interés estratégico -y mas con la que está cayendo con lo del soberanismo catalán- en fidelizar la clientela heredada.
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| LLamas, Herrera, López y Fermoso |
Como alguien ha dicho recientemente, el pretendido músculo financiero ha quedado en un tendón, el de la obra social y además nada consistente. Las seis cajas de Castilla y León han desaparecido y nadie quiere hacerse responsable de ello. Ni los que han sido sus administradores directos, ni la Junta de Castilla y León, responsable de tutelar el funcionamiento de las entidades de ahorro. Pío, pío que yo no he sido.
Sin darse en absoluto por concernido, el consejero de Economía, Tomás Villanueva, pedía hace unos días explicaciones a los antiguos responsables de las cajas desaparecidas. Y sin duda tendrían que darlas. Pero también la Junta, que en última instancia autorizó la adhesión de Caja Ávila y Caja Segovia a Bankia, al igual que la de Caja Burgos a Banca Cívica, operaciones en las que no se atrevió a ejercer su derecho de veto.
¿Y que decir de Caja España-Caja Duero, producto de la fusión promovida por el propio gobierno de la comunidad? ¿A quién echa la culpa Villanueva de esa fusión y de la desastrosa gestión (?) posterior que ha llevado a la absoluta ruina a CEISS, el banco resultante? Me temo que otra vez al sufrido maestro armero.
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| Atilano Soto y Agustín González |
Vamos a ver si a estas alturas vamos dejando las cosas medianamente claras. Los primeros responsables de la liquidación en almoneda de las seis cajas de Castilla y León son sus administradores y gestores, esto es, los consejeros y directivos que han perpetrado o consentido toda clase de desmanes y dislates especialmente a partir de la renovación de los órganos rectores llevada a cabo en el año 2003. En su mayoría políticos (casi todos del PP y el PSOE), sindicalistas y empresarios sobradamente conocidos. Solo dosde ellos, los ex presidentes de Caja Segovia y Caja Ávila, Atilano Soto y Agustín González, están imputados judicialmente, aunque hay otros que han contraído sobrados méritos para estarlo.
Luego está la responsabilidad directa de la Junta en tanto que administración competente en la materia. Hace al caso señalar que entre sus competencias figura la de dar el visto bueno a los créditos preferenciales concedidos por las cajas a sus propios consejeros o a sus empresas, especialmente cuantiosos en los casos de Santos Llamas (ex presidente de Caja España), José María Arribas (ex presidente de Caja Burgos) o Francisco Rubio (consejero aun de Caja España-Caja Duero). Ello al margen de no haber ejercido el derecho de veto antes mencionado.
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| Tomás Villanueva y Pilar del Olmo |
Y junto a él, los dos consejeros responsables de la tutela de las Cajas, entre 2003 y 2007 la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y desde mediados de 2007 el de Economía, Tomás Villanueva.
Una responsabilidad política a la que en modo alguno puede sustraerse los dos anteriores secretarios autonómicos del PSOE, Ángel Villalba y Óscar López, quienes durante sus respectivos mandatos han pactado amistosamente con el PP el reparto del botín político de las Cajas. Consumado el desastre, ninguno de los citados y aludidos pueden llamarse andana como si no hubieran tenido nada que ver con el mismo.