lunes, 31 de diciembre de 2012

La Junta y su factoría de ficción


Días antes de que la Junta despidiera el año lanzando el anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio, el gobierno central aprobaba el padrón oficial de habitantes a fecha 1 de enero de 2012, que confirmaba que la comunidad de Castilla y León perdió en 2011 nada más y nada menos que 12.375 habitantes, el 0,5 por ciento de su población.

Habrán comprobado que mientras el futurible de la “ordenación territorial” -penúltimo producto de esa gran factoría de fabricación de humo que siempre ha sido la Consejería de la Presidencia- ha ocupado páginas y páginas de los periódicos, el dato real del retroceso demográfico de Castilla y León apenas ha encontrado reflejo informativo.



Juan Vicente Herrera en su escaño de las Cortes
 Por tercer año consecutivo -y nadie dude que 2012 habrá sido el cuarto- esta comunidad autónoma ha vuelto a perder población. Lo ha hecho en mucha mayor proporción que en 2009 y 2010, y por primera vez en las nueve provincias, incluida la de Valladolid, que era la única que venía ganando habitantes año tras año de forma sostenida. Y no sirve de excusa la crisis, ya que 12 de las 17 comunidades autónomas han incrementado su censo en 2011 y solo en 5 ha descendido (Castilla y León en la que más, junto a Galicia).

 Por mucho que el presidente y la mano que mece su cuna se empeñen en negar la evidencia, se confirma que la población sigue siendo el gran talón de Aquiles del gobierno de Juan Vicente Herrera. No es ninguna falacia instalada en el imaginario colectivo, como se permitió decir el propio Herrera en febrero de 2010, cuando presentó en las Cortes el proyecto de lo que se dio en llamar la Agenda de Población. (Ya tenía miga que presentara con toda solemnidad un nuevo instrumento destinado a combatir un problema cuya existencia de antemano se negaba).

 Casi tres años después, aquel invento -producto de la factoría de ficción antes mencionada- se ha revelado como un rotundo fracaso, el más clamoroso, junto al de la almoneda de las Cajas de Ahorro, de los que lleva cosechados la Junta. Mientras España no ha dejado en ningún momento de ganar población, el retroceso demográfico de Castilla y León no se detiene. Si en 2008 los castellanos y representábamos el 5.48 por ciento del padrón estatal, tres años después hemos bajado al 5,38. Y este es el dato que cuenta, el que utiliza el Estado a la hora de asignar recursos presupuestarios a las comunidades autónomas.

Manifestacion contra el cierre de los centros de guardias médicas
No entremos ya a analizar otros dos factores a cual más penoso, como lo son la emigración juveníl y la desigual incidencia territorial del retroceso poblacional, y sus consabidas consecuencias, a saber, el envejecimiento de la población y los desequilibrios territoriales internos.

La provincia de Zamora ilustra muy bien la situación: Solamente en los tres años citados ha perdido más del 2 por ciento de su población y el número de pensionistas se acerca ya al de activos dados de alta en la Seguridad Social. Le siguen en el ranking de pérdida porcentual de población Palencia (-1,5) y León y Salamanca, que han perdido más del 1,1 por ciento. Y mientras esto ocurre, la Junta abandona el Plan de Convergencia Interior contemplado en el Estatuto de Autonomía precisamente para corregir los desequilibrios internos  de la comunidad autónoma. ¿Alguien lo entiende?.

 En estas estamos cuando se lanza a bombo y platillo el anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio, que, tal como se ha presentado, diríase que es la panácea que va a resolver todos esos males y alguno más. Sin esperar a que el gobierno central defina su propuesta de reforma de la Administración Local, la Junta ha lanzado la suya como el que escupe una patata caliente que le quema en la boca. Lo de menos es que luego quede en papel mojado, como a buen seguro terminará ocurriendo.
Protesta en Vallelado (Segovia) contra la supresión de la ESO

Del farragoso y engorroso engendro lo único que queda meridianamente claro es la voluntad de potenciar las Diputaciones provinciales, destinatarias de nuevas competencias que reforzarían su papel político.
 Se apuesta sin complejos por potenciar una institución ampliamente cuestionada, para muchos una rémora del sistema autonómico y un nido de caciquismo político rural.
Y cómo nadie quiere poner el cascabel al gato de reducir el número de municipios, se confía en que los más pequeños vayan muriendo de inanición presupuestaria. Todo lo demás, las mancomunidades, las entidades locales menores, etc. se deja al albur de lo que se legisle en Madrid.

Palabras mayores son las de estructurar servicios esenciales de la Junta, como la Sanidad y Educación, en función de las futuras “unidades básicas de ordenación de servicios en el territorio rural”. Que se lo pregunten a los damnificados por el cierre de los centros de guardias médicas rurales, por la supresión de unidades de la ESO o por la reducción de las líneas regulares de autobús, a las que se suman ahora las de los trenes. Sospecho que a ellos, al igual que a los miles de jóvenes que abandonan cada año la comunidad, esto de la ordenación del territorio les sonará a música celestial. A mí parece otro típico producto salido de la factoría de ficción anteriormente señalada. O sea, humo en colorines.