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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

lunes, 10 de diciembre de 2012

Un grano en salva sea la parte

  El problema de la mayoría absoluta con la que gobierna el PP en Castilla y León desde 1991 -los cuatro años anteriores lo hizo con el apoyo del CDS, al que rápidamente fagocitó-  es la voluntad hegemónica con que se ejerce, que va mucho mas allá del consabido rodillo parlamentario. Se trata de controlarlo todo, de que nada se le escape de las manos y de imponer el pensamiento único, propósitos en los que el PP  nada tiene que reprochar a esos nacionalismos excluyentes a los que tanto critica en otras comunidades.


 A falta de una oposición sólida -que, entendida como alternativa de poder, no ha existido Castilla y León en estos 25 años- afortunadamente siempre han existido algunos contrapeso que han hecho algo mas llevadera esa asfixiante hegemonía. En ocasiones ha sido la cuota de poder municipal del PSOE, en otras las propias instituciones de control o consultivas de la comunidad, a veces los tribunales de Justicia. Cautiva y desarmada -sobre todo en las etapas de Jesús Quijano y Ángel Villalba- la oposición  socialista, hubo un tiempo en que los tribunales fueron casi el único contrapeso que puso coto a determinados abusos de poder.


Julio Villarrubia y Juan Vicente Herrera
   
Creo que la Consejería de Medio Ambiente debe haber batido todos los records conocidos en el sector público en número de sentencias contrarias, registro en el que no le irá muy a la zaga –si es que no va por delante- el ayuntamiento de Valladolid y su actual alcalde. Ello ha evitado no pocos desaguisados medioambientales promovidos por la propia Administración supuestamente encargada de evitarlos. Y todavía están en el Tribunal Constitucional recursos interpuestos contra las leyes “ad hoc” promulgadas para imponer los vertederos de Santovenia de Pisuerga  y Gomecello o la Ciudad del Medio Ambiente de Soria.  

 Pues bien, en esto del contrapeso judicial, parece evidente que hemos retrocedido bastante, al menos en Burgos, donde es evidente -como se puso de manifiesto con la ex consejera María Jesús Ruíz- la Junta tiene últimamente las espaldas bien cubiertas. Y en cuanto a las instituciones de control o consultivas, ya escribí yo hace algunas semanas el proceso de curso para neutralizar en todo informes tan demoledores como los emitidos con cierta frecuencia tanto por el Consejo de Cuentas como por el Consejo Económico y Social. Independientemente del poco caso se le hace, el Procurador del Común no es ya tampoco ni la sombra de lo que fue, y el Consejo Consultivo nunca -ni siquiera cuando tuvo teórica mayoría de extracción socialista- ha supuesto nunca obstáculo alguno para la Junta.

 El regreso de IU y la existencia de un procurador de la Unión del Pueblo Leonés fiel a su partido han devuelto cierto pluralismo al “mausoleo” de Villa del Prado respecto al bipartidismo de facto predominante durante la Legislatura anterior, en la que los dos procuradores de origen leonesista no tardaron en constituirse en un apéndice del grupo popular. Pero cuando parecía que los socialistas iban a ejercer por fin su función de oposición, con la llegada de Julio Villarrubia a la secretaria autonómica, el PSOE de Castilla y León ha vuelto a las andadas de prestarse a pactos y componendas que no hacen otra cosa que apuntalar y reforzar a la Junta.



 Herrera el pasado 6 julio en la Consejería de Fomento
  Con semejante panorama, la respuesta positiva está viniendo de ciertos sectores de la “sociedad civil” que no están dispuestos a caer en la resignación y menos aun en comulgar con ruedas de molino. Particularmente oportuna  y efectiva está resultando la labor emprendida por la Plataforma en Defensa de lo Publico (PLADEPU), constituida por funcionarios y empleados de la Administración Autonómica. Su manifiesto dirigido a la Consejera de Hacienda y Admón. Autonómica, Pilar del Olmo, constituye una denuncia en toda regla del conjunto de vicios, abusos y desmanes con que ha actuado la Junta en materia de Función y Administración Pública (privatizaciones encubiertas, politización, despilfarro, enchufismo, etc. etc.). Una degradación de lo público que ni la oposición ni los mediatizados sindicatos han sido capaces de frenar en los 25 años de gobierno del PP en la comunidad.

 Tengo la impresión de que con PLADEPU a la Junta le ha salido un molesto grano en salva sea la parte. Desde que Juan Vicente Herrera se vió sorprendido el primer viernes de julio con un inesperado recibimiento en la sede de la Consejería de Fomento, su jefa de Gabinete, la “viceconsejera” Virginia Arnaiz, tiene especial cuidado en evitar que los “viernes de negro” se crucen en la agenda presidencial. Pero eso no deja de ser una anécdota. Lo importante es que los trabajadores de la mayor empresa de Castilla y León (mejor, habría que decir del grupo de empresas, teniendo en cuenta el tinglado del “sector público”, que PLADEPU  denomina Administración B), que no otra cosa es la Junta, se han rebelado y están plantado cara en defensa de los servicios públicos de calidad que está obligada a prestar la comunidad autónoma. Y eso, en una sociedad tan propensa a la resignación, es tanto como poner una pica en Flandes. Todo un valioso contrapeso al poder absoluto con el que nadie contaba.