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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

viernes, 7 de diciembre de 2012

Un daño irreversible


 Iñaki Gabilondo, que en su comentario diario en la SER va en corto y por derecho, comparaba ayer la Constitución con una mujer maltratada, a la que todos dicen proteger y para ello la aíslan del contacto social y del aire de la calle. El hecho es que el Día de la Constitución, que se planteó como una fiesta democrática, cada año se parece mas al 12 de octubre, o sea a una efeméride vivida entre la general indiferencia ciudadana. Con más pena que gloria.


 La Constitución nunca ha sido la panacea que nos quisieron hacer creer y el personal se ha ido percatando de ello. Según la última encuesta del CIS, al 52 por ciento de los españoles no le parece que la Carta Magna esté a la altura de las circunstancias. Algunos de los derechos y libertades que proclama son papel más mojado que nunca. Que les preguntan a los millones de parados y centenares de miles de desahuciados qué opinan de los derechos constitucionales al trabajo y a la vivienda digna. Es como cuando la bicentenaria Constitución de Cádiz proclamaba que los españoles somos buenos y benéficos. 

Los siete "padres" de la Constitución de 1978
34 años no pasan en balde y en determinados aspectos el texto constitucional está completamente desfasado. Y el desfase no es de ahora, viene de antes de la crisis. Hace años que el Consejo de Estado recomendó una reforma acotada a una serie de aspectos muy concretos, tales como la discriminación de la mujer en la línea sucesoria de la Corona, el sistema electoral,  la regulación del Estado de las Autonomías y la función del Senado. Nada se hizo por temor de los dos grandes partidos a que la apertura de ese melón hiciera saltar por los aires del consenso constitucional de 1978, del que participaron los nacionalistas catalanes.

Dicho temor podía estar justificado, pero en lo referente a las Autonomías la reforma se tendría que haber intentado . Si hace ocho años o diez años se hubiera revisado el Titulo VIII, posiblemente nos habríamos ahorrado la conflictiva reforma del Estatut y la posterior deriva soberanista del nacionalismo/independentismo catalán. Pero se dejó pudrir la situación y el Título VIII sigue tal cual se redactó en 1978, sin que ni siquiera figure el mismo la relación de las 17 comunidades autónomas -Castilla y León fue la última- constituidas a partir de ese marco constitucional.
 ¿Y qué decir del Senado, la sedicente Cámara de las Autonomías? Estar ahí está, como diría Miguel Gila sobre Grecia. Cumple la función de Cámara de segunda lectura de las leyes que se aprueban al Congreso y poco más. Mantiene una Comisión General de las Comunidades Autónomas que no es determinante ni siquiera para la reforma de los Estatutos de Autonomía, que siempre se han ventilado en la Cámara Baja.

Noviembre 2007: El Senado aprueba la reforma del Estatuto
 Máximo ejemplo de esa inanidad fue la última reforma del Estatuto de Castilla y León, esa que en la práctica ha quedado completamente en agua de borrajas. La legislatura nacional estaba en su recta final, el calendario apremiaba y, para aligerar trámites,  el PP y el PSOE pactaron no admitir ninguna enmienda en la Cámara Alta. Y sucedió que la reforma estatutaria aprobada en el Congreso fue ratificada por el Senado sin modificar  una sola coma. ¡La supuesta Cámara de las Autonomías nada tenía que aportar –y nada aportó- a la reforma de un Estatuto…!

Aparte de eso, el PP no quiere ni oír hablar de una reforma del Senado que modifique su actual sistema de representación territorial, que fija en cuatro el número de senadores a elegir por cada provincia sea cual sea su población, lo que convierte por cierto a Castilla y León en el territorio con mayor número de escaños en la Cámara (algo que, dicho sea de paso, no reporta a castellanos y leoneses beneficio de ningún tipo).
Como el cupo de senadores autonómicos apenas altera la correlación, ello hace que nuestra comunidad, con la tercera parte de población que Andalucía y Cataluña, tenga algún senador más que la primera y casi el doble que la segunda. Una cosa es que la Cámara de las Autonomías deba tener una representación territorialmente ponderada y otra es la absoluta desproporción entre territorio y población. Es como si las nueve provincias de Castilla y León, desde Valladolid a Soria, tuvieran el mismo número de escaños en el mausoleo de Villa del Prado. Ya me contarán.

 Por todo ello cobra especial gravedad la reforma exprés de la Constitución perpetrada al alimón por PP y PSOE en el verano de 2011. Los que no han tenido coraje para afrontar una revisión constitucional en algunos aspectos absolutamente imprescindible, pactaron en un santiamén una modificación que suponía un golpe bajo al consenso constitucional de 1978 y al Estado social que proclama la Carta Magna. Esa obligación de reducir el déficit público y de dar prioridad al pago de la deuda por encima de cualquier otra cosa, es la que está dando cobertura constitucional al desguace del Estado de Bienestar.

Solo había algo peor que aplazar la puesta al día la Constitución: Aceptar esa reforma claudicante impuesta por Angela Merkel que antepone los intereses de los mercados financieros a las necesidades sociales de los españoles. Y eso lo que  hicieron Zapatero y Rajoy hace tan solo 15 meses. Un golpe bajo que ha infligido a la Constitución un daño irreversible