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| Isabel Carrasco |
Lo que contaba el otro día “El topillo” sobre la última trapisonda que tiene organizada el PP de León no es mas que una derivada del mamoneo político que ha rodeado a Caja España desde su misma formación, allá por los años noventa, cuando por iniciativa de Juan José Lucas las cajas de León, Valladolid, Palencia y Zamora se fusionaron en una sola entidad.
Se conoce como “caso de los kilómetrajes” las diligencias judiciales abiertas contra la presidenta del PP de León, Isabel Carrasco, por cobrar de Caja España gastos por desplazamientos presuntamente realizados con el coche oficial de la Diputación provincial. La denuncia la presentó inicialmente el entonces diputado socialista Matías Llorente, quien luego se inhibió y no ratificó su acusación ante el Juzgado. (Casualmente, Llorente abandonó después el PSOE y ahora es un trásfuga tratado a cuerpo de rey).
Cuando parecía que el caso no tenía mas recorrido, una nueva denuncia, formulada por un concejal leonesista de San Andrés del Rabanedo, provocó la reapertura las diligencias y ello ha puesto de los nervios a Carrasco y toda su corte del PP leonés. El asunto no es baladí, ya que una eventual condena judicial conllevaría la pena de inhabilitación y con ella la renuncia de la encausada a la presidencia de la Diputación.
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| Santos Llamas |
Carrasco, antigua vicepresidenta de Caja España, percibió en 2010 la cantidad de 62.151 euros en concepto de dietas y kilometrajes derivados de su vinculación a la entidad de ahorro. Dicha cuantía se desglosa en 10.037 euros correspondientes a reuniones de la propia Caja y otros 43.113 como representante de la entidad en reuniones de sociedades filiales o participadas, concretamente Invergestión, Inmocaja y Tinsa.
En 2011 la cantidad percibida se redujo a 30.910 euros. Lo que investiga ahora el juzgado es si los desplazamientos a Salamanca y Madrid realizados en su condición de consejera de Caja España -se habla de hasta 20.000 kilómetros- los costeó con cargo a su bolsillo o utilizó para ello el coche y el conductor oficial de la Diputación.
Por escandaloso que sea, la verdad es que el asunto es casi anecdótico al lado de las indemnizaciones aflojadas por Caja España como consecuencia de los contratos blindados que se agenciaron diversos directivos con el consentimiento del Consejo de Administración de turno. “Nosotros dejamos que os blindeis vuestros contratos y vosotros no poneis trabas a los créditos preferenciales que solicitemos”. Esta ha sido la base del acuerdo mantenido durante años entre directivos y consejeros, no solo de Caja España, sino de todas las demás prácticamente sin excepción. Todo dentro de la más exquisita legalidad, faltaría más.
La prejubilación del ex alcalde socialista de León, Francisco Fernández, fue un caso bastante atípico, pero plenamente enmarcado en esa entente. Paco Raquetas, que a la vez que vicepresidente era empleado en situación de excedencia, se prejubiló con 554.000 euros que dieron mucho que hablar. Tanto como para verse obligado a renunciar a ser candidato socialista al Congreso de los Diputados en las elecciones generales de 2011.
La prejubilación del ex alcalde socialista de León, Francisco Fernández, fue un caso bastante atípico, pero plenamente enmarcado en esa entente. Paco Raquetas, que a la vez que vicepresidente era empleado en situación de excedencia, se prejubiló con 554.000 euros que dieron mucho que hablar. Tanto como para verse obligado a renunciar a ser candidato socialista al Congreso de los Diputados en las elecciones generales de 2011.
Aparte de su polémica prejubilación, Fernández se benefició desde 2007 con una serie de créditos preferenciales por un importe global de 815.000 euros.
Pero en materia de prejubilaciones y créditos, el ex alcalde de León está muy lejos de batir marcas en Caja España. El grupo de empresas del que fuera presidente de la entidad hasta la fusión con Caja Duero, Santos Llamas, acumula créditos por importe cercano a los 80 millones de euros, motivo por el cual el pasado mes de octubre abandonó el Consejo de Administración de la caja fusionada, en el que se mantenía como consejero raso.
El último director general de Caja España antes de la fusión, Ignacio Lagartos, se fue con una indemnización de 1,3 millones de euros. La liquidación de su contrato fue considerada excesivamente generosa -se estimó que 400.000 euros por encima de lo que en rigor correspondía-, pese a lo cual su finiquito ha salvado la denuncia interpuesta ante la fiscalía por Izquierda Unida sobre presuntos abusos en esya y otras cajas de Castilla y León.
Sin embargo, en esta materia el caso mas insólito no deja de ser el protagonizado por el actual presidente de Caja España-Caja Duero, Evaristo del Canto, quien entre 1999 y 2003 había ocupado el puesto de director general de la entidad. En octubre de 2003, el Consejo de Administración destituyó a Del Canto, cuyo cese le reportó una indemnización de 1,2 millones de euros. Ello no fue óbice para que siete años después fuera repescado, previo pacto PP-PSOE ya comentado, para presidir la Caja fusionada con un sueldo que ronda los 350.000 euros anuales.
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| Del Canto y De la Vega, el director general |
Y ahí está Del Canto, presidente a la sazón del CEISS, el banco al que se ha transferido el ruinoso negocio de ambas cajas, esperando si los despojos de ellas son absorbidos por la andaluza Unicaja o acaban intervenidos por el FROB. Mientras tanto, el CEIS, un banco no malo sino peor, ha visto como en el primer semestre de este año los depósitos de sus clientes han descendido en 4.546 millones de euros. Ello cuando debe más de 1.000 de euros al FROB y arrastra créditos de dudoso o imposible cobro al sector inmobiliario por importe de otros 3.147. O sea, una auténtica ruina.
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