Un pacto que hace aguas

 Tres meses después de su sonada firma, el pacto suscrito el pasado octubre entre el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el secretario autonómico del PSOE, Julio Villarrubia, se resquebraja por momentos. Ni me sorprende ni me aflige. Antes de su precipitada firma algunos advertimos que los socialistas volvían a dar un paso en falso al firmar, prácticamente en barbecho, un pacto que solo beneficiaba al PP y a la Junta, que, para empezar habían limitado su contenido a los asuntos de su interés, eludiendo el fundamental: el compromiso de no seguir recortando en Sanidad, Educación y demás servicios públicos esenciales que está obligada a prestar la Administración Autonómica.

Juan Vicente Herrera y Julio Villarrubia

 Interesado en hacerse una foto que reforzara su autoridad, Villarrubia sucumbió a la tentación de suscribir unos acuerdos que, además de no resolver en sí mismos nada, no hacían otra cosa que apuntalar al gobierno Herrera y desdibujar todavía mas el papel del PSOE como oposición. Y así se lo hicieron ver tanto desde el grupo parlamentario de las Cortes, que dirige Óscar López, como desde la estructura territorial del partido, instancias que pusieron de relieve la precipitación con que se habían cerrado dichos acuerdos, adoptados sin apenas conocimiento previo de los órganos colegiados.

Y si el pacto estaba cogido con pinzas por parte del PSOE, la posterior actitud de la Junta, tomándoselo como un cheque en blanco para hacer de su capa un sayo, ha contribuido a dejarlo en papel mojado en varios de sus apartados. Es el caso del modelo de ordenación del territorio, plasmado en un anteproyecto de Ley que la Junta no se ha tomado la molestia de consultar previamente con los socialistas, que ya han marcado una serie de líneas rojas que no están dispuestos a admitir. Ni están por la labor de potenciar las Diputaciones provinciales, como pretende la Junta, ni mucho menos que la reorganización de los servicios públicos avale recortes como el de la supresión de los centros de guardias médicas en el medio rural.

Tampoco con que la Junta oculte el mapa que estructura la comunidad en 176 “unidades básicas de ordenación y servicios del territorio” (15 urbanas y 161 rurales). Si dichas unidades han de ser producto de la voluntad de los municipios, ¿a cuento de qué la Junta las cuantifica en 176 cuando los parámetros de población admiten una banda que oscilaría entre 60 y 250? La tomadura de pelo es considerable. Y ello mientras el gobierno central elabora una reforma de Ley de Bases de Régimen Local que en estos momentos mantiene en el aire el futuro de las Mancomunidades y de las entidades locales menores.

Igual de sibilino y tramposo es el anteproyecto de Ley de reforma de las instituciones propias de Castilla y León, que modifica la organización y funcionamiento del Consejo Económico y Social, el Procurador del Común, el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas. So pretexto de un ahorro administrativo irrisorio, dicha reforma está claramente orientada a socavar la autonomía y la función de control que han venido ejerciendo dichos organismos. Y en lo que se refiere al CES, la retroactividad que se establece al limitar a dos los mandatos del presidente está claramente dirigida a impedir la reelección de José Luis Díez Hoces, al que la Junta se ha empeñado en desalojar de su cargo por más que disponga del respaldo absolutamente mayoritario de las organizaciones representadas en la institución.. Resultaría absolutamente inconcebible que el primer partido de la oposición secundara el descarado propósito de la Junta de sustraerse al control ejercido por dichas instituciones.

Edificio sede de la ADE en Arroyo

 Otro gol que la Junta le coló al PSOE en ese pacto es el de reducir al 50 por ciento en dos años el llamado “sector público” integrado por empresas, fundaciones, entes, sociedades y chiringuitos varios, esa especie de Administración B desde la que se ha despilfarrado lo que no está escrito. Un gol por toda la escuadra, por cuanto esa reducción tenía que afrontarla “sí o sí” la Junta por imposición del ministro Montoro. ¿Está siendo consultado el PSOE sobre los sucesivos ERES (ADE, ECyL, Fundación Siglo, etc.) con los que la Junta está remodelando ese “sector público”? ¿Comparten los socialistas que la gestión de algunos de esos ERES haya sido encomendada al bufete de abogados Garrigues Walker, con el consiguiente gasto que ello genera cuando de lo que se trata es precisamente de ahorrar? Quiero pensar que no.

 Todo ello sin olvidar que el plan de empleo incluido en el acuerdo cuantifica su dotación en 30 millones de euros, cantidad en principio muy por debajo de la presuntamente recaudada por la amnistía fiscal encubierta pactada por el propio Villarrubia en la Ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad de 2012. Concluido el plazo el pasado 31 de octubre, seguimos sin conocer a cuanto asciende lo recaudado, que, según dicha Ley, ha de ser destinado a un plan especial de empleo, supuestamente el reflejado en el pacto.Teniendo en cuenta que se contaba con mas 47 millones de euros de un solo contribuyente, ¿qué piensa hacer la Junta con todo lo recaudado por encima de esos 30 millones? ¿Lo sabe el PSOE? ¿No va siendo hora de que lo sepamos todos los ciudadanos?

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