Sobresueldos, sinecuras y canonjías

A expensas de que siga aflorando porquería, puede decirse que enero de 2013 pasará a la historia como el mes en el que se desbordó la fosa séptica de la política española. La inmundicia que durante décadas se ha venido acumulando ha salido abruptamente a la luz y el hedor es insoportable. 

Luis Bárcenas

La secuencia de hechos encadenada durante la primera quincena de mes (fichaje de Rodrigo Rato por Telefónica, negativa de Duran i Lleida a dimitir, las peripecias de Juan José Güemes, las truculencias del espionaje en la comunidad de Madrid y del ático marbellí de su presidente, las nuevas revelaciones sobre el caso Urdangarín, etc.) había creado un ambiente irrespirable. Pero faltaba el “caso Bárcenas”, que desborda todo lo imaginable -que ya era mucho- en cuanto a mangoneo/mamoneo sistematizado dentro de un partido político. Sin olvidar las espesas sombras proyectadas directamente sobre el gobierno Rajoy por dos flancos: El de los ministros y ministras bajo sospecha de haber cobrado  durante años sobresueldos pagados por el PP en dinero negro y el de la amnistía fiscal de la que se ha servido el ex tesorero del PP para blanquear millones de euros evadidos a Suiza.

 Desconozco si en Castilla y León el PP o algún otro partido (solo podría ser el PSOE) retribuye a sus dirigentes con algún tipo de estipendio, aunque sea en dinero A. Si es así, supongo que no tardaremos en enterarnos. Pero ya ni siquiera se trata de eso. Aquí no hemos llegado a conocer nunca la totalidad de los ingresos regulares percibidos por los distintos cargos públicos, tanto de las instituciones autonómicas como de las Diputaciones y Ayuntamientos. Se nos cuenta, porque no les queda mas remedio y figura en el Presupuesto, el sueldo-base oficial, pero se camuflan otros conceptos asociados al cargo (dietas, gastos de representación), así como las sinecuras o canonjías procedentes de otros estamentos, sociedades públicas o instituciones financieras. Y en muchos casos todo lo no reconocido públicamente suma mas que el sueldo oficial.

Isabel Carrasco

 Conocido es el caso del presidente de la Diputación de Ávila, Agustín González, quién en el año 2011 incrementó su sueldo oficial con otros 224.094 euros procedentes del grupo Bankia, redondeando así unos ingresos totales en torno a los 300.000 euros. Posiblemente se trate de un record, pero González no es el único político que durante años -en su caso catorce- ha encontrado en las Cajas de Ahorro un suculento sobresueldo. 
Su homóloga en la Diputación de León, Isabel Carrasco, “facturó” en el año 2.010 un total de 62.510 euros en concepto de dietas abonadas por Caja España y sus sociedades filiales o participadas. Y así podríamos seguir con otros políticos que, teniendo dedicación exclusiva en sus respectivas instituciones, han compatibilizado sus cargos públicos con puestos en los Consejos de Administración de las Cajas: Fernando Martinez Maillo, Javier García Prieto, Artemio Domínguez, Cristina Vidal, Angeles Armisén, Francisco Fernández, Carlos Martinez, José Francisco Martín, Emilio Melero, etc., por citar solo a los más recientes. 

León de la Riva saliendo del Juzgado

¿Qué decír del alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, vicepresidente de Caja Duero durante 12 años? ¿Cuánto ha ingresado en dicho periodo como consejero de Caja Duero o de otras sociedades propias o participadas (Ebro, banco EBN, etc.) a cuyos consejos ha pertenecido? ¿Cuánto se ha levantado en sus doce años en Caja Duero Julián Lanzarote, el ex alcalde de Salamanca? ¿Y cuánto José Antonio de Santiago-Juárez, el del “sí o sí” a las fusiones, que durante cuatro años compatibilizó la portavocía del PP en las Cortes y el consejo de la misma caja?

Al desencadenarse la crisis, los políticos comenzaron a llenarse la boca con la palabra “austeridad” y alardearon de predicar con el ejemplo, congelándose primero y bajándose después los sueldos. A través de una enmienda presentada a los Presupuestos de 2010, el PP fijó el salario del Presidente de la Junta como techo de las retribuciones de los altos cargos de las instituciones autonómicas. Con ello se ponía fín a una situación ciertamente extraña, cual era que el presidente de las Cortes y los otros catorce procuradores en ese momento con dedicación exclusiva tuvieran un sueldo superior al de Juan Vicente Herrera (el entonces presidente de la Cámara, Fernández Santiago, cobraba oficialmente 97.405 frente a los 81.156 asignados al presidente de la Junta).

Juan Vicente Herrera en su escaño de las Cortes

 Luego hemos ido sabiendo que todo eso era muy relativo. Hace poco desvelaba “El topillo” que Herrera y los otros seis consejeros que a la vez son procuradores perciben mensualmente un sueldo mensual de unos 1.400 euros abonado por el grupo parlamentario popular con cargo a la subvención que recibe de las Cortes para sus gastos de funcionamiento. A su vez también se ha conocido que los miembros de la Mesa de las Cámara, todos los cuales disponen de coche oficial para sus desplazamientos, tienen asignado un complemento mensual de 1.800 euros en concepto de gastos de transporte, plus que también cobran los portavoces titulares y adjuntos de los grupos parlamentarios.

 Ello quizá explique la resistencia de las Cortes a implantar un registro público de bienes, ingresos y actividades de todos los procuradores, una medida de obligada transparencia adoptada ya por el Congreso y el Senado. Por elemental higiene democrática dicho registro es inaplazable y no solo en las Cortes, sino en la Junta y en toda la Administración Pública. De otra forma seguiremos sin saber realmente todo lo que cobran del erario los que ejercen cargos públicos, desde el presidente Herrera al último concejal de Castilla y León. Hora es de que, al menos en esto, haya luz y taquígrafos.

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