La puerta giratoria

No es nada nuevo, pero determinadas circunstancias lo hacen especialmente lacerante. Me refiero al fichaje de Rodrigo Rato como consejero-asesor (200.000 euros del ala anuales) de la compañía Telefónica. Otra vez lo de la puerta giratoria que comunica a la elite política con las antiguas empresas públicas.

Rodrigo Rato y César Alierta

 En el caso de Rato son varios los agravantes que concurren. Dos de ellos son sobradamente conocidos. El primero es que se trata del presidente de un Consejo de Administración, el anterior de Bankia, imputado por presuntos delitos de estafa, falsificación de cuentas, maquinación para alterar el precio de las cosas, administración desleal y apropiación indebida. El segundo es que fue el ministro de Economía que impulsó el proceso de privatizaciones que incluyó la de la compañía que ahora le contrata, Telefónica, donde José María Aznar colocó a un antiguo compañero de pupitre, Juan Villalonga, quién por cierto se forró a costa a de las multimillonarias pérdidas originadas por su megalómana gestión. El tercero sería que el actual presidente de la operadora, César Alierta, fue nombrado en 1996 presidente de Tabacalera por ese mismo gobierno de Aznar y Rato.

 El último agravante que añado yo es que esta desfachatez se produce en 2013, cuarto año de una crisis social y económica sin precedentes a la que no se le ve ninguna salida a corto plazo. Todo lo cual no ha sido óbice ni cortapisa para que Alierta incorpore a Rato al alto “staff” de Telefónica. El mensaje que se desprende es demoledor: Los privilegios de determinada casta política y financiera están blindados a cualquier tipo de contingencias que sufra el común de los mortales. Andemos nosotros calientes, nos importa una higa la indignación de la gente.

Elena Salgado y Pedro Solbes

 Al tiempo que se conocía el fichaje de Rato, el barómetro del CIS volvía a dejar por los suelos la estimación de los españoles sobre la clase política. No comparto esa gran simpleza de que todos los políticos son iguales, entre otras cosas porque, de ser cierta, privaría de sentido a la democracia. Está claro que pagan justos por pecadores, pero lo que da pábulo a esa injusta generalización es ver como los mismos comportamientos viciados se reproducen tal cual en el seno de todas las fuerzas políticas.

Se cifran actualmente en mas de 300 los políticos españoles imputados en presuntos casos de corrupción, sin que la mayoría de ellos hayan abandonado sus cargos públicos. La palma se la lleva el Parlamento de la Comunidad Valenciana, en cuyos escaños se sientan 10 señorías del PP encausadas en procesos de esa naturaleza. No es extraño que, además de considerar a los políticos el tercer problema de España, tras el paro y la crisis,  el barómetro del CIS refleje la creciente preocupación ciudadana ante la “corrupción y el fraude”.

Al margen de los agravantes reseñados, lo de Rato ciertamente no es nada nuevo. Los dos ministros socialistas que le sucedieron en la vicepresidencia económica del Gobierno no han tardado mucho en utilizar la puerta giratoria y además por partida doble. Pedro Solbes fichó primero por el banco británico Barclays y mas tarde por el grupo italiano Enel, propietario del 92 por ciento de Endesa, y Elena Salgado es consejera la filial chilena de Endesa y de Abertis, la concesionaria de las principales autopistas de peajes. Rato se reencontrará en Telefónica con Eduardo Zaplana, quién encontró en la operadora un retiro dorado, el mismo que ha hallado Ángel Acebes, también imputado en Bankia, en Iberdrola. Y así podíamos seguir hasta aburrirnos, sin olvidar las sinecuras proporcionadas por Gas Natural y Endesa a Felipe González y José María Aznar, quienes además cobran religiosamente la pensión vitalicia destinada a los ex presidentes de Gobierno.



Pablo Casado

 Con toda esta ristra de ejemplos es normal que el ciudadano recele de sus políticos, que por otra parte mientras están en la vida pública recurren a todo tipo de subterfugios para camuflar parte muy sustanciosa de los ingresos que les proporciona el cargo. Tenemos así que la Asociación Democracia Real Ya ha presentado una querella por malversación pública y apropiación indebida contra 63 diputados que, siendo propietarios de una o varias viviendas en Madrid, cobran mensualmente del Congreso 1.823 euros mensuales en concepto de "indemnización" por residir supuestamente fuera de Madrid.

Entre los 63 denunciados aparecen 13 diputados (9 del PP y 4 del PSOE) elegidos en circunscripciones de Castilla y León. Y lo mas grande de todo: tres de ellos son “cuneros” es decir, sin ninguna vinculación previa con la provincia a que representan, pese a lo cual no han tenido la decencia de renunciar a dicha prebenda. Son Pablo Casado, diputado del PP por Ávila, a la vez que presidente de Nuevas Generaciones de Madrid; Pedro Ramón Gómez de la Serna, diputado del PP por Segovia, y Antonio Camacho, el ex ministro socialista de Interior que desembarcó en Zamora.

 Dicha situación ha podido conocerse gracias a la obligación que tienen los diputados de presentar en el registro de la Cámara sendas declaraciones de Bienes e Intereses que tienen carácter público. Una obligación establecida asimismo en el Senado y que sin embargo no han adoptado las Cortes de Castilla y León, donde el PP se niega en redondo a someterse a ese ejercicio de transparencia. ¿Por qué será?

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