viernes, 15 de febrero de 2013

"Solo aciertan cuando rectifican"


 En su larga etapa como jefe de la oposición,  Manuel Fraga le espetó un día a Felipe González que el gobierno socialista “solo acierta cuando rectifica”. La frase me ha venido a la memoria a la vista de las sucesivas rectificaciones que la cúpula del PP y el gobierno Rajoy han protagonizado en los últimos días. Ello no es casual ni baladí.


 Tanta autoenmienda denota el desconcierto propio de quien se ve desbordado por los acontecimientos. Constatado lo cual, el “rectificar es de sabios” que ha pronunciado María Dolores de Cospedal constituye un vano intento de hacer de la necesidad virtud. Ninguna de esas rectificaciones obedece a un cambio de criterio producto de una reflexión democrática, sino al temor de que la indignación social contra el PP acabe siendo un clamor incontenible.


¿Cómo es posible que estuvieran dispuestos a echar a la papelera el 1.402.854 firmas de ciudadanos apoyando una iniciativa legislativa popular para modificar la Ley Hipotecaria que ha llevado al desahucio a cientos de miles de españoles? Pues eso era lo que pensaba hacer el PP el pasado martes antes de cambiar súbitamente de opinión tras conocerse el suicidio de un matrimonio angustiado por ese desahucio.

 Ese mismo día Jesús Sepúlveda dejaba de ser el único trabajador español blindado contra la reforma laboral, al tiempo que el ministro Gallardón reculaba en el "tasazo" judicial y se mostraba dispuesto a revisar la legislación que posibilita indultos tan escandalosos como el apoyado por él mismo contra el conductor kamikaze que ocasionó una victima mortal. Y al día siguiente Rajoy,  perseguido por la sombra de Bárcenas, anunciaba que la Ley de Transparencia también será de aplicación a las cuentas de los partidos, que, al igual que la Casa Real, estaban inicialmente excluidos.

Gallardón y Cospedal
 Se diría que a la fuerza ahorcan y que al PP y al Gobierno no les ha quedado otro remedio que resignarse y asumir que la mayoría absoluta no constituye una patente de corso para gobernar de forma absolutista, soslayar torticeramente los controles democráticos e incumplir flagrantemente el programa con el que ganaron las elecciones. Una cosa es la mayoría absoluta en el Parlamento y otra muy distinta la mayoría social. Se olvida con suma ligereza que esa mayoría parlamentaria está sustentada sobre 11 millones de votos, que representan el 44 por ciento de los votantes, pero solo el 32 por ciento del censo electoral.

Esta momentánea cura de humildad de las rectificaciones ha sido forzada por las circunstancias, bien entendido que, tan pronto como la sociedad vuelva a relajarse, el PP volverá a las andadas tratando imponer el programa ideológico -neoliberal y privatizador en lo económico, ultraconservador en libertades individuales y derechos sociales- que ha venido guiando su hoja de ruta desde el primer minuto.

Julio Villarrubia
 En Castilla y León, la Junta y el PP no se ven sometidos a esa misma presión. No porque en esencia sigan un programa diferente -siguen el mismo, sobre todo en materia de recortes sociales y privatizaciones encubiertas-, sino porque la contestación social no alcanza la misma dimensión y la oposición política sigue sumida en la mas completa inoperancia. O peor aún, blanqueando estúpidamente la imagen de la Junta, papelón asumido por Julio Villarrubia al publicitar, encantado de conocerse, el remedo del Plan E (16 millones de euros a repartir 1.106 municipios)  financiado, para mayor inri, con una parte de lo recaudado a través de la vergonzante amnistía fiscal pactada en secreto por él con Juan Vicente Herrera.

 Aún así, la Junta se ha visto obligada a una rectificación, aunque parcial y con sordina, para minimizar los estragos ocasionados por una de sus ocurrencias. Ha sido el caso de la exoneración del “centímazo sanitario” al transporte profesional, marcha atrás con la que la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha tenido que tragarse la prepotencia exhibida en su día ante dicho el sector. Eso sí, el resto de los automovilistas seguimos pagando la gasolina mas cara de España y los gasolineros siguen jurando en arameo ante la caída de ventas provocada por el "centímazo".

Antonio Sáez, consejero de Sanidad
 Ante el evidente coste político que está suponiendo para el PP y la Junta la supresión de las guardias médicas nocturnas en 18 localidades, no descartaría yo que asistiéramos a otra marcha atrás. En Castilla La Mancha, donde la sentencia solo obligaba a restablecer el servicio en dos pueblos, Cospedal ha reculado y de momento mantiene las urgencias en todos las demás. Aquí algunas de las localidades afectadas han iniciado acciones legales y veremos que pasa.

El problema interno que le está creando al PP en provincias como Salamanca y Segovia y los pronunciamientos de determinados municipios burgaleses a favor de integrarse en La Rioja suponen un desgaste político demasiado elevado para un ahorro tan ínfimo (1.5 millones de euros en una Consejería que dispone de un Presupuesto de 3.237).
Clama al cielo que la Junta discrimine a esas poblaciones con la justificación de ese mínimo ahorro al mismo tiempo que asume que el canon anual de la sociedad concesionaria del Hospital de Burgos haya pasado de los 38 millones previstos en la adjudicación a los cerca de 71 presupuestados en 2013.