Frente a la
intensa movilización que vienen manteniendo en comunidades como Galicia, donde
el conflicto supone un problema social y político de primera magnitud,
resultaba ciertamente sorprendente la pasividad mostrada por los miles de
castellanos y leoneses -no menos de
20.000- afectados por esa presunta estafa denominada participaciones preferentes.
Todo lo más
que habían hecho aquí los damnificados era asesorarse sobre la posibilidad de
someterse a un arbitraje o acudir a los tribunales en busca de la nulidad de sus
contratos. Pero la inmensa mayoría -los más de 14.000 que suscribieron el producto con
Caja España o Caja Duero- todavía confiaban en alguna solución que les
permitiera recuperar su dinero.
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| Martinez Maillo, con la plataforma de afectados de Zamora |
Visto lo cual, los afectados han comenzado a
recorrer el camino en marcha en otras comunidades, consistente en trasladar
tanto a la calle como a los tribunales la actuación presuntamente dolosa de las
entidades de ahorro, así como la omisión de las instituciones que han permitido
que un producto financiero destinado a inversores les fuera colocado sin que
nadie les advirtiera de su alto riesgo.
Aunque la mayor concentración de
preferentistas se localiza en León, con especial incidencia en El Bierzo, han
sido los de Zamora los que han tomado la iniciativa, constituyendo una
plataforma que en muy pocas semanas ha conseguido que emerja en toda su
dimensión un problema que en Castilla y León apenas tenía visibilidad. Para
ello está siendo clave la colaboración encontrada en el presidente de la Diputación y del PP
zamorano, Fernando Martínez Maillo,
quién, siendo miembro del Consejo de Administración de Caja España, no ha dudado
en prestar todo su apoyo a los afectados, sin ahorrar críticas a la propia
entidad financiera. Aunque su postura pueda ser calificada de oportunista -o
condicionada por el hecho de que el vicepresidente segundo de la Diputación, Aurelio Tomás, sea uno de los afectados-
el hecho es que Martinez Maillo ha decidido enfrentarse al problema
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| Isabel Carrasco, con Evaristo del Canto, presidente de CEISS |
A diferencia de Caja Navarra, ellos, al no
haber pertenecido nunca a ningún órgano de las Cajas de Castilla y León, se ven
a salvo de cualquier implicación de tipo penal. Pero está por ver si puede
decirse lo mismo de la amplia nómina de políticos del PP, del PSOE, también
alguno de la UPL,
que en los últimos 10 años han poblado los Consejos de Administración de Caja
España y Caja Duero. Nómina en la que se incluyen, que yo recuerde, una actual
diputada del Congreso, dos senadores, tres procuradores, una docena de alcaldes y concejales, los dos presidentes
de Diputación citados y hasta un consejero del gobierno Herrera. Casi nada.
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| Rafael de Vega, fiscal-jefe de Zamora |
Ambas querellas coinciden con la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de abrir diligencias sobre la gestión de las preferentes de Bankia, ello a raíz de un informe de la Comisión Nacional de Mercado de Valores que reconoce que se favoreció a unos clientes en perjuicio de otros.
La plataforma de afectados por Zamora ha
tenido ya una reunión con el fiscal-jefe de la Audiencia Provincial,
Rafael de Vega, quien se ha comprometido
a abrir una investigación sobre determinadas prácticas presuntamente delictivas
en la comercialización de preferentes de Caja España, entre ellas la
suscripción del producto por un enfermo de Alzheimer y la posible falsificación
de firmas en algunos contratos. Gracias a la investigación
abierta en su día por este fiscal, Zamora es la única provincia en la que se ha
judicializado la llamada “trama solar”, pendiente de un próximo juicio con
jurado popular que sentará en el
banquillo, entre otros, al antiguo jefe del servicio territorial de Industria, José Bahamonde.
Ojo, pues, al horizonte político y
judicial del problema de las preferentes.