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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

lunes, 15 de abril de 2013

El expolio de las Cajas (XI): Emerge el marrón de las preferentes


Frente a la intensa movilización que vienen manteniendo en comunidades como Galicia, donde el conflicto supone un problema social y político de primera magnitud, resultaba ciertamente sorprendente la pasividad mostrada por los miles de castellanos y leoneses  -no menos de 20.000- afectados por esa presunta estafa denominada participaciones preferentes.
Todo lo más que habían hecho aquí los damnificados era asesorarse sobre la posibilidad de someterse a un arbitraje o acudir a los tribunales en busca de la nulidad de sus contratos. Pero la inmensa mayoría -los más de 14.000 que suscribieron el producto con Caja España o Caja Duero- todavía confiaban en alguna solución que les permitiera recuperar su dinero.


Martinez Maillo, con la plataforma de afectados de Zamora
Dicha pasividad ha concluido una vez que, conocidas las quitas fijadas por el FROB a las cajas y bancos nacionalizados, los preferentistas de España-Duero (ahora Banco CEISS) han sabido lo que les espera: perder no menos del 40  por ciento del valor de sus participaciones y canjear el importe restante por acciones del banco. Y si todavía esas acciones fueran del banco de Unicaja, tendrían valor, pero esa posibilidad está completamente descartada en la propuesta de absorción presentada por la entidad andaluza. El CEISS tiene contratados más de 400 millones de euros en participaciones preferentes y otros 600 millones en obligaciones subordinadas.

 Visto lo cual, los afectados han comenzado a recorrer el camino en marcha en otras comunidades, consistente en trasladar tanto a la calle como a los tribunales la actuación presuntamente dolosa de las entidades de ahorro, así como la omisión de las instituciones que han permitido que un producto financiero destinado a inversores les fuera colocado sin que nadie les advirtiera de su alto riesgo.

 Aunque la mayor concentración de preferentistas se localiza en León, con especial incidencia en El Bierzo, han sido los de Zamora los que han tomado la iniciativa, constituyendo una plataforma que en muy pocas semanas ha conseguido que emerja en toda su dimensión un problema que en Castilla y León apenas tenía visibilidad. Para ello está siendo clave la colaboración encontrada en el presidente de la Diputación y del PP zamorano, Fernando Martínez Maillo, quién, siendo miembro del Consejo de Administración de Caja España, no ha dudado en prestar todo su apoyo a los afectados, sin ahorrar críticas a la propia entidad financiera. Aunque su postura pueda ser calificada de oportunista -o condicionada por el hecho de que el vicepresidente segundo de la Diputación, Aurelio Tomás, sea uno de los afectados- el hecho es que Martinez Maillo ha decidido enfrentarse al problema

Isabel Carrasco, con Evaristo del Canto, presidente de CEISS
En las antípodas de su postura está la de su colega leonesa, Isabel Carrasco, presidenta igualmente de la Diputación y del PP provincial, quién hace unas semanas renunciaba a su puesto en el Consejo de Administración de Caja España-Caja Duero, desentendiéndose así tanto del problema de las preferentes, como del propio futuro del Banco CEISS, del que, hoy por hoy, la Caja fusionada sigue siendo su única accionista. Las posiciones diametralmente opuestas de Maillo y Carrasco ponen de relieve la absoluta falta de autoridad y estrategia por parte de la Junta y del PP de Castilla y León, que después de haber colocado a esos y a otros muchos cargos públicos del partido en los órganos de las Cajas, ahora resultan incapaces de dar una respuesta a la situación. Lo único que parece interesarles a Juan Vicente Herrera y a Tomás Villanueva, es que Braulio Medel (Unicaja) se haga cargo de ese zombie financiero que es el banco CEISS y les evite tener que rendir responsabilidades políticas por el fiasco.

 A diferencia de Caja Navarra, ellos, al no haber pertenecido nunca a ningún órgano de las Cajas de Castilla y León, se ven a salvo de cualquier implicación de tipo penal. Pero está por ver si puede decirse lo mismo de la amplia nómina de políticos del PP, del PSOE, también alguno de la UPL, que en los últimos 10 años han poblado los Consejos de Administración de Caja España y Caja Duero. Nómina en la que se incluyen, que yo recuerde, una actual diputada del Congreso, dos senadores, tres procuradores, una docena de alcaldes y concejales, los dos presidentes de Diputación citados y hasta un consejero del gobierno Herrera. Casi nada.

Rafael de Vega, fiscal-jefe de Zamora
 UPyD, el partido de Rosa Díez, cuya denuncia originó la imputación judicial de toda la cúpula de Bankia, acaba de presentar otra querella específica ante la Audiencia Nacional "para que la estafa de las preferentes no quede impune" en ninguna entidad financiera y para que los tribunales "castiguen a quienes las promovieron, comercializaron o miraron para otro lado sin darse por enterados". Y no es la única acción penal que se anuncia sobre las preferentes, ya que otro grupo de afectados ha anunciado otra querella criminal contra el antiguo Consejo de Administración de Caja Madrid por presunta estafa y maquinación para alterar el precio de las cosas.

  Ambas querellas coinciden con la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de abrir diligencias sobre la gestión de las preferentes de Bankia, ello a raíz de un informe de la Comisión Nacional de Mercado de Valores que reconoce que se favoreció a unos clientes en perjuicio de otros.

 La plataforma de afectados por Zamora ha tenido ya una reunión con el fiscal-jefe de la Audiencia Provincial, Rafael de Vega, quien se ha comprometido a abrir una investigación sobre determinadas prácticas presuntamente delictivas en la comercialización de preferentes de Caja España, entre ellas la suscripción del producto por un enfermo de Alzheimer y la posible falsificación de firmas en algunos contratos. Gracias a la investigación abierta en su día por este fiscal, Zamora es la única provincia en la que se ha judicializado la llamada “trama solar”, pendiente de un próximo juicio con jurado popular que sentará en el banquillo, entre otros, al antiguo jefe del servicio territorial de Industria, José Bahamonde
Ojo, pues, al horizonte político y judicial del problema de las preferentes.