Garrapatas y otros parásitos

 Resulta bien conocido que una de las lacras que ha llevado al Estado de las Autonomías a su insostenible situación financiera ha sido la proliferación de empresas, fundaciones, entes, institutos y demás chiringuitos integrantes de un llamado “sector público” que fué creciendo sin control, contribuyendo no poco al déficit y a la deuda de las comunidades autónomas. Desde el punto de vista de la gestión administrativa, la mayor parte de ese entramado no ha respondido nunca a ninguna necesidad objetiva. No tenía otro objetivo que eludir los controles presupuestarios y jurídicos de la Administración ordinaria a fín de poder contratar obras, servicios y personal de forma absolutamente discrecional, con el consiguiente despilfarro y enchufismo (cuando no directamente nepotismo).

Sede de la ADE en Arrroyo (Valladolid)

 Aunque la Junta siempre ha sostenido que Castilla y León disponía de un “sector público” bastante reducido, lo cierto es que en 2011 tuvo que reconocer un déficit de 395 millones de euros generado por ese conglomerado. Y según un informe de CECALE, su deuda al final de dicho año era de 1.123 millones. Solamente la Agencia de Desarrollo Económico (ADE) ha acumulado, antes de su fusión con Excal, mas de 400 millones de deuda.

Los planes de estabilidad presupuestaria exigidos por el ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas, así como el plan de pago a proveedores, han conllevado la obligación de reducir esa “Administración B”, como la denomina con toda propiedad la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU).

 Y la Junta tuvo la habilidad de incorporar esa obligación al famoso “Pacto de la Coronita” suscrito el pasado 10 de octubre con el PSOE, convirtiendo así a los socialistas en corresponsables de ese proceso. Pero por mucho que en ese acuerdo se hablaba de constituir un grupo de trabajo común que determinase las decisiones a tomar sobre la base de un informe financiero y de gestión, a la hora de la verdad el gobierno Herrera solo ha negociado consigo mismo la forma de meter la tijera. Buena prueba de ello fue la disconformidad pública del PSOE con alguna de las decisiones, por ejemplo el cierre de “La Casona del Pinar”.

 A falta de evaluar el resultado final de la reestructuración -el pacto contemplaba reducir su gasto corriente y de personal en un 50 por ciento- lo cierto es que el grueso de esa “Administración B” en buena medida va a sobrevivir. Y con ella la duplicidad de gasto que conlleva en beneficio del sector privado. “La duplicidad es un mal gasto que raya con las figuras penales de la prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, etc.”, opinaba el pasado lunes el portavoz de PLADEPU, Quinidio Martinez, dentro de un detallado informe publicado en “Diario de León”.

Concentración de funcionarios de la Junta en León

 En él se señala que, además de los 38 entes públicos en los que el gobierno autonómico tenía plena capacidad de decisión, la Junta tiene representación y aporta fondos a 
más de un centenar de variopintos organismos compartidos con otras administraciones y/o con el sector privado. Y que las llamadas empresas “garrapatas” -las que utilizan los medios de la Administración para realizar los trabajos adjudicados externamente- siguen campando por sus respetos, ocupando despachos y dependencias de la Junta.

 “Diario de León” menciona además algún ejemplo del gasto absolutamente superfluo que a estas alturas de los recortes sociales sigue soportando el Presupuesto de la Comunidad. Es el caso del llamado "Portal de la Meteorología de Castilla y León" integrado en la web oficial de la Junta, que ofrece, como no puede ser de otra forma, la información suministrada por la agencia estatal AEMET, a la que pertenece el Centro Meteorológico Territorial de Castilla y León. Un servicio duplicado que le cuesta a la Junta 20.828 euros anuales facturados por la empresa madrileña adjudicataria del contrato.

 

Los restos de la pasarela de Benavente

Peor es aún que, disponiendo en la Consejería de servicio geotécnico propio, Fomento haya contratado a la empresa Inzamac un informe geotécnico sobre el derrumbe de la Pasarela de los Costos, en Benavente.
 ¿Por qué se encarga fuera un trabajo que puede hacer personal de la Junta? Surge la razonable duda de si ello guarda relación con el hecho de que el presidente de la empresa privada a la que la sociedad pública Somacyl adjudicó la instalación de la pasarela resulte ser hermano del director de la Fundación Patrimonio Natural, heredada asimismo de la antigua Consejería de Medio Ambiente.  Precisamente, como consecuencia de la reestructuración del “sector público”, Somacyl, dicha Fundación y Provilsa se han fusionado en una única sociedad denominada "Infraestructuras y Servicios de Castilla y León S.A.".

 ¿Y qué decir de que mientras no cesan los recortes en la Sanidad, el SACYL sigue destinando 650.000 euros a pagar a los 43 capellanes que tiene en nómina en los 16 hospitales públicos de la comunidad? Mejor no respondo, no vaya a condenarme...

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