A falta de
cinco días para que concluya el culebrón -el plazo era el 30 de abril- el futuro
del Banco CEISS (Caja España-Caja Duero) sigue siendo una incógnita. Nadie se
atreve a pronosticar si las dos antiguas Cajas más importantes de Castilla y
León acabarán temporalmente nacionalizadas o si finalmente serán absorbidas por
la malagueña Unicaja, que lleva ya tres años tratando de quedarse con ellas a
precio de saldo.
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| Braulio Medel |
La
Junta, el PP y el PSOE de Castilla y León, responsables
políticos del fiasco financiero en el que ha devenido la fusión España-Duero, lo
último que desean es que se produzca la nacionalización. La razón es muy
sencilla: Ello certificaría el gran fracaso de su gran apuesta política por
fortalecer el “músculo financiero”. Por el contrario, si Unicaja se hace cargo
del ruinoso banco CEISS, políticamente tratarán de salvar los muebles,
vendiéndolo como si se tratara de una segunda
fusión de la que Castilla y León sale muy fortalecida. Con tal de ello la Junta se resigna a que los
restos del naufragio sean reciclados por una caja controlada por el PSOE
andaluz. Prefiere eso a que se visualice su fracaso.
Consciente de esa ansiedad política en Castilla y León, el
presidente de Unicaja, Braulio Medel, ha segujido apretando las tuercas hasta el último momento, tratando de sacar la máxima tajada. La última noticia
es que, aparte de los 600 millones fijados por Bruselas para cubrir las
necesidades de capitalización del CEISS, Medel quiere cubrirse las espaldas con
otros 400 millones adicionales de capital público. 300 de ellos tendrían
carácter preventivo ante eventuales sobrevaloraciones en los 3.137 millones de
activos de las antiguas Cajas traspasados al “banco malo”. Y los otros 100, a modo de colchón ante
el problema de las preferentes (400 millones) y obligaciones subordinadas (600)
pendiente de resolver.
En esta tesitura, la movilización emprendida
en las últimas semanas por los preferentistas de Caja España-Caja Duero -más de
14.000- ha incomodado claramente a la
Junta, que por nada del mundo quiere que se remuevan esas
aguas. “El dinero es muy miedoso y no es bueno que el banco CEISS esté sometido
por unos y por otros a tensiones que no hacen mas que entorpecer un proceso
necesario y deseado por todos”, ha dicho el consejero Portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, el mismo que entre 2003 y 2007 formó parte del Consejo de Administración de Caja Duero.
Unas palabras con las que el
gobierno de Juan Vicente Herrera se
desmarca claramente del respaldo prestado por el presidente de la Diputación y del PP de
Zamora, Fernando Martínez Maillo, a las actuaciones emprendidas por la plataforma de
afectados constituida en esa provincia. Si en una entrega anterior decíamos que
el PP de Castilla y León carecía de posición y estrategia común ante el
marrón de las preferentes, de las declaraciones de De Santiago Juárez, la mano
que mece el diván del presidente, se desprende que su postura es la de dejar correr el tiempo a la espera de que Unicaja o el FROB hereden
el problema.
Por el contrario, quien se ha visto obligado a
mover ficha ha sido el PSOE de Castilla y León, que se ha dignado a presentar
una Proposición en las Cortes solicitando “la implicación de la
Junta para analizar lo sucedido y para preparar las
soluciones adecuadas una vez que se
adopte la decisión por parte de la Comisión Europea”. No era de recibo que el
secretario autonómico de los socialistas, Julio
Villarrubia, declarara que las preferentes podían haber constituido “una
gran estafa” y al mismo tiempo su partido permaneciera de brazos cruzados ante
un problema que no es precisamente ajeno a sus propias responsabilidades.
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| Soraya Rodriguez | . |
Aparte de que las problemáticas emisiones de dicho producto financiero se
produjeron durante la etapa de gobierno de Zapatero, está la responsabilidad
(al menos “in vigilando”) de los representantes socialistas en los Consejos de
Administración de Caja España y Caja Duero, ninguno de los cuales ha ofrecido hasta ahora explicación pública.
Y aun así, la reacción del PSOE de Castilla y León se ha producido 24 horas después de que
desde la dirección federal se cayera asimismo del guindo, presentando una
denuncia ante el Fiscal General del Estado al objeto de que la fiscalía abra
una investigación de carácter general sobre el problema. “Pedimos al fiscal que actúe y abra
una investigación para que podamos conocer el alcance de los hechos, comprobar
si pueden constituir algún tipo de delito y determinar responsabilidades”. La
frase es de la portavoz en el Congreso de los Diputados, la vallisoletana Soraya
Rodriguez, quien es de suponer que conoce la forma en que Caja
España comercializó este producto financiero, hurtando deliberadamente
información relevante tanto a los clientes como al propio Consejo de
Administración de la entidad.
Aunque sea con mucho retraso y a la rastra, los socialistas por fín comparecen en el problema de las preferentes. Ya les ha costado.
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