A falta de una oposición sólida que frene los
excesos de un gobierno que lleva más de dos décadas instalado en la mayoría
absoluta, el poder judicial sigue siendo en la práctica el único contrapeso que
impide a la Junta de Castilla y León hacer y deshacer a su antojo. Y más a
partir de ahora, en que se acaba de perpetrar una ley que restringe la
autonomía de las instituciones de la comunidad formalmente encargadas de
dictaminar o fiscalizar al gobierno autonómico.
No
hace mucho, con ocasión de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que
anulaba la licencia con la que se estaba construyendo la Cúpula de la Energía,
el edificio-engendro de la fantasmal Ciudad del Medio Ambiente, en un pleno de
las Cortes se le reprochaban a Juan
Vicente Herrera los continuos
reveses judiciales de su gobierno, resultado de la ligereza con la que suele
bordear la legalidad, cuando no de desafiarla con pasmosa temeridad. Y Herrera,
confundiendo deliberadamente Gobierno y Administración, echó mano de una
estadística según la cual el “índice de ligitiosidad” de la Junta de Castilla y
León está por debajo de la media nacional.
 |
| Herrera y Clemente |
No recuperada aún del varapalo del TSJ a la
Cúpula de la Energía, el último revolcón judicial es especialmente grave, tanto
por proceder del Tribunal Constitucional como por presagiar futuros reveses
sobre iniciativas de la Junta promovidas siguiendo idéntico procedimiento al
desautorizado por el Alto Tribunal en el caso de la planta de residuos
industriales de Santovenia de Pisuerga.
En
el año 2002, a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo que declardo dicha
planta ilegal por carecer de licencia municipal, algún avispado asesor encontró
la fórmula mágica para legalizar dicha instalación. Consistía en aprobar una
ley “ad hoc” declarando la planta de “interés regional”, declaración
sobrevenida que la eximía del requisito de disponer de licencia municipal. Y
así se hizo dejando al ayuntamiento, al movimiento vecinal y ecologista y a la
oposición política con un palmo de narices.
 |
| Ruiz entre Arranz y Jiménez, ahora miembros del equipo Silván |
Instado
por los ayuntamientos chuleados y por el movimiento ecologista, el PSOE se
rebeló contra dicha estratagema legislativa, calificándola de atajo legal que
bordeaba el fraude de ley. De suerte que activó a través de sus parlamentarios
nacionales recursos de inconstitucionalidad contra las leyes promovidas por el
PP para dar cobertura legal a la planta de Santovenia, el vertedero de
Gomecello y la Ciudad del Medio Ambiente.
La contradicción socialista vino más tarde, en 2010, cuando apoyó en las Cortes la ley promovida por la Junta para legalizar Meseta Sky, la pista sintética de esquí promovida por la Diputación de Valladolid en el municipio de Tordesillas sobre la que pesaban una docena de sentencias judiciales contrarias por vulnerar la legislación medioambiental tanto estatal como autonómica.
 |
| Los promotores de Meseta Sky en visita a la instalación |
Ajeno sin embargo a esta componenda regional, el gobierno Zapatero recurrió esa ley ante el Constitucional, que anuló la legalización sobrevenida aprobada por las Cortes. Y ahí está muerta de risa la pista, en la que la Diputación presidida por Ramiro Ruiz Medrano invirtió 12 millones de euros, sin que nadie haya asumido ninguna responsabilidad política por el desaguisado.
Como
he apuntado antes, la sentencia que vuelve a “ilegalizar” la planta de
Santovenia trasciende a este caso concreto. Si el Tribunal Constitucional es
consecuente con su propia doctrina, las leyes “ad hoc” promovidas para sacar
adelante el vertedero de Gomecello y la Ciudad del Medio Ambiente están
abocadas a ser declaradas igualmente inconstitucionales. Y la Junta deberá de
abstenerse, so pena de incurrir a sabiendas en fraude de ley, de volver a
utilizar el subterfugio del “interés regional” para sacar adelante proyectos
que colisionan con la legislación medioambiental, como es el caso de la
estación invernal de San Glorio.
 |
| Silván, De Santiago-Juarez y Carriedo en divertida charla |
La herencia recibida por Antonio Silván de sus compañeros de
inmueble en la calle Rigoberto Cortejoso es para arruinar a cualquiera.