Datos personales

Mi foto

Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

jueves, 13 de junio de 2013

El contrapeso judicial

 A falta de una oposición sólida que frene los excesos de un gobierno que lleva más de dos décadas instalado en la mayoría absoluta, el poder judicial sigue siendo en la práctica el único contrapeso que impide a la Junta de Castilla y León hacer y deshacer a su antojo. Y más a partir de ahora, en que se acaba de perpetrar una ley que restringe la autonomía de las instituciones de la comunidad formalmente encargadas de dictaminar o fiscalizar al gobierno autonómico.


No hace mucho, con ocasión de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anulaba la licencia con la que se estaba construyendo la Cúpula de la Energía, el edificio-engendro de la fantasmal Ciudad del Medio Ambiente, en un pleno de las Cortes se le reprochaban a Juan Vicente Herrera los continuos reveses judiciales de su gobierno, resultado de la ligereza con la que suele bordear la legalidad, cuando no de desafiarla con pasmosa temeridad. Y Herrera, confundiendo deliberadamente Gobierno y Administración, echó mano de una estadística según la cual el “índice de ligitiosidad” de la Junta de Castilla y León está por debajo de la media nacional.

 Herrera y Clemente
La verdad es que cuesta creer que haya otra comunidad autónoma que sufra tantos y tan contundentes revolcones judiciales como los que recibe la Junta. Y estoy hablando de actuaciones y decisiones de gobierno, adoptadas con criterio político, no de meros actos administrativos. No hay consejería que no tropiece cada dos por tres con los tribunales, pero si hay una que se lleva la palma esa es la de Medio Ambiente, fusionada al comienzo de esta legislatura con la de Fomento.

  No recuperada aún del varapalo del TSJ a la Cúpula de la Energía, el último revolcón judicial es especialmente grave, tanto por proceder del Tribunal Constitucional como por presagiar futuros reveses sobre iniciativas de la Junta promovidas siguiendo idéntico procedimiento al desautorizado por el Alto Tribunal en el caso de la planta de residuos industriales de Santovenia de Pisuerga.

En el año 2002, a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo que declardo dicha planta ilegal por carecer de licencia municipal, algún avispado asesor encontró la fórmula mágica para legalizar dicha instalación. Consistía en aprobar una ley “ad hoc” declarando la planta de “interés regional”, declaración sobrevenida que la eximía del requisito de disponer de licencia municipal. Y así se hizo dejando al ayuntamiento, al movimiento vecinal y ecologista y a la oposición política con un palmo de narices.

Ruiz entre Arranz y Jiménez, ahora miembros del equipo Silván
Lo grave es que, establecido el precedente, la consejería de Medio Ambiente recurrió al mismo subterfugio para sortear la oposición municipal surgida ante proyectos similares, como sucedió con los vertederos de Gomecello (Salamanca) y Fresno de la Ribera (Zamora). Y la misma argucia legislativa fue aplicada para sacar adelante la Ciudad del Medio Ambiente, a la que se oponía el ayuntamiento de Soria. Al socaire de ese pretendido “interés regional” la Junta, valiéndose de la mayoría absoluta del PP en las Cortes, disponía de barra libre para dotar de legalidad a cuantos proyectos le vinieran en gana, dejando fuera de juego a los ayuntamientos de turno y sin efecto del derecho a la tutela judicial efectiva. Bastaba con aprobar la correspondiente ley “ad hoc” y a otra cosa.

 Instado por los ayuntamientos chuleados y por el movimiento ecologista, el PSOE se rebeló contra dicha estratagema legislativa, calificándola de atajo legal que bordeaba el fraude de ley. De suerte que activó a través de sus parlamentarios nacionales recursos de inconstitucionalidad contra las leyes promovidas por el PP para dar cobertura legal a la planta de Santovenia, el vertedero de Gomecello y la Ciudad del Medio Ambiente.

La contradicción socialista vino más tarde, en 2010, cuando apoyó en las Cortes la ley promovida por la Junta para legalizar Meseta Sky, la pista sintética de esquí promovida por la Diputación de Valladolid en el municipio de Tordesillas sobre la que pesaban una docena de sentencias judiciales contrarias por vulnerar la legislación medioambiental tanto estatal como autonómica.

Los promotores de Meseta Sky en visita a la instalación
Se daba la circunstancia de que dicho proyecto databa del gobierno municipal del ex alcalde Emilio Álvarez, actual senador del PSOE, y había contado con el apoyo del grupo socialista de la Diputación. 
Ajeno sin embargo a esta componenda regional, el gobierno Zapatero recurrió esa ley ante el Constitucional, que anuló la legalización sobrevenida aprobada por las Cortes. Y ahí está muerta de risa la pista, en la que la Diputación presidida por Ramiro Ruiz Medrano invirtió 12 millones de euros, sin que nadie haya asumido ninguna responsabilidad política por el desaguisado.

 Como he apuntado antes, la sentencia que vuelve a “ilegalizar” la planta de Santovenia trasciende a este caso concreto. Si el Tribunal Constitucional es consecuente con su propia doctrina, las leyes “ad hoc” promovidas para sacar adelante el vertedero de Gomecello y la Ciudad del Medio Ambiente están abocadas a ser declaradas igualmente inconstitucionales. Y la Junta deberá de abstenerse, so pena de incurrir a sabiendas en fraude de ley, de volver a utilizar el subterfugio del “interés regional” para sacar adelante proyectos que colisionan con la legislación medioambiental, como es el caso de la estación invernal de San Glorio.

Silván, De Santiago-Juarez y Carriedo en divertida charla
Es lo que tiene lo de llevar gobernando la comunidad durante más de 26: Que por extremadamente lenta que sea la maquinaria judicial, las sentencias llegan mientras los gobernantes “condenados”  siguen en el ejercicio del poder. En 2002 ya presidía la Junta Herrera y Silvia Clemente era consejera de Medio Ambiente. Después de ella pasaron por la consejería la actual senadora autonómica María Jesús Ruíz, el ahora portavoz del grupo popular, Carlos Fernández Carriedo, y nuevamente Ruíz, quién dispuso de una segunda etapa para seguir intentando o perpetrando todo tipo de tropelías medioambientales (no olvidemos tampoco el caso de Las Navas del Marqués, del que se salvó como se salvó y por el que sigue imputado, entre otros, el actual director general de Medio Natural, José Ángel Arranz). 

La herencia recibida por Antonio Silván de sus compañeros de inmueble en la calle Rigoberto Cortejoso es para arruinar a cualquiera.